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América del Sur se ha caracterizado desde hace unos años atrás por el inmenso potencial de sus recursos naturales y humanos, los cuales se ven diezmados por una precaria infraestructura en desarrollo e instituciones gubernamentales alejadas de los ideales de la transparencia, legalidad y democracia. Estos pilares constitutivos, con sus diferencias nacionales particulares, hacen que la región sea un territorio en vía de desarrollo que puede sacarle el mejor beneficio a las tecnologías de contabilidad distribuida y a las economías criptográficas.
El mercado de criptoactivos ha tenido una acogida importante en el ecosistema financiero de Suramerica, situación que se ha visto adaptada a las realidades y necesidades específicas de cada país. Por ejemplo, Argentina ha tenido un especial desarrollo tecnológico y empresarial alrededor de las tecnologías blockchain que le ha valido reconocimiento internacional, así como las criptomonedas han impulsado la economía doméstica por medio de negocios abiertos al bitcoin y otros criptoactivos.
Mientras tanto, ciudadanos en otras latitudes, han adquirido el uso de monedas criptográficas como un medio de subsistencia. Como es el caso de Venezuela, país que en vista de la terrible devaluación de su moneda nacional y los férreos controles cambiarios, ha generado una demanda nacional de criptodivisas que no tiene precedentes en la región.
Aunque el panorama de adopción suramericano en el sector empresarial y gubernamental no se compara con el nivel de compenetración que ha alcanzado Bitcoin y las blockchain en los países europeos y en la región asiática, si se puede afirmar que las herramientas DLT son capaces de desarrollar, e incluso unificar, los niveles y servicios financieros del continente, así como resolver problemas como la desbancarización o sistemas electorales poco confiables.
Una región con profundos problemas políticos, sociales y económicos puede sacarle el mayor provecho a las tecnologías de contabilidad distribuida en múltiples aplicaciones.
En ese sentido, agencias internacionales regentes del continente han propuesto el uso de las tecnologías de contabilidad distribuida y de las economías emergentes para el desarrollo y financiamiento de la industria bancaria y la liquidación de prestación de servicios.
La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas, también conocido como CEPAL, fue una de las primeras entidades en dar a conocer su opinión al respecto, apoyando la investigación y adopción de las herramientas distribuidas en toda la región. La ONU, por otro lado, también recomendó a los países caribeños el uso de criptomonedas para la simplificación del pago de servicios básicos.
No obstante, en materia jurídica, las autoridades regulatorias de América del Sur no tiene una posición consensuada sobre el Bitcoin y las tecnologías de contabilidad distribuida. Luego de un largo silencio gubernamental y una inmutabilidad general en este sector, ciertas naciones han empezado a tomar posición en el asunto determinado la situación legal de las criptomonedas en el territorio o recomendando acciones frente a las mismas.
Esta nueva oleada de interés, que se ha visto marcada por la adopción empresarial y la presión del ecosistema blockchain, ha planteado una panorama diverso sobre la situación legal de Bitcoin en esta parte del continente, realidad actual que no prevé en un futuro cercano un consenso concreto.
Mientras algunas naciones se muestran abiertas a la adopción de Bitcoin, como Argentina, otras tantas se han cerrado totalmente a la posibilidad de las monedas digitales, como Bolivia y Ecuador. En medio de los polos, se encuentran un gran grupo de países que han decidido mantenerse alegales frente a los criptoactivos o no han determinado aún su posición. A continuación a detalle la situación regulatoria de Bitcoin en los países de Suramerica:
Autoridades se pronuncian
Colombia y Brasil han sido dos de las naciones continentales cuyas autoridades regulatorias se han pronunciado respecto a las criptomonedas, adelantado posibles discusiones y regulaciones respecto a las mismas. La posición de estos dos países no ha limitado o regulado el uso de las monedas criptográficas dentro de su territorio, sino que han sido anuncios de advertencias o recomendaciones financieras a sus ciudadanos.
