Ley Bitcoin: El Salvador quedaría atrapado en el reglamento del GAFI

El entusiasmo de muchos en torno a la Ley Bitcoin, que da curso legal a la criptomoneda en El Salvador, contrasta con la desconfianza de los organismos reguladores. Uno de ellos es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que periódicamente emite recomendaciones a sus países miembros sobre las acciones a tomar para evitar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

CriptoNoticias ha reportado numerosas sugerencias del GAFI con relación a los criptoactivos. En resumen, esta coalición considera que, por facilitar la transmisión de dinero por fuera del sistema bancario, su uso y la industria en torno a las criptomonedas debe estar bajo regulaciones estrictas y cada participante (direcciones de monederos) debería poder ser identificado por la autoridad estatal.

Dicho esto, resulta fácil comprender por qué estudiosos del derecho internacional, consideran que la Ley Bitcoin de El Salvador, quedará atrapada en el reglamento del GAFI. Eso convertiría al país centroamericano en blanco de potenciales sanciones.

Un estudio sobre el tema fue realizado por el economista Steve Hanke, con la colaboración de los estudiantes Nicholas Hanlon y Parth Thakkar. Los especialistas indican allí que, «si la Ley Bitcoin se implementa realmente, los bancos, comerciantes y clientes salvadoreños cruzarán espadas con los reguladores del GAFI».

Críticas a la Ley Bitcoin de El Salvador

Antes de hacer referencia al GAFI y sus regulaciones, Hanke y sus colaboradores dejan en claro su posición personal: «la Ley Bitcoin es innecesaria». Para el economista, «la dolarización funciona a las mil maravillas». Sustenta esta afirmación con una encuesta de la Cámara de Comercio de El Salvador, en la que el 92% de 1.600 encuestados dijo que no está de acuerdo con que la aceptación de bitcoin (BTC) sea obligatoria.

El especialista en ciencias económicas critica que bitcoin sea de curso forzoso porque eso, según dice, «restringirá la libertad de elección de los salvadoreños en el uso de divisas».

Vale aclarar que, tal como este medio ha reportado, el comerciante salvadoreño que reciba pagos en BTC podrá convertirlo en dólares de manera instantánea. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores, que podrán elegir en cuál de las dos monedas desean recibir su salario.

Otra crítica que hace Hanke es sobre la recepción de remesas, que es uno de los puntos por los que el presidente Nayib Bukele considera importante la Ley Bitcoin. De acuerdo con datos del Banco Mundial, los ingresos por remesas constituyen casi el 25% del PIB salvadoreño.

«El costo de enviar remesas a El Salvador es uno de los más bajos del mundo y el más bajo de América Latina, con un costo promedio de transferencia de remesas de 2,85%», dice el informe, para luego añadir que ese monto «es mucho más bajo que el costo de recibir bitcoins».

Este equipo investigador de la Universidad Johns Hopkins, de los Estados Unidos, parece ignorar la existencia de la red Lightning de Bitcoin, que en El Salvador es ampliamente utilizada para la recepción de remesas a través de la aplicación Strike. Las comisiones en esta segunda capa de Bitcoin son, en ocasiones, inferiores a un centavo, y mucho menores al 2,85% del sistema basado en dinero fíat.

Ley Bitcoin: posibles consecuencias negativas para El Salvador

Tras dejar en claro su postura personal de desaprobación a la Ley Bitcoin de El Salvador, los autores del estudio aquí reportado proceden a detallar las posibles consecuencias negativas que la nación centroamericana sufriría cuando BTC comience a ser utilizado como dinero de curso legal.

Es importante destacar que habrá enormes consecuencias negativas no deseadas asociadas con la implementación de la Ley Bitcoin. Se visitarán bancos, instituciones financieras, empresas salvadoreñas y, quizás, al Gobierno mismo. Probablemente recibirán una señal de alerta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que probablemente resultará en sanciones.

Steve Hanke, Nicholas Hanlon, y Parth Thakkar, investigadores de la Universidad Johns Hopkins.

La rama latinoamericana del GAFI, el GAFILAT, se define a sí misma como «una organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte». Según informa su sitio web, «el GAFILAT fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».

