Alemania tiene bitcoin otra vez, ¿los venderá de nuevo?

Recientemente, la Fiscalía General de Frankfurt, en colaboración con autoridades especializadas en delitos informáticos, confiscó alrededor de 34 millones de euros —más de USD 38 millones— en bitcoin y criptomonedas, junto con la infraestructura de servidores del exchange eXch en Alemania. La plataforma fue cerrada tras el operativo, lo cual abre el debate: ahora que el gobierno alemán vuelve a tener bitcoin en su poder, es pertinente preguntarse si habrá aprendido de experiencias pasadas o decidirá, una vez más, liquidar sus fondos.

Así, las autoridades incautaron criptoactivos como BTC, ETH, LTC y DASH, y más de 8 terabytes de datos, argumentando que eXch operaba sin cumplir con los protocolos contra el lavado de dinero ni con medidas KYC (Know Your Customer). El exchange funcionaba desde 2014 y, desde entonces, se habrían transferido a través de la plataforma cerca de USD 1.900 millones en criptomonedas.

Este operativo ocurre en un contexto donde el rol de bitcoin en la política económica alemana muy probablemente esté siendo reevaluado. Vale destacar que, en enero, el Parlamento abrió el debate sobre la posible creación de una reserva estratégica en BTC, durante una mesa redonda que también abordó bonos gubernamentales tokenizados. Entre los participantes se encontraba Christian Lindner, exministro de Finanzas, quien planteó que tanto Alemania como la Unión Europea deberían considerar esta estrategia para mantenerse competitivos a nivel global.

Si bitcoin consigue ganar escaños dentro del gobierno, no faltarán quienes cuestionen la decisión de haber vendido los 50.000 BTC incautados en 2024. En aquella ocasión, las autoridades del estado federado de Sajonia, en Alemania, justificaron la venta alegando temor a una posible depreciación acelerada de los criptoactivos confiscados.

Lo cierto es que desde hace un tiempo se están dando algunos movimientos en la política alemana que van en una dirección positiva. A finales de 2024, se fundó en el Bundestag la Asociación Federal de Bitcoin, una organización compuesta por 64 miembros que promueve la educación financiera y la adopción de BTC. Su objetivo principal es defender los intereses de las empresas del sector frente a las políticas restrictivas tanto del gobierno alemán como de Bruselas. La organización busca asegurar que las compañías de criptomonedas tengan representación en las mesas de negociación donde se discuten nuevas leyes, lo que refuerza la idea de que, dentro del panorama político del país, existe un sector que brinda respaldo a la creación de Satoshi Nakamoto.

Al momento de redactar este artículo, la cartera de la Oficina Federal de la Policía Criminal de Alemania (BKA), agencia que participó en la incautación de los activos de eXch y en el posterior cierre de la plataforma, registra un saldo de USD 721 en BTC, según datos de Arkham Intelligence. Tras la liquidación de los 50.000 BTC en 2024, el balance se había reducido a poco más de un dólar, pero posteriormente comenzaron a recibirse pequeñas donaciones que lo elevaron por encima de los USD 400. Sin embargo, es probable que para esta nueva incautación se utilice una dirección diferente.

La incautación a eXch llega en un momento en el que las principales potencias mundiales han adoptado estrategias diametralmente opuestas; es decir, mientras China ha optado por liquidar sus reservas confiscadas, Estados Unidos ha tomado una postura más cautelosa: acumular BTC como tesorería, consciente del papel que el criptoactivo puede jugar en la geopolítica del siglo XXI. Esta diferencia de enfoques podría marcar quién liderará la nueva arquitectura financiera global.

Ante el creciente respaldo político interno y la reevaluación de bitcoin en Estados Unidos, es probable que Alemania no copie directamente el enfoque de la administración Trump, sino que opte por una vía intermedia: conservar parte de los activos confiscados mientras evalúa su potencial estratégico, todo esto sin alinearse por completo ni con el modelo estadounidense ni con el chino. La decisión final dependerá de cómo el país logre equilibrar la innovación financiera con la cautela regulatoria.