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Calama condenó a los cabecillas del esquema de Arbistar a la cárcel.
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El juez argumenta que las criptomonedas son una vía recurrente para ocultar el dinero.
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional de España, José Luis Calama, encargado de imputar al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha consolidado como uno de los jueces pioneros en la investigación de delitos económicos vinculados a las criptomonedas.
A través de la instrucción de los mayores fraudes con activos digitales registrados en el país, el funcionario judicial ha diseñado los primeros protocolos procesales orientados a la localización, el control de claves y la posterior incautación de fondos en redes descentralizadas.
La trayectoria de Calama en el entorno de los activos digitales cobró relevancia con el desarrollo del caso Arbistar, considerado una de las primeras macroestafas con criptoactivos a gran escala en territorio español. De hecho, el propio juez calificó este esquema como “la mayor trama piramidal” con criptomonedas, como informó CriptoNoticias.
Entre los años 2019 y 2020, dicha plataforma defraudó una cifra estimada en 200 millones de euros, afectando a más de 32.000 inversores mediante la oferta engañosa de un algoritmo automatizado de inversión que resultó inexistente.
El proceso judicial de Arbistar avanzó significativamente bajo la gestión del juez. Los cabecillas del esquema piramidal, Santiago Fuentes y Diego Felipe, recibieron condenas de 8 y 6 años de prisión por los delitos de estafa y falsedad documental.
Asimismo, el magistrado Calama extendió las investigaciones a los mecanismos de legitimación de capitales, dictando el caso de apertura de juicio oral en una audiencia separada por blanqueo de dinero que involucra a una decena de personas y una red de corporaciones utilizadas como fachadas sin actividad económica real.
Paralelamente, Calama lideró la instrucción del caso Madeira Invest, otra estafa con criptomonedas que captó unos 185 millones de euros pertenecientes a más de 3.000 usuarios entre principios de 2023 y finales de 2024, como también documentó este medio.
Los encargados de la plataforma prometían rendimientos fijos cercanos al 20% anual para desviar el capital de las víctimas hacia estructuras privadas controladas por los principales investigados de la red, un caso que actualmente permanece en fase de recopilación de pruebas.
Visual del juez sobre las criptomonedas
A través de estas investigaciones, el juez Calama ha señalado que las monedas digitales son utilizadas de manera recurrente por organizaciones delictivas para movilizar recursos ilícitos debido a los retos metodológicos que implican los servicios de mezcla (mixers), las transferencias cruzadas y, de forma particular, la autocustodia de claves privadas por parte de los usuarios.
Las resoluciones del magistrado han determinado la necesidad de crear monederos institucionales administrados por las fuerzas de seguridad para custodiar las unidades confiscadas.
Esta experiencia acumulada en la persecución de delitos tecnológicos fundamenta las recientes medidas dictadas en el ámbito político institucional.
El pasado 18 de mayo de 2026, el juez Calama ordenó la búsqueda y el decomiso de activos digitales como bitcoin (BTC) y litecoin (LTC) en el marco de la investigación al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
La causa penal evalúa presuntos cargos de tráfico de influencias y organización criminal vinculados al rescate financiero de la empresa Plus Ultra Líneas Aéreas por parte del holding estatal SEPI en 2021.
Al aplicar los criterios ensayados en los fraudes corporativos previos, el juzgado busca determinar si los monederos virtuales de los implicados albergan comisiones irregulares derivadas de la intermediación económica.
