Binance - El ecosistema cripto.
En una movida realizada por la Cámara de Diputados de Brasil, fue anunciada la creación del Comité de Regulación de Moneda Digitales, secundado por el Banco Central de Brasil, con el objetivo de establecer un marco legislativo para el empleo de criptomonedas en el país sudamericano.
La iniciativa gubernamental es lanzada con el objetivo de proteger la economía brasileña, buscando reducir riesgos que implica el empleo de monedas virtuales como el lavado de dinero y la atracción de los ciudadanos a caer en negocios fraudulentos que promocionen éstas herramientas financieras.
Desempolvando la intención de crear un proyecto de ley sólido para la regulación de criptomonedas, el Banco Central de Brasil recientemente anunció que buscaría retomar ésta tarea, la cual las autoridades han estado postergando desde 2015, tras la creación del Proyecto de Ley 2303.
Cerca de 40 diputados involucrados en la iniciativa tienen un reto frente a ellos antes de retomar el hilo legislativo, ya que esta vez no podrán basarse en el proyecto realizado hace dos años, el cual tiene su fundamento en la supervisión por parte del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), el cual a su vez es regulado por una entidad que se opone a la iniciativa, el Ministerio de Hacienda.
Otro reto será la supervisión de transacciones de las criptomonedas, para las cuales el organismo aún no reporta su colaboración con expertos en el tema ni ha pronunciado mayores conocimientos al respecto. En este ámbito el presidente del comité, Alexandre Valle, insiste en la necesidad de supervisar transacciones.
En el caso de Bitcoin, la valoración es absurdo. ¿Cómo una moneda que podría valer 10.000 reales no tiene controles y no hay quién la fiscalice?
Alexandre Valle
Presidente de Comité de Regulación de Monedas Digitales
Asimismo, Valle aseguró que contarán con la participación del Banco Central y del Servicio de Impuestos Internos (IRS) sobre negociaciones fiscales, las que podrían incidir en medidas como el cobro de comisiones para el Estado por transacciones por bienes y servicios con monedas digitales, una medida que no ha tenido buenos resultados a nivel internacional.
