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El anteproyecto propone un alto capital para el funcionamiento legal de pequeñas empresas emergentes
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Una propuesta que deberá pasar por las manos del congreso mexicano y ser sometida a modificaciones.
México se ha convertido en uno de los grandes competidores del mercado de las tecnologías financieras, figurando en la industria en conjunto con Estados Unidos, Brasil, Argentina y China. Esta nación latinoamericana apuesta por convertirse en un centro de innovación Fintech, en donde tanto el sector mercantil como las entidades gubernamentales financien y promuevan el uso de servicios tecnológicos como las herramientas blockchain, los criptoactivos, la inteligencia artificial y la asesoría digital, entre otros.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP), 160 organizaciones alrededor de la nación se dedican al sector de las tecnologías financieras, beneficiando a 540 mil usuarios activos en todo México y generando ganancias crediticias de más de mil millones de pesos. Un oleaje de emprendimiento que ha dado frutos sustanciosos en el mundo financiero regional y ha impulsado el interés por nuevas e innovadoras propuestas financieras, como lo son Bitcoin y las criptomonedas en general.
En el caso particular de las monedas criptográficas, México se ha caracterizado por un palpitante ecosistema que se encuentra en constante desarrollo y que tiene como objetivo principal convertirse en una alternativa para la población desbancarizada y un nuevo método financiero para los grandes y pequeños inversionistas del país. De esta manera, la nación cuenta con un variopinto mercado de casas de cambio, plataformas peer-to-peer y cajeros automáticos que buscan posicionar el uso de las criptomonedas.
La emergente industria Fintech mexicana, que prevé cada día un mayor impacto en todo el territorio, ahora se enfrenta a la necesidad de constituir un piso regulatorio que impulse la adopción a nivel nacional y salvaguarde la inversión de los usuarios.
Este panorama ha dado sus respuestas gracias al trabajo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México, así como personeros y organizaciones del mundo Fintech, quienes han trabajado desde inicios del 2017 para la constitución de la primera Ley de Tecnología Financiera de América Latina; convirtiendo al Estado mexicano en vanguardia internacional en dicho sector.
A continuación analizaremos a profundidad las implicaciones y alcances de este anteproyecto de ley Fintech en el ecosistema de los criptoactivos y en la industria tecnológica en general:
Una ley para impulsar la adopción
El anteproyecto esbozado a inicios de año, y que se espera sea presentado al Congreso de México este mes de septiembre, ha tenido la misión de convertirse en una plataforma legal para facilitar el uso de servicios financieros tecnológicos y proteger a los usuarios de esta industria. Modelo que se ha basado en otras propuestas a nivel internacional, como las de Inglaterra y Canadá, que aunque son proyectos regulatorios escasos y experimentales han logrado equilibrar y tomar en cuenta las necesidades del sector.
De esta manera, el plan de ley abarca reconocimiento legal para soluciones tecnológicas dedicadas a los pagos electrónicos, actividades y plataformas de financiamiento colectivo, empresas de asesoría digital e incluso implementación de APIS (interfaz de programación de aplicación) de formato abierto y transparente en el área empresarial.
Sin embargo, aunque en un principio la ley planeaba reconocer y regular los activos virtuales, es decir, las monedas criptográficas como Bitcoin; recientemente en el mes de agosto las autoridades declararon que los criptoactivos no estarían incluidos en el proyecto legislativo considerando que no hay necesidad de establecer un único marco legal por los momentos.
¿Qué paso con las criptomonedas? ¿Por qué se excluyeron de la ley Fintech? Principalmente las autoridades mercantiles no sólo de México, sino a nivel internacional, perciben que las monedas criptográficas todavía no están preparadas ni han llegado a un nivel de maduración tal para enfrentar una regulación y reconocimiento jurídico nacional, así como tampoco poseen una infraestructura para poner en práctica dichas regulaciones como es el caso de una autoridad encargada de monitorear y penalizar dichos servicios.
En complemento con esta posición, los entes regulatorios mexicanos también consideran que los servicios de Bitcoin no dependen por los momentos de una regulación, ya que la criptomoneda funciona sin la necesidad de un piso legal.
No obstante, estos organismos no tienen la misma concepción a la hora de hablar de criptoactivos y lavado de dinero, ya que en este tema en particular personeros del gobierno, como es el caso de Bernardo González, titular de la Unidad de Banca y Ahorro del SHCP, han confirmado intenciones gubernamentales de aplicar regulaciones anti-lavado de dinero (AML) a los servicios de venta de criptomonedas:
Del lado del Bitcoin tenemos la preocupación con el Banco de México de que haya controles sobre lavado de dinero, por lo que si habrá previsiones sobre la compra-venta de estas monedas, pero no necesariamente una figura prudencial y regulada para activos virtuales.
Bernardo González
Titular de la Unidad de Banca y Ahorro
Luego de esta modificación legal realizada a último minuto, las criptomonedas quedaron fuera del marco regulatorio que se vislumbraba como una oportunidad de oro para encumbrar su uso. Decisión que obviamente tiene tanto sus fuertes como positivas implicaciones en el ecosistema Bitcoin.
Implicaciones
El primer pronóstico que se puede arrojar ante la exclusión de las monedas criptográficas de la ley Fintech, es que a menor reconocimiento legal también es menor la adopción de las herramientas tecnológicas a nivel nacional. Por lo cual no se prevé un aumento generalizado y abrupto del mercado de las criptomonedas en México como si ha ocurrido en Japón, nación que reconoció al bitcoin como método de pago en abril de este año.
Empresarios, inversionistas, personeros del gobierno y usuarios comunes apuestan por un marco legal que les brinde seguridad financiera y estabilidad jurídica a la hora de usar o adoptar una herramienta financiera. Si el bitcoin y las tecnologías blockchain en general no poseen un reconocimiento en las leyes del país la adopción a nivel empresarial y gubernamental se verá frenada.
No obstante, no todo es negativo. El mercado de criptoactivos es una industria joven que ha emergido recientemente, por lo cual necesita tiempo para desarrollarse, madurar y estabilizarse. Expertos en el tema consideran que el único acercamiento legal que no afectaría el desarrollo de las herramientas blockchain es la aplicación de regulaciones flexibles o la espera monitoreada del desarrollo de las tecnologías de contabilidad distribuida antes de aplicar miramientos legales, ya que una regulación demasiado estricta podría detener o socavar la innovación.
Claro está que el panorama de la ley Fintech de México todavía no parecer cuajar del todo, ya que aunque la medida busca convertirse en un colchón para ayudar a las empresas tecnológicas, la propuesta no sólo tiene deficiencias en el sector de criptoactivos sino que también ha presentado algunos inconvenientes para las startups.
El anteproyecto propone un alto capital para el funcionamiento legal de las pequeñas empresas emergentes, medida que busca asegurar la inversión de los usuarios, pero que también podría disminuir las posibilidades de crecimiento e innovación en el sector Fintech en vista de que no todos los emprendedores poseen un fondo fuerte para iniciar proyectos en la industria.
Hay que tomar en cuenta que la ley de tecnología financiera todavía es una propuesta que deberá pasar por las manos del congreso mexicano y que podrá verse sometida a muchas otras modificaciones.
Asimismo, es poco lo que se ha trabajado a nivel internacional en materia de leyes sobre tecnología financiera, por lo cual es un tema innovador en donde se tiene muy poca experiencia y en donde se deberá esperar a mayores discusiones e investigaciones para acordar leyes que favorezcan a todas las partes. Panorama que no pareciera vislumbrarse a corto plazo en México ni en ningún otro lugar del mundo, con excepción tal vez de Inglaterra.
