Fracasó operativo contra minero ilegal en Paraguay: ya se habían llevado los equipos

Cuando llegaron los técnicos, la estructura estaba prácticamente desierta. Ese fue uno de los resultados del curioso allanamiento reciente a un minero de Bitcoin en Paraguay. De alguna manera, los dueños de los procesadores ASIC sabían lo que iba a suceder y se llevaron los costosos equipos antes de la llegada de las autoridades. 

El traspié se produjo martes en una propiedad de la localidad de Hernandarias, en la zona de Alto Paraná. Todo comenzó el pasado lunes al mediodía, cuando la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) detectó una demanda irregular de energía en la estancia “Santa Mónica”, a la altura del km. 46 de la ruta PY07.

Los funcionarios del organismo radicaron la denuncia pocas horas después, a eso de las 15.50, ante el Ministerio Público. Al día siguiente, a las 14, se avanzó con la orden de allanamiento. 

Las sospechas, finalmente, se confirmaron al llegar la nutrida comitiva de la ANDE y los funcionarios judiciales. Era una instalación para minar Bitcoin en el sitio. Pero solo había quedado la infraestructura básica en pie.

“Los técnicos han constatado la existencia de estructuras y transformadores de distribución utilizados para minería digital. Por el plazo de tiempo en la que salió la orden de allanamiento, entendemos que se llevaron las máquinas a otro lugar”, explicó ayer el gerente comercial del organismo, Hugo Rolón. 

La de este martes fue la intervención “número 25” en lo que va de 2024, precisó el ingeniero. Al igual que otras granjas similares, los equipos dependían de una conexión ilegal sin medidor. 

La ANDE está desarticulando estas instalaciones no autorizadas, a cuyos dueños busca sancionar con penas de prisión. Claro está, cuando las detecta. Como reportó CriptoNoticias, hay fuertes sospechas de complicidad y corrupción de funcionarios en las granjas ilegales. 

En el caso de Hernandarías, se trataba de una red interna de media tensión, que tenía una carga promedio de 30 amperios en las tres fases, equivalente a una demanda instantánea de 1.186 KW.

Al interior del inmueble se constató que el complejo eléctrico estaba fuera de servicio. Allí “se observaron 2 contenedores con estructura metálica interna para alojamiento de los procesadores de criptoactivos totalmente vacíos”, admitió la ANDE.

En el suelo se encontraron apilados algunos procesadores, pero que estaban averiados. También había un transformador con datos de placa de 1.000 kVA, que aparentaba ser de 3.000 kVA por su estructura y peso. Los elementos fueron retirados como pruebas del ilícito.

En el operativo estuvieron presentes los abogados del propietario del inmueble, un ciudadano coreano, y el fiscal interviniente, Alcides Jiménez. Como puede verse en las fotos, hubo un pintoresco despliegue con decenas de policías y funcionarios. 

Como es habitual en estos casos, el dueño del inmueble fue acusado por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica, perturbación del servicio público y sabotaje. 

La ANDE estimó que la granja ilegal ocasionaba una pérdida mensual aproximada de poco más de 50 mil dólares, en concepto de energía eléctrica no facturada. A esa suma se le debe aplicar los gastos de intervención y las multas. 

Con esta última intervención, las autoridades paraguayas radicaron la 19° denuncia penal por este tipo de infracciones. Se llevan incautados más de 9.410 procesadores de datos, 42 transformadores y conductores. Pese a estas diligencias, dirigentes políticos desconfían de la eficacia de la ANDE y de la Justicia. 

Hace días, el senador Enrique Salym Buzarquis denunció que “los altos directivos de la ANDE” y “la complicidad de sus funcionarios facturan en promedio 500.000 dólares en coimas por robo de energía al pueblo paraguayo con las  criptomonedas ilegales”.

Las sospechas tienen su razón de ser. De hecho, según admitió el propio Rolón hoy ante un medio de comunicación local. El castigo por el negocio no autorizado brilla por su ausencia. 

Mientras tanto, referentes y empresarios del sector protestan por el último aumento de las tarifas de la ANDE a la industria legalizada. Amenazan con llevar sus inversiones a otros países.