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La medida también abarca a cualquier proveedor de servicios con activos virtuales.
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Los requisitos apuntan a minimizar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
La Autoridad Monetaria de Singapur difundió una guía actualizada sobre las regulaciones que deben cumplir los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La organización alertó que las operaciones entre exchanges de bitcoin y las que involucren monederos particulares o externos, deben identificar la propiedad de los usuarios.
En el documento la autoridad explicó que su propósito es garantizar la identificación para facilitar «obligaciones de control», lo que estaría vulnerando el derecho a la privacidad. Los reguladores alegaron que los datos servirían como una «pista de auditoría» en caso de que los organismos de seguridad requieran información para sus investigaciones.
«Cuando se realicen transferencias de valor entre VASP en nombre de sus clientes, el VASP de origen debe transmitir la información necesaria sobre el remitente y el beneficiario de forma inmediata y segura (…) deben adoptarse mayores medidas de mitigación de riesgos cuando se realicen transferencias a monederos privados/no regulados», explicó la autoridad.
Los proveedores deben ir más allá e incluso solicitar datos sobre cuál es el propósito de la transacción. También deben aumentar la supervisión de las cuentas de los operadores y registrar cualquier movimiento de fondos inusuales que podrían ser sospechosos.
Regular a bitcoin bajo la tutela del GAFI
Los lineamientos de la autoridad monetaria están ajustados a las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización que actualmente debate nuevas regulaciones sobre las criptomonedas, exchanges, mercados P2P, stablecoins y hasta las finanzas descentralizadas (DeFi).
De lo anterior se deduce que tanto en Singapur como a escala global podrían incrementarse las regulaciones sobre Bitcoin. Es decir, las autoridades monetarias buscan intermediar, como representantes de los Estados, en un sistema que nació precisamente para prescindir de ellos.
En estos casos el argumento para regular la tecnología es la «lucha» contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Los reguladores del país asiático ejercen más control al decir que cualquier proveedor debe postularse para obtener una licencia y operar en su territorio.
Los requisitos para obtener el permiso pasan en primer lugar por demostrar que la empresa puede mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero, cuenta con plataformas para realizar supervisión hacia los usuarios y las transacciones que ejecutan.
Algunas de las nuevas regulaciones de la Autoridad Monetaria de Singapur entraron en vigencia en enero de este año. Sin embargo, la nueva difusión de los lineamientos ya actualizados podría interpretarse como una advertencia de los reguladores para aquellas startups que todavía estarían operando sin los permisos correspondientes.
Organizaciones internacionales como Coin Center han manifestado su preocupación por las regulaciones sugeridas por el GAFI. La institución sin fines de lucro aseguró hace dos semanas que los lineamientos vulneran la privacidad de los usuarios.
En enero del 2018 CriptoNoticias reportó que el Primer Ministro de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, había dicho que el comercio con bitcoin y las criptomonedas en general no sería eliminado. El funcionario adelantó que se implementaría un marco regulatorio para la industria.
