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Las transacciones minoristas en la región crecieron un 125% en el último año.
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El 95% de los flujos hacia entidades sancionadas se mueve a través de stablecoins.
La realidad financiera de Venezuela dejó de ser una historia de papel moneda para transformarse en una de códigos y wallets digitales para el uso de criptomonedas. Esta transición define el papel de los activos digitales en el país, donde ya son parte de una infraestructura de supervivencia económica, según los datos del proveedor de herramientas de análisis on-chain TRM Labs.
El informe What Latin America’s Crypto Surge Means for Compliance Teams (qué significa el auge de las criptomonedas en Latinoamérica para los equipos de cumplimiento normativo), publicado este 6 de abril de 2026, sitúa a la nación en el puesto 11 de su Índice Global de Adopción, un ascenso notable frente al año anterior, que refleja un dinamismo regional sin precedentes.
El análisis destaca cómo el ecosistema latinoamericano pasó de ser una promesa a un mercado de alto volumen, donde el crecimiento de las transacciones minoristas superó el 125% en el último año. Esto ha sido impulsado por una mezcla de escasez de divisas y una infraestructura bancaria que no logra cubrir la demanda de agilidad de sus ciudadanos.
Es en este marco de expansión acelerada donde la precisión de las cifras cobra relevancia. Aunque firmas como Chainalysis también ponderan la adopción según el poder adquisitivo, situando a Venezuela en el puesto 18 global bajo su propia métrica, el valor del análisis de TRM Labs radica en su metodología de «peso específico».
Al contrastar los flujos directamente con el tamaño de la economía real, el informe logra visibilizar cómo los activos digitales engranan en el día a día de una nación con una operatividad financiera excepcionalmente alta.
USDT en la búsqueda de refugio digital
Para comprender la magnitud de este fenómeno, es necesario posar la mirada en las stablecoins. En Venezuela y el resto de la región, estas monedas vinculadas al dólar son el motor de una economía que busca alternativas ante una aritmética cruda.
Esto proviene del hecho de que el bolívar se depreció aproximadamente un 750% en el mercado informal durante 2025. Esta fuerte depreciación aceleró la dolarización de la economía venezolana a través de criptomonedas, especialmente stablecoins como USDT de Tether, que se utiliza hoy para pagos cotidianos y envío de remesas, tal como lo apunta el informe, coincidiendo con lo reportado por CriptoNoticias.
Sin embargo, el informe resalta que este dinamismo también plantea desafíos de integridad, dado que las stablecoins representan hoy el 95% de los flujos que reciben las entidades sancionadas en todo el mundo. Este dato sitúa la actividad regional bajo el microscopio de los organismos de cumplimiento global, justo en un momento en que Venezuela atraviesa un complejo proceso de alivio de sanciones internacionales.
En un contexto de sanciones persistentes, el rastreo de las stablecoins puede funcionar simultáneamente como mecanismo de pagos y como fuente de información para reguladores y empresas de cumplimiento, según análisis de firmas como Elliptic.
Stablecoins, un movimiento de escala continental
Este comportamiento sitúa a Venezuela a la vanguardia de un fenómeno que recorre todo el continente, con Brasil ocupando ya el quinto puesto global y países como Argentina, México y Colombia consolidándose en el top 25.
La escala de este movimiento es monumental. Según el informe de TRM Labs, las stablecoins representaron el 30% de todo el volumen de transacciones on-chain a nivel global y alcanzaron más de 4 billones de dólares en volumen de transacciones durante los primeros siete meses de 2025, un aumento del 83% respecto al mismo período de 2024. Esta magnitud que obliga a las autoridades monetarias a reconocer el cambio de paradigma.
Gabriel Galípolo, actual presidente del Banco Central de Brasil, valida esta tendencia al señalar que casi la totalidad del crecimiento de activos digitales en su país se vincula a las stablecoins. Con ello, deja claro que el usuario promedio busca acceso a una moneda similar al dólar digital que el sistema financiero local no siempre puede garantizar de forma eficiente.
La encrucijada regulatoria en Latinoamérica
No obstante, esta digitalización acelerada está forzando a los gobiernos a introducirse en una carrera regulatoria para mitigar riesgos de lavado de dinero. En ese sentido, Brasil implementó este febrero de 2026 regímenes de autorización obligatorios para proveedores de servicios virtuales. Venezuela, por su parte, navega estas aguas en un contexto de reestructuración de su ente regulador, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Mientras tanto, en Venezuela coexisten plataformas domésticas toleradas por el gobierno con rails informales peer-to-peer (P2P). En efecto, el país tiene un entorno regulatorio fragmentado tras la reestructuración de su principal regulador, lo que deja brechas de supervisión en una economía con acceso limitado a la banca tradicional, según el informe.
Al final del día, la adopción de criptoactivos en América Latina se presenta como una realidad de doble vía: por un lado, funciona como una herramienta de inclusión y protección frente a la inflación para millones de ciudadanos; por el otro, constituye un complejo rompecabezas de seguridad para la arquitectura financiera internacional.
Lo que las cifras de 2026 dejan en claro es que, mientras persista la inestabilidad macroeconómica y las brechas en el acceso bancario, la «criptonización» de la región difícilmente será una fase pasajera, consolidándose como el nuevo lenguaje del dinero en un mercado que dejó de esperar por soluciones convencionales.
