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La orden ejecutiva de Trump busca eliminar regulaciones “excesivamente gravosas y fragmentadas”.
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El jefe de cada regulador financiero deberá realizar una revisión de las disposiciones existentes.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva dirigida a reestructurar el entorno normativo del país para permitir la incorporación directa de la tecnología de contabilidad distribuida y el uso de bitcoin, junto con otros activos digitales, en los servicios financieros tradicionales y los sistemas de pago nacionales.
El decreto gubernamental, firmado el martes 19 de mayo de 2026, obliga a los principales reguladores financieros federales a evaluar y modificar los procesos actuales, enfocándose en la remoción de obstáculos operativos y administrativos que afectan a las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech.
De acuerdo con el documento oficial publicado por la Casa Blanca, la iniciativa responde a la necesidad de mantener el liderazgo tecnológico global de la nación norteamericana frente al desarrollo acelerado de las soluciones financieras basadas en el entorno digital.
El mandatario calificó las normativas vigentes de “excesivamente gravosas y fragmentadas”, argumentando que actúan como barreras de entrada injustificadas que favorecen de forma predominante a las instituciones de la banca tradicional.
La medida establece plazos rigurosos para que las agencias federales efectúen las reformas estructurales solicitadas. Además de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), la orden ejecutiva obliga a emitir revisiones exhaustivas a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).
En un periodo de 90 días, los directivos de cada organismo supervisor deberán completar un análisis minucioso de sus normativas internas y guías con el propósito de identificar disposiciones redundantes que impidan las alianzas estratégicas entre las fintech y los bancos comerciales o que entorpezcan la obtención de licencias federales de custodia, seguros y corretaje.
Posteriormente, en un lapso de 120 días, se requiere que la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (FRB) entregue un informe que dictamine la viabilidad legal de conceder acceso directo a las entidades prestadoras de servicios para criptomonedas y firmas fintech a las cuentas de pago y a las redes de liquidación en tiempo real del banco central.
Al cumplirse la meta de los 180 días, los reguladores financieros deberán haber ejecutado las normativas definitivas resultantes de la evaluación previa, orientadas a dinamizar la competencia económica generalizada.
El anuncio de este decreto ocurre en un contexto de discusiones en el ámbito del Congreso, poco después de que se reportaran avances significativos en el Senado con respecto al proyecto de la ley Clarity, que fue aprobado en el Comité Bancario de la Cámara Alta el pasado 14 de mayo, como informó CriptoNoticias.
La aproximación de la Casa Blanca mediante la orden ejecutiva podría operar como un mecanismo estratégico para acelerar los cambios en el aparato burocrático de Washington antes de que se apruebe el texto legislativo final. Lo anterior buscando equilibrar la apertura tecnológica en los métodos de pago con los requerimientos esenciales de seguridad jurídica, solvencia institucional y debida protección al consumidor.
Con la emisión de este mandato presidencial, el gobierno estadounidense plantea transformar la arquitectura operativa de Wall Street y los sistemas tradicionales mediante la flexibilización de requisitos de entrada en el ecosistema financiero.
La perspectiva a mediano plazo apunta hacia una integración que redefinirá los mecanismos de custodia, emisión y procesamiento de cobros bajo un esquema digital unificado, disminuyendo los costos del mercado para los usuarios de criptomonedas en el territorio estadounidense.