Las autoridades brasileñas no se encuentran muy convencidas sobre el uso del bitcoin, percibiendo incluso a la criptomoneda como un posible riesgo financiero. A finales de mayo la Cámara de Diputados de Brasil creó un comité especializado en monedas digitales, donde resaltaba la mención del bitcoin y acusaciones sobre el posible uso de estas divisas digitales para el lavado de dinero y la realización de fraudes financieros.
El tono de estas declaraciones se complementó meses después, cuando el presidente del Consejo de Control de Actividades Financieras, Antonio Gustavo Rodrigues declarara abiertamente su oposición ante las monedas criptográficas y su negativa a discutir en un futuro el reconocimiento de estas herramientas financieras al considerarlas nocivas para la economía del gigante suramericano:
Las reglas transmiten la sensación de que el dinero (moneda virtual) es seguro, el cual no lo es; sería más bien la protección de una actividad que se oculta.
Antonio Gustavo Rodrigues
Presidente
Colombia, por otro lado, ha reiterado el estado de alegalidad del Bitcoin en su territorio en varias ocasiones. El superintendente financiero de Colombia, Jorge Castaño, ha advertido a los ciudadanos de los riesgos que representa invertir en un bien digital que no es ni reconocido ni regulado por las autoridades del país:
Los que se arriesguen a hacer inversiones en estos productos están expuestos a perder su dinero y no hay una garantía ni estatal ni privada. Son activos digitales que ni siquiera están ubicados en Colombia, así que el llamado es a que evalúen muy bien los riesgos de estas inversiones.
Antonio Gustavo Rodrigues
Presidente
De esta manera, las casas de cambio, los cajeros automáticos y las plataformas peer-to-peer concernientes a Colombia quedan fuera del monitoreo de seguridad de las agencias financieras del Estado. Sin embargo, esto no impide que el público pueda adquirir criptodivisas bajo su propia discreción, aunque si coarta la posibilidad de que autoridades gubernamentales adopten a las mismas en un futuro próximo.
Aquí está prohibido el Bitcoin
Otras naciones que se han pronunciado respecto al ecosistema de criptomonedas son Ecuador y Bolivia, países que se han plantado totalmente renuentes al uso de las monedas digitales dentro de sus fronteras.
Ecuador fue el primer país en determinar una prohibición directo sobre el Bitcoin. Tan temprano como en el 2014, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero, el nuevo reglamento que regula las actividades económicas en el territorio ecuatoriano y que fue severo con las monedas criptográficas ya que las autoridades estatales planean lanzar su propia moneda nacional electrónica.
En el caso de Bolivia, ya han sido varias las declaraciones gubernamentales donde autoridades bolivianas han reafirmado la prohibición del uso de Bitcoin en la nación. Esta radical posición se ha visto respaldada por casos de fraude financiero en el país suramericano que salpicaron a las monedas criptográficas y ha dejado un saldo considerable de encarcelados.
Las denominadas monedas virtuales, que no son emitidas por Estados o bancos centrales, no cumplen con todas las funciones económicas del dinero como medio de pago, unidad de cuenta y depósito de valor.
Antonio Gustavo Rodrigues
Presidente
Discusiones tras bambalinas
Las autoridades de Argentina y Venezuela aún no han dado una declaración oficial y concreta sobre su posición frente a las criptomonedas. No obstante, personajes del ecosistema de blockchain y empresas dedicadas al intercambio de monedas criptográficas han afirmado que las entidades estatales están trabajando tras bastidores sobre el tema y podría haber algún pronunciamiento a futuro.
Argentina se ha destacado como uno de los países con mayor desarrollo en tecnología blockchain del continente, convirtiendo a su capital en una ciudad bitcoin. Empresas como RSK, Ripio y Xapo han llevado sus exitosas plataformas más allá de las fronteras argentinas y han logrado capitalizar un mercado de importancia.
Gabriel Kurman, co-fundador de RSK, resaltó en una premiación que el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, se ha visto interesado por la tecnología de contabilidad distribuida y ha apoyado iniciativas con esta herramienta en miras de combatir la corrupción en el país. Estas declaraciones se ven sustentadas también en la constante participación de autoridades gubernamentales, como el Ministerio de Modernización (GCBA), en proyectos que involucran el desarrollo de DLT.