Agrega la página institucional que esta organización «requiere que todos los países estén alineados en la misma dirección», con el fin de que «la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sea eficaz».

Específicamente sobre criptomonedas, el GAFI ha elaborado el documento «Indicadores de bandera roja para activos virtuales» que, junto con la «Guía de recomendaciones del GAFI», son las fuentes en las que se basa el estudio de Hanke.

Para los investigadores, el accionar que resulte como consecuencia de la Ley Bitcoin en El Salvador incumplirá, al menos, 27 recomendaciones del GAFI. Antes de mencionarlos, Hanke y su equipo reiteran su incomprensión sobre los fundamentos de esta ley, ya que, según explican «en la actualidad, El Salvador y su régimen monetario dolarizado están tan limpios como los dientes de un sabueso».

1º bandera roja: incumplimiento de políticas «conozca a su cliente»

Para facilitar el análisis, los estudiosos dividen los comportamientos incompatibles con los deseos del GAFI en tres áreas. La primera de ellas es «Comportamientos de bandera roja relacionados con el cumplimiento de las políticas de «conozca a su cliente» [KYC, por sus siglas en inglés]».

El GAFI levanta señales de alerta (o «banderas rojas») cuando se efectúan transacciones con criptomonedas sin un debido proceso KYC. Este implica el conocimiento de la identidad de cada una de las partes que intervienen en la operación, lo que suele demostrarse con un documento emitido por el Estado que acredite datos personales.

También, cuando se utiliza bitcoin u otros activos digitales, el GAFI establece que es necesario poder demostrar el origen de los fondos y la relación que existe entre las partes. Los dos requisitos hasta aquí mencionados serían poco prácticos de llevar a cabo para transacciones pequeñas, como es el comercio minorista o la transferencia de BTC, por ejemplo, entre familiares.

Debe tenerse en cuenta que el Gobierno salvadoreño brinda la posibilidad (aunque no la obligación) de utilizar un monedero oficial: Chivo Wallet. Este es un monedero custodial de bitcoin (es decir, que no les brinda a sus usuarios las llaves privadas) que requiere un registro previo para utilizarlo y asocia la dirección de BTC con una identidad específica.

Con Chivo Wallet el Estado podría tener acceso al registro de transacciones de cada usuario. Eso facilitaría el cumplimiento de los estándares regulatorios internacionales, aún más que con el uso de dinero en efectivo, hecho que no es mencionado en el estudio de Hanke.

De hecho, un estudio de 2019, realizado por la compañía Messari, mostraba que el dinero fíat era utilizado 800 veces más que las criptomonedas para efectuar lavado de dinero.

2º bandera roja: tamaño, frecuencia y patrones ilícitos en transacciones con bitcoin

La segunda área en la que Steve Hanke y su equipo ven posibles incumplimientos a las recomendaciones del GAFI es en las normas relacionadas con «el tamaño, la frecuencia y otros patrones ilícitos de las transacciones con activos virtuales».

CriptoNoticias publicó, meses atrás, un artículo intitulado «Si haces estas cosas con Bitcoin y criptomonedas podrías ser un delincuente, según el GAFI». Allí se menciona que se levanta una bandera roja cuando, por ejemplo, alguien estructura o fragmenta una transacción con criptomonedas en muchas transacciones más pequeñas.

También es visto como algo sospechoso «el realizar múltiples transacciones de alto valor en una sucesión corta, por ejemplo, dentro de un período de 24 horas».

Por algún motivo que no es especificado, el GAFI también considera sospechoso el uso de cajeros automáticos de BTC que cobren altas comisiones. Así que, si alguno de los 1.500 cajeros que pretenden instalar en El Salvador pide una comisión elevada por sus servicios, sus usuarios podrían quedar identificados y ser investigados por el asunto.

¿Qué pasaría si un salvadoreño quiere enviar todos los bitcoins que tiene en su Chivo Wallet a otra dirección? Según el GAFI, se levanta una señal de alerta si «un nuevo usuario intenta negociar el saldo completo de activos virtuales o los retira e intenta enviar todo el saldo fuera de la plataforma».

