-
Alex Gladstein cree la ley brinda al gobierno un poder considerable sobre las finanzas individuales.
-
Algunos usuarios restan importancia a la situación y resaltan la existencia de BTC como alternativa.
La aprobación de la Ley GENIUS en el Congreso de Estados Unidos ha sido celebrada por sus impulsores como un paso histórico hacia la modernización financiera. Sin embargo, para figuras como Alex Gladstein, director general de estrategia de Human Rights Foundation, la normativa representa una amenaza profunda a la privacidad y al control individual del dinero.
«Esta Ley GENIUS allana el camino para un aparato de vigilancia y control plenamente operativo, donde los gobiernos pueden ver, congelar, incautar y controlar los fondos de las personas», advirtió Gladstein en una publicación.
Promovida por el senador republicano Bill Hagerty y aprobada por una amplia mayoría bipartidista el jueves en la Cámara de Representantes (307 a favor, 122 en contra), como reportó CriptoNoticias, la Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) establece por primera vez un marco legal para las stablecoins en Estados Unidos.
Entre sus disposiciones más destacadas, exige que las stablecoins estén respaldadas 1:1 con reservas líquidas y que sus emisores se sometan a auditorías y a requisitos de cumplimiento estrictos.
Para muchos legisladores, esta estructura regulatoria ofrece seguridad jurídica, atrae innovación y afianza el dominio del dólar. No obstante, para sus críticos es justo lo contrario.
«No hay nada pro criptomonedas aquí»
El activista y escritor Sterlin Lujan fue uno de los primeros en señalar lo que considera una contradicción central del proyecto. Enfatizó que los emisores implementarán capacidades técnicas para bloquear, congelar y rechazar transacciones consideradas ilegales, al igual que cualquier banco tradicional.
«No hay nada pro-cripto, pro-blockchain ni pro-innovación en la Ley GENIUS, más bien lo opuesto. Todos dentro del espacio deberían oponerse con firmeza a esta ley y denunciarla por lo que realmente es: un intento de apropiación estatal del dinero digital», escribió.
Recalca Lujan que la normativa «permitirá la circulación de tokens de contabilidad digital centralizados, no de criptomonedas descentralizadas». En su visión, esto equivale a extender el sistema bancario tradicional al ámbito digital, sin otorgar ningún beneficio real a quienes buscan soberanía financiera.
El especialista fue más allá y sostuvo que «bitcoin está en la misma situación», ya que a su parecer «tiene la ventaja de no ser fácilmente confiscable, pero es lento, está fosilizado y es altamente vigilable». Además, advirtió que sus principales puntos de acceso —como exchanges y procesadores de pago— ya han sido capturados por el aparato regulador.
¿Realmente expande la vigilancia?
Ante la intensidad de las críticas, el propio Gladstein preguntó a sus seguidores: «¿Cuál es el mejor argumento para refutar la visión de Lujan?». Coincidiendo con el escritor, puso en tela de debate si es posible afirmar que la Ley GENIUS no amplía las capacidades de vigilancia.
Algunos usuarios respondieron con matices que aportaron una mirada más pragmática.
Uno de ellos sugirió que no debería sorprender que la Ley GENIUS solo permita la circulación de tokens digitales centralizados en lugar de proyectos como bitcoin, ya que considera que una stablecoin anclada al dólar estadounidense entra en esta categoría.
Otro participante del debate relativizó el impacto de la normativa: «No estoy seguro de que esto marque una gran diferencia para nosotros. Las stablecoins son útiles en ciertas ocasiones, y cuando las uses, simplemente tendrás que tener cuidado».
¿Qué dice el texto?
El núcleo de la discusión no está en la utilidad de las stablecoins —que muchos en el ecosistema reconocen como un puente valioso entre el dinero fíat y las criptomonedas descentralizadas—, sino en cómo y bajo qué condiciones podrán utilizarse en el futuro.
La aprobación de la Ley GENIUS marca un hito en la historia legislativa de EE. UU. sobre criptoactivos, pero también deja al descubierto una fractura profunda en el debate sobre el futuro del dinero: ¿regulación para proteger al usuario o para vigilarlo?
Las preocupaciones de Gladstein y Lujan encuentran respaldo en ciertas disposiciones de la legislación. Por ejemplo, la Sección 4(a)(5) obliga a los emisores de stablecoins a cumplir con la Ley de Secreto Bancario, lo que implica recopilar datos detallados de los usuarios, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas.
Además, la Sección 4(a)(6)(B), como bien afirma Sterlin, exige que los emisores tengan capacidades tecnológicas para congelar o incautar fondos en respuesta a órdenes legales, lo que brinda al gobierno un poder directo sobre las finanzas de los usuarios.
Por su parte, la Sección 8(a), que prohíbe a los emisores extranjeros operar en EE. UU. sin acatar órdenes legales, y la Sección 5(i), que exige certificaciones anuales de los programas contra el lavado de dinero, también refuerzan los cuestionamientos. Ambas disposiciones obligan a los emisores a implementar sistemas centralizados de monitoreo y control.
La Ley GENIUS representa un paso importante en la regulación de un mercado en rápida evolución, con el potencial de brindar mayor seguridad y claridad legal. Sin embargo, también plantea legítimas preocupaciones sobre la privacidad y el control financiero que no deben ser ignoradas.
Por ende, resulta fundamental que tanto legisladores como usuarios del ecosistema actúen con prudencia y mantengan un diálogo abierto para encontrar un equilibrio entre innovación, protección y respeto a las libertades individuales.
