La regulación de las criptomonedas en Venezuela debe incluir a la IA: Edgar Rengifo

El andamiaje jurídico que regula los activos digitales en Venezuela se encuentra en el centro del debate público, con diversos sectores planteando la necesidad de actualizar las normativas vigentes. No obstante, las visiones sobre el rumbo que debe tomar esta regulación difieren entre la expansión tecnológica flexible y la urgencia de eliminar las trabas burocráticas que frenan al sector financiero tecnológico.

Durante el evento educativo Startup Cripto, celebrado en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), Edgar Rengifo, secretario de Economía Digital de la gobernación del estado Miranda, conversó en exclusiva con CriptoNoticias.

El funcionario planteó que la legislación venezolana no requiere una reforma restrictiva, sino una ampliación horizontal que incorpore tendencias emergentes, como la Inteligencia Artificial (IA) y la ciberseguridad.

Tenemos un andamiaje jurídico innovador, pionero y de vanguardia a nivel mundial. Sin embargo, creo que con la Inteligencia Artificial (IA) y otras aristas que se abren, el ecosistema ya no debe verse bajo un panorama estrictamente de criptomonedas o criptoactivos. Debemos ver cómo otras expresiones alimentan el imaginario social y consustancian este esfuerzo. Más que reformar la legislación, yo diría ampliarla a otras ramas de acción. Así como el Ministerio de Ciencia creó un código de ética sobre el uso de la IA, podríamos ir estableciendo pilares —no camisas de fuerza— para decirle a la sociedad que el Estado apoya estos proceso.

Edgar Rengifo.

Para el representante regional, el enfoque regulatorio moderno debe trascender la simple fiscalización de transacciones financieras y abarcar la infraestructura tecnológica global que sostiene la economía digital actual. Esto incluye de forma directa a los proveedores de ciberseguridad, la instalación de centros de datos de última generación y los desarrolladores de sistemas automatizados.

Efectivamente, en Venezuela hay toda una estructura jurídica que habilita y legaliza la utilización de criptomonedas, así como la ejecución de actividades conexas a estos activos. Se trata del Decreto Constituyente del Sistema Integral de Criptoactivos, aprobado en 2018. Aunque pionero en la región, se trata de un marco regulatorio «extremadamente restrictivo y rígido» que «impide el desarrollo» del sector, según advertencias de analistas como Asdrúbal Oliveros.

Un cambio orgánico en el consumidor venezolano

La necesidad de adecuar las normativas responde a un cambio orgánico en el comportamiento del consumidor venezolano. El uso de canales digitales para procesar pagos no es un fenómeno reciente en el país, sino una realidad consolidada por las circunstancias macroeconómicas y la búsqueda de eficiencia por parte de la ciudadanía.

Rengifo comparó el escenario actual del mercado de los activos digitales con hitos previos de la infraestructura financiera local, destacando la velocidad con la que la población asimila las herramientas tecnológicas cuando estas resuelven problemas cotidianos de liquidez y transferencia de valor.

«La alfabetización en la economía digital es un elemento clave. Nosotros siempre recordamos como anécdota la adopción del pago móvil por la sociedad venezolana. Fue un momento maravilloso porque constituyó una innovación de mucho impacto social. Hoy en día, más del 96% de las transacciones en el país se realizan mediante herramientas digitales, siendo el pago móvil el protagonista», detalló el secretario.

A diferencia de los primeros años de implementación de los sistemas locales de pago móvil, el funcionario observa que los activos digitales cuentan hoy con una base de usuarios con mayor conocimiento técnico, lo que reduce las barreras de entrada.

No obstante, considera indispensable que las instituciones del Estado mantengan una participación activa en la divulgación técnica para consolidar la confianza en los instrumentos financieros basados en cadenas de bloques.

«En aquel momento, como ahora, había mucha incertidumbre con el lanzamiento de estas herramientas. Con el tema cripto ya hay menos incertidumbre, pero hace falta que la educación sea un elemento permanente y sostenido. Las instituciones públicas nos debemos a la formación de la ciudadanía, y debemos abrir cada vez más espacios para que la agenda formativa sea permanente en beneficio de las personas», sostuvo Rengifo.

Orientado a eso, dice el funcionario, la gobernación se ha extendido a lo largo de los 21 municipios del estado Miranda para formar sobre criptomonedas y economía digital a sectores vulnerables a la exclusión financiera, comunidades universitarias y trabajadores independientes o freelancers que perciben ingresos desde el exterior.

A su juicio, el auge en el uso de criptomonedas estables como USDT, que guarda paridad con el dólar estadounidense, ha dinamizado el comercio y el envío de remesas familiares, forzando una evolución en la supervisión estatal.

