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Hasta la fecha, 79 compañías del sector de criptomonedas han sido registradas por la CNV Argentina.
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Para Bitget, este registro “respalda una presencia de largo plazo” en Argentina y Latinoamérica.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina incorporó formalmente al exchange de bitcoin (BTC) y criptomonedas Bitget a su registro oficial de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), sumando una plataforma más para que los argentinos operen con activos digitales de manera legalizada.
Con esta aprobación, la empresa se convierte en la entidad número 78 en completar el trámite obligatorio en el país, consolidando un total de 79 compañías del sector que se encuentran inscritas ante el regulador local hasta la fecha, según los propios datos internos del organismo.
La medida inscribe a la firma dentro del marco normativo vigente y la establece como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La decisión del operador global de regularizar su situación en el país suramericano responde a una estrategia de expansión regional en América Latina, que sigue a pasos similares dados en jurisdicciones como México.
De acuerdo con los datos suministrados por la empresa, la alta adopción de los activos digitales en la economía cotidiana de Argentina, donde se estima que cerca del 20% de la población utiliza estas herramientas y más de 15.000 comercios aceptan pagos con estos instrumentos, convierte al mercado local en un punto clave para asegurar la permanencia operativa a largo plazo.
Gracy Chen, CEO de la plataforma, señaló que los marcos regulatorios para las monedas digitales continúan desarrollándose en toda la región, lo que incrementa la relevancia del cumplimiento normativo para las empresas del sector.
La ejecutiva afirmó, en una nota de prensa enviada a la redacción de CriptoNoticias, que Argentina representa un mercado destacado dentro del ecosistema de América Latina y que la firma mantiene el compromiso de alinearse con los requisitos locales para sostener su actividad en el tiempo.
Otros grandes exchanges de bitcoin registrados en Argentina
El proceso para obtener la licencia de PSAV en Argentina exige que las empresas interesadas presenten una serie de requisitos formales ante la CNV, los cuales incluyen la acreditación de la personería jurídica, la identificación de los beneficiarios finales y la implementación de manuales estrictos de políticas de cumplimiento y control de riesgos.
Otras plataformas de relevancia internacional ya han completado este proceso en los meses previos, adaptándose a las normativas de fiscalización que el Estado argentino viene implementando para supervisar los flujos de capitales en el entorno virtual. Destacan entre estas empresas registradas en Argentina los exchanges Binance, Bitfinex, Bitso, Bit2Me, BuenBit, BitBase y Bybit.
Este avance en la regularización institucional ocurre en medio de un debate constante dentro del ecosistema de los activos digitales en el país. Por una parte, las corporaciones y los proveedores de servicios financieros defienden la formalización argumentando que la fiscalización otorga seguridad jurídica, mitiga los riesgos de fraude y abre las puertas a la llegada de capitales institucionales que dinamizan el sector.
Por otra parte, los usuarios alineados con la filosofía original de Bitcoin y los sectores defensores de la privacidad financiera expresan su preocupación ante el endurecimiento de los controles.
Desde esta perspectiva, se argumenta que la obligación de reportar información sensible a la UIF y el cruce de datos fiscales con los organismos estatales desvirtúan la naturaleza descentralizada de bitcoin, una tecnología concebida originalmente para operar sin la necesidad de intermediarios centralizados ni vigilancia estatal.
Con esta nueva incorporación, el mercado argentino profundiza su tendencia hacia la institucionalización. Las plataformas globales continúan eligiendo la vía de la adaptación a los marcos normativos de los Estados para garantizar su continuidad operativa, en un intento por equilibrar las demandas de supervisión de los organismos públicos con la creciente adopción masiva de las monedas digitales por parte de la población.
