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Negocios adoptan pagos con bitcoin y criptomonedas ante la inacción de un Congreso apático.
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La educación comunitaria impulsa la inclusión con bitcoin en las calles de forma independiente.
El distrito financiero de San Isidro, en Lima, la capital de Perú, ya se prepara para cumplir con las estrictas reglas estatales de la Inteligencia Artificial (IA). En paralelo, la economía digital, la que se mueve con la industria impulsada por bitcoin (BTC) y criptomonedas, sobrevive en un vacío legal absoluto.
El aparato estatal decidió pisar el acelerador para cerrar el marco normativo de la IA, pero mantiene congelado el debate sobre Bitcoin. Esta decisión obliga a una industria madura, pero ignorada, a operar a espaldas de un marco jurídico que nunca llega.
Esta asimetría regulatoria expone una clara división en las prioridades del Estado, que prefirió cerrar las reglas para los algoritmos antes que formalizar una economía descentralizada en pleno crecimiento.
El contraste en los tiempos institucionales del Perú no es una percepción; se sostiene en hechos concretos. El marco regulatorio de la Inteligencia Artificial en el país se ha expandido de manera constante en los últimos tres años, pasando de principios generales a reglas de implementación detalladas y mecanismos de aplicación más sólidos.
La evolución legal comenzó con la Ley N.° 31814, en julio de 2023, para fijar las bases éticas del sector; avanzó en mayo de 2024 con un proyecto de reglamento técnico para clasificar los riesgos de los algoritmos; y se reforzó con un marco penal en abril de 2025 mediante la Ley N.° 32314, que tipifica delitos automatizados como los deepfakes.
En conjunto, estas medidas demuestran el creciente compromiso de las autoridades por promover la innovación mediante salvaguardas estrictas que ya se aplican en su entorno digital.
En la acera de los criptoactivos, el escenario es el opuesto. El Proyecto de Ley N° 1042, conocida como la «Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos», que buscaba otorgar un registro a los exchanges, perdió tracción y quedó archivado en las comisiones parlamentarias.
En una entrevista exclusiva con CriptoNoticias, el abogado especialista en criptoactivos Adolfo Morán confirmó que el panorama legal de Bitcoin se encuentra en un punto muerto:
Actualmente en Perú no hay un marco legal general o una ley enfocada en criptomonedas o criptoactivos o en otras particularidades del ecosistema blockchain, no existe ni tampoco hay evidencia de que se está trabajando en algo específico.
Adolfo Morán.
Esta parálisis responde a una desconexión estructural entre el aparato estatal y una comunidad de usuarios que avanza de manera independiente a los tiempos del Estado.
Para Morán, esta falta de políticas públicas claras profundiza la distancia entre el ciudadano común y las instituciones. «Ahí es donde se genera esa disonancia entre consumidores y autoridades, reguladores y legisladores. Esta comunidad que está impulsando la adopción es bastante madura en Perú. Hay varias comunidades que hacen eventos y promueven el ecosistema de las criptomonedas», agregó.
Esa madurez comunitaria ha permitido que la educación financiera y tecnológica se gestione desde las bases sociales, convirtiendo a los encuentros locales en la principal puerta de entrada para miles de peruanos, tal como lo ha venido reportando CriptoNoticias.
El empuje comunitario frente al vacío político
Una vez concluido el escrutinio oficial por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en las Elecciones Generales 2026, la comunidad tecnológica peruana aguarda señales de apertura en los discursos de los líderes electos.
Sin embargo, la explicación detrás del silencio legislativo es predecible. La experiencia regulatoria de Latinoamérica demuestra que el Congreso avanza con celeridad, en la mayoría de los casos, cuando el Gobierno de turno define una necesidad política clara para legislar.
En el caso de Perú, esa motivación estatal es inexistente en todo el espectro político; las agendas institucionales permanecen volcadas exclusivamente hacia la reactivación económica tradicional y la seguridad ciudadana. De este modo, ante la apatía de los poderes públicos, el dinamismo y el impulso del ecosistema digital recaen por completo en las bases de la propia comunidad.
Al ser consultado sobre si las nuevas autoridades electas podrían impulsar la regulación, Morán señaló que los estímulos no provienen de la política electoral:
No he escuchado propuestas concretas de las personas elegidas ahora. Diría que el entusiasmo viene más de reguladores como la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Perú y el Banco Central de Reserva (BCRP) que están creando un ecosistema financiero digital que puede aprovechar el ecosistema de activos digitales en el país.
Adolfo Morán.
El Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) tienen sus razones para no apurar una ley marco. Su prioridad es cuidar la estabilidad de su moneda nacional y evitar el lavado de activos.
De hecho, la única aproximación regulatoria en firme del Ejecutivo ha sido un decreto supremo que obliga a los exchanges a registrarse como sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS. Para el sector, este movimiento confirma que el regulador prefiere diseñar herramientas de fiscalización y contención antes que promover reglas claras para el comercio diario.
Esta postura preventiva contrasta con las dinámicas de otros países de la región, donde los reguladores han optado por marcos de apertura en lugar de la parálisis táctica. Al ser consultado sobre los espejos regulatorios en Latinoamérica, Morán enfatizó que el estancamiento de Lima no es una regla general en el continente:
El día que el Estado apueste será así como, por ejemplo, El Salvador o Bolivia donde hay leyes, reglamentos que más bien promueven este ecosistema. Dan licencias a ciertas entidades que se encargan de dar servicios con criptomonedas.
Adolfo Morán.
La desproporción en los tiempos legislativos revela también una marcada resistencia cultural hacia la formación técnica dentro del aparato estatal. Mientras las autoridades peruanas muestran una rápida disposición para dictar reglas sobre la IA, una industria de despliegue masivo mucho más reciente, evitan profundizar en el funcionamiento de Bitcoin, un ecosistema global que ya acumula más de 16 años de desarrollo y registros de adopción elevada en Latinoamérica y el mundo.
Mientras el entorno regional se divide entre la emisión de licencias operativas y la exploración de la banca comercial, el aparato estatal peruano mantiene el ecosistema local en un limbo normativo.
Para los especialistas, la paradoja es evidente, el regulador prefiere asumir una posición de control absoluto sobre tecnologías algorítmicas emergentes en lugar de educarse para entender las dinámicas de una economía descentralizada.
Descentralizar la tecnología en un país centralizado
Este desarrollo técnico encuentra su principal resistencia en la distribución geográfica de las oportunidades, replicando el mal endémico de la estructura peruana: el centralismo. Morán detalla cómo esta asimetría afecta el desarrollo de manera transversal:
Un gran problema en Perú, y eso se ve en diferentes ámbitos, es la centralización. O sea, todo lo importante en el Perú, todas las decisiones importantes se centran exclusivamente en Lima. Entonces eso hace que las oportunidades se centren en Lima y que no estén distribuidas de la misma forma en otras ciudades del Perú. Una persona que no vive en Lima tiene que viajar a Lima para tener las mismas oportunidades.
Adolfo Morán.
Esta dinámica se replica en el entorno tecnológico. Las sedes de los reguladores, los principales centros de financiamiento, las incubadoras de negocios y los eventos clave se concentran en la capital, postergando la capilaridad de la educación digital hacia el resto de las regiones.
La ausencia de un marco legal nacional no solo frena el sector, sino que perpetúa esta brecha. Sin reglas claras que apliquen por igual en todo el territorio, las oportunidades quedan relegadas a los círculos de Lima que pueden costear asesoría jurídica y tecnológica.
Si bien existen comunidades emergentes en las provincias del interior que buscan en los activos digitales alternativas de ahorro o flujos de remesas independientes, estos esfuerzos enfrentan desafíos severos de conectividad, infraestructura básica y brechas formativas. Para que los beneficios del ecosistema de las criptomonedas se materialicen fuera de las torres corporativas de San Isidro, la industria requiere un viraje estratégico. Así lo concluye Morán:
Los mejores eventos, la información más desarrollada, todo sucede en Lima versus lo que pueda pasar en otras ciudades. Entonces eso podría ser quizás una reflexión personal y general para todo el ecosistema. Mayores esfuerzos de descentralizar finalmente esta tecnología y los beneficios, que justamente es la finalidad del mundo de los activos digitales y del ecosistema Web3.
Adolfo Morán.
El balance final de esta asimetría es revelador. Mientras el Estado peruano prioriza el control y la vigilancia mediante marcos estrictos para la inteligencia artificial, el ecosistema de los activos digitales demuestra que el avance tecnológico real no espera los permisos ni los tiempos institucionales.
La madurez de la comunidad ha permitido asimilar de forma silenciosa una economía descentralizada que ya opera de facto en las calles; sin embargo, el verdadero desafío de la industria de ahora en adelante no es convencer a un parlamento apático en Lima, sino llevar esa infraestructura y sus beneficios fuera de las torres de San Isidro.
Solo rompiendo el centralismo tradicional, la tecnología cumplirá su promesa de convertirse en una herramienta de inclusión real para todo el territorio peruano.