En este sentido, por más que el Estado argentino no haya realizado un pronunciamiento respecto a la situación jurídica del Bitcoin en el país, las autoridades han estado altamente interesadas por el posicionamiento de estas nuevas tecnologías en la economía doméstica. Panorama que favorece aun más la ola de adopción que vive el país suramericano sin necesidad de un reconocimiento legal.
Venezuela, por otro lado, es un tema complejo, ya que aunque la nación sufre de unas muy estrictas regulaciones cambiarias, un valor de la moneda cada vez más acabado y una persecución de mineros de criptomonedas dentro del país, las entidades estatales no parecen estar del todo contrariadas con la idea de utilizar Bitcoin como método de pago.
Personeros del gobierno han realizado declaraciones favorables para el ecosistema de las monedas criptográficas, mientras que fuentes aseguran que el poder estatal está trabajando en un marco regulatorio para las mismas. Lo que no se puede confirmar es si este acercamiento legal será beneficioso o nocivo para el desarrollo mercantil de las monedas criptográficas dentro de la nación caribeña puesto que aún no queda muy clara la opinión gubernamental.
Chile es otro caso en donde el silencio delata compenetración. Entidades chilenas, como la bolsa de Valores de Chile y la Autoridad Mercantil, han afirmado estar interesadas en las tecnologías distribuidas con miras a ser aplicadas en el sector gubernamental. Asimismo, la nación experimenta un aumento considerable en el mercado doméstico de monedas criptográficas.
La casa de cambio SurBTC ha profundizado en el tema de la legalidad del Bitcoin en Chile, destacando que dentro del territorio «lo que no está específicamente prohibido por una ley, está permitido». Es decir, el Bitcoin es considerado legal en dicha nación.
Asimismo, el negocio de intercambios aseguró haberse reunido con el vicepresidente Banco Central de Chile, quien afirmó que las autoridades no tenían intenciones de regular o prohibir a las criptomonedas por los momentos ya que esperaban tantear el desarrollo de las mismas a nivel mundial.
En el limbo jurídico
Otras naciones se enfrentan al silencio de la inmutabilidad. Perú, Uruguay, Paraguay, Surinam y Guyana no han dado el primer paso para plantear una posición legal ante las criptomonedas, permitiendo así que los mercados se desarrollen sin enfrentarse a rígidas regulaciones pero también frenando la posibilidad de adopción a gran escala.
Perú ha experimentado este último año un aumento de demanda en los mercados, que le ha válido la apertura de nuevos servicios de venta de bitcoins en el país. De igual manera, candidatos a la presidencia también han apostado a blockchain para captar la atención del electorado, como fue el caso de Alejandro Toledo. No obstante, esta mayor notoriedad que ha ganado la moneda digital en el país suramericano no ha movido a ninguna entidad gubernamental a posicionar alguna opinión al respecto.
En el caso de Uruguay y Paraguay también están trabajando en el sector Fintech para introducir las economías criptográficas y las herramientas blockchain, movimiento que busca posicionar a la industria doméstica de tecnologías financieras en la región. Mas, al igual que los más modestos mercados de Surinam y Guyana, los alcances de este ecosistema interno todavía no han logrado movilizar alguna declaración pública sobre la percepción gubernamental frente a estos nuevos métodos financieros.
Luego de esta travesía por los países suramericanos y sus apreciaciones jurídicas frente al bitcoin, se puede concluir que el panorama regulatorio de la región no será consensuado, ni mucho menos unificado. Los niveles de compenetración y confiabilidad que poseen las entidades gubernamentales frente a las tecnologías de contabilidad distribuida han tenido mayor o menor alcance en cada una de las naciones latinoamericanas.
En este sentido, hay posiciones imposibles de conciliar. Mientras Bolivia y Ecuador apuestan por la prohibición de las monedas criptográficas, naciones con otros modelos políticos y económicos, como Chile y Argentina, han decidido apoyar la adopción y desarrollo de los mercados financieros emergentes. Frente a esta caleidoscópica situación jurídica la región se perfila como un territorio de posiciones encontradas frente al Bitcoin.