El caso más polémico del ecosistema bitcoin sigue dando de que hablar. El mercado negro de drogas en línea, Silk Road, vuelve a la palestra tras las declaraciones del Juez Richard A. Jones, quien admitió la cooperación de la Carnegie Mellon University con el FBI para atacar la red Tor e identificar a los administradores del sitio web.

El caso Silk Road sin duda ha sido la historia más polémica del ecosistema bitcoin. La sentencia, la cual condenaba al creador del portal, Ross Ulbricht, a cadena perpetua, fue apelada hace poco más de un mes bajo distintos alegatos, entre los que destacan la corrupción en las filas de los agentes del FBI y la DEA, así como el encubrimiento de información por parte de la juez encargada de conducir el caso. Además, recientemente pudo conocerse que uno de los muertos que se le atribuían a Ulbricht, realmente había fingido su muerte.

La condena a cadena perpetúa fue una medida disuasiva para evitar la réplica de sitios web como Silk Road. Sin embargo, el fracaso de la disuasión es demostrado por la aparición de portales como Silk Road 2.0. Precisamente, el caso que comentamos se refiere a uno de los administradores de dicha replica del portal. El día de ayer, se pudo conocer un documento de autoría del Juez de Distrito, Richard Jones, en el que confirma la veracidad de los rumores sobre la complicidad entre el FBI y la Carnegie Mellon University para hackear la red de Tor durante las investigaciones del caso Silk Road 2.0.

Los rumores de esta connivencia comenzaron en el mes de noviembre. En aquel momento, fue el mismo proyecto Tor quien acusaba al FBI de haberle pagado 1 millón de dólares a investigadores de la mencionada universidad con el fin de quebrar el anonimato de los usuarios de la red y revelar sus localizaciones.

La molestia de los miembros del software en aquel momento no fue poca, pues precisamente uno de los valores fundamentales que movilizan el funcionamiento de esta red es el resguardo de la privacidad y anonimato de sus usuarios, protegiéndolos de la vigilancia gubernamental que atenta contra la libertad personal. Sobre esto, comentaban:

Las libertades civiles están bajo ataque si los representantes de la ley creen que pueden eludir las reglas de la evidencia mediante la subcontratación de universidades para trabajo policial. Si la Academia utiliza la investigación como un pretexto para la invasión de la privacidad, la industria de investigación para la seguridad caerá en descredito (…) Si este tipo de ataques del FBI mediante delegación universitaria se acepta, nadie tendrá protecciones significativas de la 4ta enmienda en línea y todo el mundo está en peligro.

Tor Project

En las palabras de los representantes de Tor, puede observarse la gravedad de este asunto. Para aquel entonces, la información no estaba confirmada. Sin embargo, gracias al documento realizado por el Juez Jones, ha podido ratificarse la veracidad de las suposiciones del Tor Project.

La revelación tuvo lugar tras la denegación de una moción introducida por los abogados de Brian Farrell, quien es acusado de haber operado bajo el pseudónimo de DoctorClu en Silk Road 2.0. La información presentada aclara el misterio con respecto al seguimiento de la dirección de IP de Farrell, recibida el 30 de julio de 2014 por el departamento de Homeland Security.

En el documento, puede leerse que los registros gubernamentales demuestran que la dirección de IP de Farrell fue identificada por el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad Carnegie Mellon, cuando el Instituto se encontraba conduciendo una investigación en la red Tor.

La moción introducida por los abogados solicitaba que se entregara a Farrell la información técnica específica sobre la manera en que su información personal y su dirección de IP fueron conseguidas por la agencia gubernamental, pues esta es la única prueba que poseen los representantes de la ley para acusarlo.

Ante esto, la Corte está de acuerdo con el gobierno en que las reglas y la autoridad aplicable al Noveno Circuito Judicial impiden que sea aprobada la moción del acusado. Además, establecen que la identificación de su dirección de IP no constituye a una búsqueda sujeta a escrutinio de la 4ta enmienda, pues cualquier usuario de Tor entrega su información a los administradores del sitio y Tor, según dicen, es proclive a fallas de seguridad.

Esta información representa una alarma para aquellos usuarios de Tor que confían que sus datos y localización se encuentran seguros por usar esta red. Este caso establece un precedente entre los usuarios de la red, quienes también podrían ser víctimas de violaciones de privacidad.

Para los usuarios de Bitcoin, esto también supone una amenaza. Como comenta el portal newsbtc, muchos de los usuarios de Bitcoin utilizan Tor para conectar sus nodos a Internet. De hecho, la última actualización de Bitcoin Core agrega esta funcionalidad de manera específica.

Cada vez son más los esfuerzos de los gobiernos en violar la privacidad de sus ciudadanos. Además de este caso de Tor, puede mencionarse la reciente carta publicada por la compañía Apple, en la que se da a conocer la solicitud del FBI de crear un software para sus productos que eluda las restricciones de seguridad de los dispositivos. Sea excusándose bajo el ya manoseado subterfugio de la guerra contra el terrorismo o simplemente buscando hacer respetar la ley a ultranza, aunque ellos mismos la evadan para lograrlo, las violaciones de seguridad de los Estado y sus mecanismos de supervisión cada vez son más fuertes.

Sin embargo, como estableciera el pensador francés Michel Foucault, todo ejercicio de poder crea una resistencia al poder. En la medida en que se logren violar los protocolos de seguridad de las plataformas web, es muy probable que sigan creándose mecanismos reforzados de encriptación que aseguren la privacidad y libertad de los individuos.

Este evento, además de establecer un precedente en el que los usuarios deberán pensar dos veces antes de confiar que su información en Tor se encuentra segura, tiene de fondo una discusión de peso en materia de Filosofía Política, con respecto a la interrogante sobre qué es más importante, si la privacidad y libertad individual, o la seguridad que ofrecen los organismos estatales y que utilizan como justificación para acceder a esta información. Este debate tiene plena actualidad en estos momentos y debe ser repensando en el marco de la emergencia de bitcoin y la lucha contra el crimen.