3º bandera roja: exposición a actividades delictivas con bitcoin

La tercera área en la que los economistas clasifican las disposiciones del GAFI relacionadas con bitcoin y aplicables a El Salvador son «comportamientos de bandera roja relacionados con la exposición a actividades delictivas».

¿Eres salvadoreño y recibes remesas directamente a tu dirección de bitcoin no registrada? Según el GAFI, activarás una bandera roja debido «al uso de monederos de hardware o de papel descentralizadas para transportar activos virtuales a través de las fronteras».

También podrías ser sospechoso si recibes o envías BTC a «direcciones IP no confiables, direcciones IP de jurisdicciones sancionadas o direcciones IP previamente marcadas como sospechosas».

Incluso la edad del usuario es tenida en cuenta a la hora de señalar a alguien como potencial delincuente. Señala el GAFI que, si «un cliente significativamente mayor que la edad promedio de los usuarios de la plataforma abre una cuenta y realiza un gran número de transacciones», eso «sugiere su papel potencial como una mula de dinero mediante activos virtuales o una víctima de la explotación financiera de los ancianos».

¿Qué pasa si El Salvador no sigue las recomendaciones del GAFI?

Las disposiciones del Grupo de Acción Financiera no tienen carácter normativo, sino que, como se ha dicho, son recomendaciones. Cada Estado miembro del GAFI debe darse a la tarea de adaptarlas a su sistema legislativo para darles cumplimiento de la mejor manera posible. En caso de incumplimiento, el GAFI puede poner al país sancionado en una lista gris o negra, dependiendo de cuánto se haya alejado del camino marcado por el regulador.

Explica Steve Hanke: «los países de la lista negra tienen importantes deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo».

Cuando una nación es incluida en la lista negra, el GAFI emite un «llamado a la acción», instando a las más de 200 naciones afiliadas al GAFI a aplicar una diligencia debida mejorada y a aplicar contramedidas como sanciones. Tenga en cuenta que los países miembros de la lista gris pueden ser sancionados por los países miembros del GAFI incluso si el GAFI no ha emitido un llamado a la acción.

Steve Hanke, Nicholas Hanlon, y Parth Thakkar, investigadores de la Universidad Johns Hopkins.

A modo de observación final de su informe, Henke dice que «la Ley Bitcoin de El Salvador promete muchas sorpresas, consecuencias no deseadas y costos que no se han considerado». El economista reitera su convicción de que la ley no escapará a las regulaciones internacionales y añade que «lo último que necesita El Salvador es una señalización del GAFI».

Debe reconocerse que, hasta el momento, el Gobierno salvadoreño ha mostrado buena disposición para el diálogo con organismos financieros internacionales. A mediados de junio se solicitó la asistencia técnica de el Banco Mundial para la implementación de la Ley, aunque el pedido fue rechazado.

También, El Salvador parece estar decidido a mantener un trato cordial con el Fondo Monetario Internacional (FMI) aunque este organismo, al igual que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se haya expresado negativamente sobre la Ley Bitcoin.

La Ley Bitcoin sí ha logrado el visto bueno del Banco Centroamericano de Integración Económica, aunque el presidente de esta entidad, el hondureño Dante Mossi, reconoce que habrá grandes dificultades para su implementación, sobre todo en materia de educación.

Por último, como ya se mencionó en este texto, es de recordar que el Gobierno de El Salvador promueve e incentiva mediante airdrops, bonificación de comisiones y garantía de cumplimiento regulatorio, el uso del monedero Chivo Wallet.

El propio presidente Bukele reconoce que este monedero está ligado a la identidad personal, lo cual facilitará el cumplimiento de los estándares internacionales. De lograrse la masividad del uso de Chivo Wallet en El Salvador, posiblemente, muchas de las recomendaciones del GAFI no se verían violadas por la población salvadoreña.

Los datos personales que pide la wallet ya los tiene el Gobierno. En el DUI (documento único de identidad) tenemos la foto, nombre completo, edad, dirección, teléfono, estatura, huellas digitales, etc.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador.