Panameños debaten sobre bitcoin en medio de la incertidumbre regulatoria

La Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá congregó a miembros del sector público y privado para discutir el tema de la presencia de bitcoin (BTC) y las criptomonedas en el país centroamericano, ante un escenario de incertidumbre en la regulación del sector.

El encuentro llamado “Criptofinance”, estuvo enfocado en la necesidad de identificar las bases para una estructura regulatoria adecuada para la industria en la nación centroamericana, tal como informó la prensa local.

La actividad estuvo encabezada por Rodrigo Icaza, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain de Panamá, quien centró la reunión en el proyecto de ley 697 (también llamada Ley Cripto), el cual se encuentra en espera de un fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Mientras los panameños están a la espera del pronunciamiento de la justicia, desde la Cámara de Comercio generan “espacios de educación, análisis y discusión con el fin de desarrollar una industria de criptomonedas y blockchain sólida que beneficie al país”, dijo Icaza.

A juicio de Icaza, es de suma importancia que Panamá cuente con un marco regulatorio para “superar los vacíos legales que existen en este momento”, ya que esto les permitiría conocer “cómo regular sin restringir la innovación y su impacto positivo en el desarrollo en el país”.

Además del tema regulatorio, también fueron abordados otras áreas como la relación de los bancos con las criptomonedas, la regulación tributaria panameña ante el desarrollo y expansión de las criptomonedas, así como cumplimiento y transparencia financiera con las criptomonedas.

Ley Cripto fue vetada dos veces

El proyecto de ley 697, que busca regular la Comercialización y Uso de Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, fue vetado por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, en enero de este año, como lo reportó CriptoNoticias.

El argumento de Cortizo para vetar la ley, es que es inexequible (que no se puede aplicar) por razones de “fondo y forma”.

El mandatario panameño ya había vetado la ley en una primera oportunidad, en 2022, en ese momento justificó la acción, porque encontró vacíos legales respecto a definiciones de importancia sobre las actividades y los términos que forman parte del ecosistema.