Perú acelera el control fiscal para bitcoin y las criptomonedas

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de Perú está acelerando sus planes para supervisar de forma fiscal las operaciones con bitcoin (BTC) y criptomonedas en el país.

El organismo se encuentra trabajando en un marco normativo multisectorial que le permita recibir información detallada sobre el movimiento de estos instrumentos. El objetivo principal de esta medida es identificar posibles evasiones tributarias y regular las rentas no declaradas en el entorno financiero digital.

De acuerdo con declaraciones de Javier Franco Castillo, jefe de la Sunat, el desarrollo de esta normativa responde a un esfuerzo conjunto en América Latina para fortalecer el intercambio de información financiera. Franco Castillo señaló que el organismo ya se encuentra preparado a nivel operativo para ejecutar el control.

La meta de la institución es tener aprobada la norma de recaudación de datos durante el segundo semestre de este año, coincidiendo con un próximo cambio de gobierno y un plan de simplificación del sistema tributario.

“Perú está muy avanzado en la parte operativa, Sunat ya está preparada. Pero, lo que se está trabajando, porque es una norma multisectorial, es en los marcos normativos. Nosotros esperamos que a partir del segundo semestre se pueda recoger ello, tener ya la norma para recibir información de criptoactivos y trabajar en la identificación de posibles evasiones tributarias”, dijo.

El avance de esta regulación se produce en un contexto de creciente adopción de monedas digitales en el territorio peruano. Según datos de Chainalysis, el país inca ostenta el puesto 34° de su índice de adopción global de criptomonedas, por encima de otras naciones como Bolivia, Panamá o Guatemala.

Además, el uso de bitcoin como herramienta de intercambio diario y reserva de valor se ha arraigado en economías locales de comunidades como Quebrada Verde, Huayopata, Huanchaco y Tarapoto. En estas regiones, el activo digital ha dejado de ser un elemento meramente especulativo para transformarse en un componente de la economía cotidiana.

De la fiscalización informativa al Impuesto a la Renta

El proyecto actual de la Sunat representa la continuidad de una estrategia orientada a gravar la economía digital, cuyos antecedentes se remontan a principios de 2025. En ese momento, bajo la gestión del anterior titular del organismo, Víctor Mejía, se comenzó a evaluar la aplicación del Impuesto a la Renta a las ganancias obtenidas con activos digitales, en paralelo con los tributos implementados a los servicios de streaming y a las apuestas en línea, tal como informó CriptoNoticias.

Por tanto, la nueva normativa obligaría a reportar los movimientos con activos digitales, lo que sentaría las bases técnicas para una futura estructura impositiva. No obstante, la Sunat deberá determinar los criterios para definir en qué momento las ganancias derivadas de criptomonedas se consideran ingresos, cómo clasificar estas operaciones dentro de las Rentas de Capital y de qué manera tributará la actividad de la minería digital.

Si los plazos se cumplen, las autoridades proyectan que la aplicación efectiva de un impuesto específico sobre los activos digitales sea viable para el año 2027.

En todo caso, la iniciativa de fiscalización de la Sunat expone un claro contraste ideológico y operativo con la filosofía de uso que promueven diversas organizaciones y comunidades en el país.

Entidades como MOTIV Perú, orientadas al desarrollo de economías basadas en bitcoin, impulsan el uso del activo digital bajo la premisa de mantener el valor financiero dentro de circuitos locales y de forma independiente de las estructuras estatales centralizadas. Así lo expresó a este medio Franco Granja, líder comunitario de esa organización, a inicios de mayo de este año.

El ecosistema de activos digitales en Perú se enfrenta ahora a un periodo de transición. Mientras las comunidades locales buscan expandir la adopción de bitcoin como una herramienta de soberanía financiera y comercio directo, el Estado busca cerrar las brechas de evasión e incorporar estas finanzas alternativas a su sistema de recaudación.

Por lo que el desafío para el gobierno peruano a partir de la segunda mitad de este año no será solo la recolección de los datos, sino el diseño de un esquema impositivo que sea técnicamente aplicable a un entorno diseñado que ya aprendió a funcionar sin intermediarios.