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El manual abarca a la policía federal, la gendarmería, el servicio penitenciario y otros entes.
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El accionar de estas instituciones “debe ajustarse en un todo a la Constitución” y las leyes.
El Ministerio de Seguridad de Argentina publicó esta semana un protocolo para que las fuerzas policiales y de seguridad de ese país actúen cuando haya presencia de operaciones con bitcoin (BTC) y criptomonedas en un sitio que esté siendo objeto de un allanamiento.
El documento, titulado “Protocolo general de actuación para la identificación, preservación y secuestro de potenciales elementos de prueba vinculados con criptoactivos”, tiene por objetivo establecer pautas y procedimientos al que deberán atenerse los miembros de fuerzas policiales y de seguridad federales “al momento de la identificación de la presencia potencial de criptoactivos en el lugar del allanamiento y su posterior secuestro (incautación)”.
El protocolo es de aplicación obligatoria en todo el país y se extiende a todos los funcionarios de distintos entes, como la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal. En la normativa se aclara que estos funcionarios deben tener en cuenta “que su accionar debe ajustarse en un todo a la Constitución Nacional, las leyes penales, las pautas procesales y los protocolos vigentes”.
Este protocolo es una aplicación complementaria a las disposiciones emanadas de la autoridad judicial a cargo de la investigación, tomando en cuenta las pautas del Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital, así como la Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos, ambos emitidos en el año 2023.
Herramienta atractiva para el crimen
El Ministerio de Seguridad, a cargo de la doctora Patricia Bullrich, afirma que las criptomonedas han ganado popularidad “y también se han convertido en una herramienta atractiva para actividades delictivas como el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo”.
Esto debido a la naturaleza de estos activos, “tales como su carácter intangible, alta volatilidad, liquidación rápida y posibilidad de un expedito cruce de fronteras en las transacciones”. Aspectos que “plantean un desafío único para la investigación y el enjuiciamiento”.
“Al momento de un allanamiento o tareas de prevención policial cotidianas es clave la identificación de indicios que sugieran la presencia de criptoactivos en la escena. Su detección temprana asociada a actividades delictivas brinda una oportunidad crucial para actuar con rapidez y asegurar dichos activos de manera apropiada”, se destaca en el documento.
Una vez se incauten criptoactivos en una escena del crimen o un sitio de allanamiento, “se puede proceder con la investigación y el análisis forense adecuado para establecer su origen y vinculación con actividades criminales”, explica el Ministerio. “La colaboración entre fuerzas de seguridad, expertos forenses y la autoridad judicial es esencial para llevar a cabo con éxito el protocolo de secuestro de criptoactivos y salvaguardar la integridad de la investigación y el debido proceso”, añade.
Para los policías y funcionarios de seguridad en Argentina, estas normas implican un nuevo desafío operativo. Ello, tomando en cuenta que este es uno de los países más importantes para el ecosistema de criptomonedas, con miles de usuarios activos. Actualmente, se posiciona en el puesto 15 del ranking mundial de adopción de criptomonedas que elabora Chainalysis, lo que queda demostrado en los más de 100 negocios de criptomonedas inscritos ante la Comisión Nacional de Valores.
Un informe detallado
El protocolo que emitió el Ministerio de Seguridad para incautar criptomonedas en un allanamiento es muy detallado, destacándose la muestra fotográfica, por ejemplo, de los distintos tipos de wallets de bitcoin y criptomonedas que existen. También detalla los métodos de autocustodia y custodia tercerizada de activos digitales.
Por otro lado, también aborda el tema de la minería digital, explicando a detalle qué son los rigs de minería de criptomonedas, así como los equipos utilizados, como las tarjetas gráficas (GPU) o los dispositivos de aplicación específica (ASIC).
En el protocolo, el ministerio se encarga de dar recomendaciones para la creación de monederos de bitcoin y criptomonedas, calificando a las wallets frías y de autocustodia como “recomendables para almacenar criptoactivos de forma segura”.
El documento también establece pautas para que los funcionarios reciban denuncias por robo de criptoactivos, especificando las preguntas que deben hacer a las víctimas.
Equilibrar la innovación y la seguridad
La comunidad de Bitcoin y criptomonedas en Argentina ha crecido significativamente, impulsada por la necesidad de protección contra la inestabilidad económica local. Sin embargo, el uso de estos activos para actividades ilícitas también es parte de su realidad.
Ahora bien, el uso del dólar y el peso argentino también está asociado con diversas formas de criminalidad, desde el lavado de dinero hasta la evasión fiscal.
La diferencia radica en la transparencia y trazabilidad que ofrecen las criptomonedas, que, aunque anónimas en su estructura, permiten un seguimiento detallado de las transacciones a través de las redes públicas.
Así, tal parece que el nuevo protocolo busca equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad pública, asegurando que los criptoactivos no se conviertan en herramientas exclusivas para el crimen. Esto, mientras se protege (y recomienda) la privacidad y los derechos de los ciudadanos que utilizan estas tecnologías de manera legítima.
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