Gobierno de Argentina se declara en contra de la censura en redes sociales

Manuel Adorni, vocero presidencial del Gobierno de Argentina, expresó en una reciente rueda de prensa que toda censura le parece “preocupante bajo cualquier circunstancia”. Esto haciendo referencia a una Ley que fue aprobada en la provincia de Misiones, en la que se permite a las autoridades el decomiso de dispositivos electrónicos sin orden judicial.

Añadió Adorni que la censura ocurre «tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales donde te bloquean las cuentas o te atacan desde las propias empresas». Ambas cosas, según dijo, «son ataques a la libertad de expresión».

El vocero presidencial recalcó que la postura del Gobierno argentino está a favor de la libertad de expresión y de opinión, incluso cuando se trate de críticas a su gestión.

«Tenemos que aprender todos que las críticas suman valor, corrigen y enseñan. (…) Y la voz del periodista tradicional, que puede ser excelente e híper profesional, es una opinión más. Me parece que cada vez que se abren diferentes canales de streaming (incluso si no son de la ideología que uno comparte) es una buena noticia. Todos debemos escuchar todas las opiniones. Estamos a favor completamente de que no se censure a nadie en ningún ámbito y en las redes sociales tampoco».

Manuel Adorni, vocero presidencial de Argentina.

Misiones aprobó una ley polémica

Para comprender el contexto de las declaraciones del funcionario es preciso conocer que la provincia de Misiones, en el noreste argentino, aprobó recientemente una ley cuya intención es la de “combatir la difusión de noticias falsas” que afecten a personas o instituciones públicas y privadas. El punto más controversial de esta ley radica en la forma de aplicarla por parte de las autoridades.

De acuerdo con el artículo 7 de dicha normativa, en casos de presuntos delitos cometidos vía medios digitales o plataformas de inteligencia artificial generativa, el fiscal estaría habilitado para decomisar celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, incluso si no hay orden judicial que lo estipule. Para ello, el funcionario solo necesitaría sospechas fundadas de que los dispositivos en cuestión fueron utilizados para cometer o encubrir el delito.

Si bien el secuestro de dispositivos de uso personal y privado, como teléfonos celulares y ordenadores, ya es algo bastante delicado, la trama se complica aún más cuando se toma en cuenta lo subjetiva que puede ser la definición de qué son noticias falsas, calumnias, injurias o incitación a la violencia.

Las quejas de los opositores a Carlos Rovira, principal promotor de esta normativa, apuntan, tal como lo reportó CriptoNoticias, a que la libertad de expresión y la seguridad ciudadana son amenazadas por medidas de este tipo. Al respecto, el abogado Eduardo Paredes afirmó que esta Ley fue «redactada apresuradamente» y puso en duda su alineación a la Constitución Argentina.