«Como ya dicen las estadísticas, la adopción en Venezuela y el envío de remesas por parte de familiares en el extranjero han establecido una comunidad sobre los hechos. Quizás hace falta acelerar más la gobernanza en función de cómo va avanzando la sociedad, adoptando normas y estrechando esfuerzos para ayudarnos a constituir un ecosistema más robusto que favorezca a la comunidad», explicó el funcionario.

De las zonas urbanas al sector agrícola tradicional

El comportamiento del mercado de las monedas digitales en la región de Miranda muestra asimetrías geográficas marcadas principalmente por el acceso a los servicios de conectividad a internet.

Rengifo detalló que, mientras que los centros urbanos y las zonas residenciales de los Altos Mirandinos y el eje Guarenas-Guatire muestran una integración comercial avanzada de estos activos, el sector rural tradicional ha mantenido una dependencia histórica de las transacciones con dinero en efectivo.

Sin embargo, los programas de asistencia técnica estatal han comenzado a penetrar en sectores productivos tradicionales, como la producción de materias primas agrícolas. Rengifo citó casos específicos donde los productores locales de cacao —que es materia prima de exportación— están incorporando wallets de criptomonedas para resguardar el valor de su trabajo y simplificar sus cadenas de suministro.

«Hemos tenido vinculación con la Corporación del Cacao de Barlovento y la Corporación del Cacao en Miranda, que tiene alcance ministerial. Parte del equipo de la secretaría ha venido desarrollando un despliegue para formar a los productores agrícolas en el área de las criptomonedas. También tenemos el caso de una floricultora que está próxima a adoptar las criptomonedas como herramienta de cobro para su actividad de producción y venta de flores», reveló el funcionario.

Esta expansión hacia la base de la pirámide productiva busca dotar de herramientas de inversión alternativas a los pequeños empresarios. Según el funcionario, la agenda semanal de la secretaría incluye talleres que vinculan el mercado de valores tradicional con los ecosistemas de activos digitales y las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial.

El debate legislativo y los pilares normativos

La visión de expandir el marco legal coincide con el desarrollo de mesas de trabajo técnicas en el seno del Poder Legislativo nacional. La Subcomisión de Innovación de la Asamblea Nacional (AN), bajo la dirección del diputado Genkerve Tovar, inició formalmente un proceso de evaluación de las propuestas consignadas por diversas organizaciones de la sociedad civil y usuarios del ecosistema.

Según las declaraciones ofrecidas por Tovar a este medio durante el mismo encuentro universitario, la iniciativa legislativa surge directamente del interés de comunidades de jóvenes especializados en finanzas digitales y desarrollo tecnológico.

Rengifo confirmó que el parlamento mantiene en su agenda de discusión leyes pendientes vinculadas de forma directa al comercio electrónico y la economía digital, donde los activos digitales tendrán un rol protagónico para garantizar la interoperabilidad de las plataformas financieras nacionales.

«Las criptomonedas van a estar allí. La interoperabilidad financiera, tecnológica y del sujeto formado nos llevará a que el ecosistema crezca a una velocidad vertiginosa. Hace falta dinamizar ese marco para que se dé con la fuerza necesaria», sentenció Rengifo.

A pesar del optimismo de Rengifo y de las iniciativas para ampliar y reformar la regulación vigente en Venezuela, es necesario considerar que, en la práctica, el decreto aprobado hace siete años hoy no es más que papel impreso.

Esto debido que el ente que vela por la norma, la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip), va para tres años en un proceso de reestructuración y, aunque se mantiene activa, está a puertas cerradas, generando un ambiente de incertidumbre en el sector.

Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en la vigilancia activa de los mineros de Bitcoin. Es que, aun cuando la normativa local establece la legalidad de la actividad minera, actualmente en Venezuela no se puede minar. Está vetada la actividad y se castiga hasta con cárcel a quien opere granjas mineras.

Más allá, desde enero hasta la fecha, al menos 4.300 mineros han sido confiscados por las autoridades. Y el argumento del Estado para esto son las dificultades con el tema eléctrico.

De manera que la resolución de esta encrucijada legal definirá el rumbo de la economía digital en Venezuela. Si las autoridades logran estructurar una ampliación flexible que unifique los activos digitales con los avances de la IA y simplifique la burocracia sin forzar conversiones monetarias restrictivas, el país podría consolidar un entorno propicio para la atracción de capital tecnológico y el fortalecimiento de sus sectores productivos básicos

Por el contrario, mantener la rigidez operativa, limitar las reformas a un enfoque punitivo e hiperregulado, o mantenerse en incertidumbre e inacción; profundizará la brecha entre la adopción natural de los ciudadanos y la legalidad formal, empujando la innovación local hacia la informalidad y restándole competitividad frente al dinámico mercado internacional.