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Gama asegura que si la Ley Clarity se aprueba, impactará de manera positiva en Latinoamérica.
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Mesri considera que el usuario minorista sentirá los efectos de Clarity pero a largo plazo.
La aprobación de la Ley Clarity entró en una etapa decisiva en el Congreso de Estados Unidos. Con el receso de verano en la puerta, la fecha clave fijada para su discusión en el pleno es antes del próximo 7 de agosto.
De no concretarse un acuerdo antes de ese límite, la votación quedaría postergada para septiembre, un escenario que complica su avance legislativo debido a la cercanía de las elecciones de medio término y la reorganización de la agenda política.
A pesar de los constantes retrasos que ha sufrido el proyecto a lo largo de su tramitación, el liderazgo político muestra intenciones de acelerar el proceso. En ese sentido, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, confirmó a Fox News esta semana que la Ley Clarity recibirá una votación en el Senado antes del receso de agosto, lo que devuelve la atención de los mercados financieros y tecnológicos hacia el Capitolio.
Sin embargo, esta es la fecha y todavía no hay nada agendado respecto a la legislación en la Cámara Alta estadounidense. Se abren entonces incógnitas importantes: ¿es realmente necesaria la Ley Clarity? ¿Le interesa de verdad a la cúpula política de EE. UU.?
Para responderlas, CriptoNoticias se puso en contacto con los representantes de dos de los exchanges con mayor presencia en Latinoamérica. Se trata de Carolina Gama, country manager para Argentina de Bitget, y Patricio Mesri, country manager para Latinoamérica de Bybit.
Ambos coincidieron en que el principal valor de la legislación radica en reducir la incertidumbre jurídica para las empresas, aunque expusieron matices sobre la protección directa al inversionista individual.
Operando con mayor previsibilidad
Para Gama, el problema de fondo reside en la falta de adecuación de las herramientas normativas vigentes, y de ahí la importancia y necesidad de la regulación estadounidense.
«Las regulaciones actuales fueron pensadas para mercados tradicionales y hoy generan muchas zonas grises cuando se aplican a los activos digitales. La Ley Clarity busca justamente dar mayor claridad sobre cómo clasificar estos activos y qué organismo debe supervisarlos», afirmó la ejecutiva a CriptoNoticias.
Añadió además que «contar con reglas claras reduce la incertidumbre y permite que empresas, inversores y usuarios operen con mayor previsibilidad».
Sin embargo, la representante de Bitget advirtió sobre los riesgos de un exceso burocrático para las empresas emergentes, lo que podría suponer trabas para el desarrollo del sector.
En principio, un marco regulatorio claro suele favorecer la innovación porque brinda mayor seguridad jurídica y facilita la llegada de inversión institucional. El desafío estará en la implementación: si las exigencias de cumplimiento terminan siendo demasiado complejas o costosas, podrían dificultar el crecimiento de proyectos más pequeños.
Carolina Gama, country manager para Argentina de Bitget.

Por su parte, Patricio Mesri centró su análisis en la distinción entre el mercado corporativo y el usuario común. Según el country manager de Bybit Latinoamérica, la regulación actual cubre las necesidades del usuario final, pero genera limitaciones en el ámbito empresarial. Por eso resalta la necesidad de la Ley Clarity.
«Las reglas actuales que tenemos sirven siempre para el usuario final, el usuario retail, el usuario de a pie. Pero todo lo que es empresas, grandes inversores, tienen siempre problemas contables que la regulación local tal vez no termina de solucionar. Entonces, la Ley Clarity te viene a permitir que esos que están afuera permitan invertir», explicó el directivo.
Mesri añadió que al usuario común «no le va a cambiar nada» con la Ley Clarity a corto plazo. A largo, de hecho, sostuvo que estos podrían llegar a sentir un «efecto residual». «Pero no le afectará directamente», enfatizó.
Respecto a la protección al usuario a partir de la Ley Clarity, Mesri se mostró escéptico sobre los aportes reales del texto legislativo estadounidense frente a las medidas autonómicas que aplican las plataformas de criptomonedas.
Viendo la Ley Clarity, no encontré algo que diga que va a proteger más al usuario. Trata de reducir alguna incertidumbre muy por arriba, aclarar qué riesgos existen cuando operas, pero nada que actualmente los exchanges ya no hagan, independientemente de que exista la ley o no.
Patricio Mesri, country manager para Latinoamérica de Bybit.
¿La Ley Clarity será beneficiosa para Latinoamérica?
En el plano latinoamericano, Gama y Mesri coincidieron en que el marco normativo estadounidense funcionará como un faro de referencia.
Gama señaló que para países más pequeños «la claridad normativa en EE. UU. desbloquea esa traba operativa» vinculada a las corresponsalías bancarias, aunque recordó que naciones como Argentina han avanzado por cuenta propia con normativas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Mesri acotó que el impacto en la región será muy focalizado, principalmente en empresas con filiales en Estados Unidos, dado que varios países latinoamericanos ya presentan avances significativos en la adopción de activos digitales.
Desde la óptica del directivo, Latinoamérica «está bastante más avanzada» que EE. UU. en materia de regulación de criptomonedas. «Es Estados Unidos el que se está poniendo más en marcha para tratar de ser como la nueva meca de cripto», afirmó.

La necesidad de un equilibrio entre supervisión y desarrollo tecnológico
El debate en torno a la necesidad de la Ley Clarity deja en evidencia la transición que atraviesa la industria de los activos digitales.
La búsqueda de legitimidad institucional exige avances en materia de supervisión, pero un marco excesivamente rígido corre el riesgo de ahogar la agilidad técnica que dio origen a esta tecnología.
El impacto diferido que anticipan los especialistas de Bitget y Bybit sugiere que la promulgación de la norma no alterará de la noche a la mañana la experiencia cotidiana del usuario de a pie. No obstante, la alineación entre reguladores estadounidenses y grandes gestores de fondos confirma que la infraestructura de Bitcoin se encamina hacia una integración paulatina y formal con el sistema financiero global.
De manera que el éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de los legisladores para coordinar las competencias de los reguladores sin imponer cargas operativas inviables.
Aunque parece claro que la Ley Clarity no transformará de forma inmediata la operativa minorista, la industria coincide en la idea de que su aprobación es clave para destrabar la inversión institucional y ofrecer un marco de previsibilidad legal que repercutirá en todo el ecosistema global.








