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Las regulaciones aplican a las empresas que residen en España o que tengan oficinas en ese país.
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Hay sanciones para las empresas que no acaten la normativa, aprobada el año pasado.
Los exchanges de bitcoin (BTC) de España son los más desfavorecidos por la ley antifraude. La normativa pone a estas empresas nacionales en serías desventajas frente a las internacionales, que están exentas de algunas responsabilidades tributarias.
La Ley Antifraude, defendida por el Ministerio de Hacienda y que ahora abarca a las criptomonedas, exime de responsabilidades tributarias y regulatorias a exchanges centralizados y extranjeros, como Binance y Coinbase. La historia es contraria en los casos de Bit2Me o 2gether, que tienen su sede en territorio español.
La ley establece, por ejemplo, que los exchanges de bitcoin tienen que enviar los datos de los saldos en monedas virtuales de los clientes, así como cualquier otra operación relacionada, como compra, envío, transferencia y resguardo. Esto también aplica para las personas que realizan ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.
“Se introduce una obligación de suministro de información sobre los saldos que mantienen los y las titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de otras personas o entidades para salvaguardar claves criptográficas privadas que posibilitan la tenencia y utilización de tales monedas, incluidos los proveedores o las proveedoras de servicios de cambio de las citadas monedas si también prestan el mencionado servicio de tenencia”.
Ley Antifraude, España, 2021.
Toda la información tiene que ser elevada a la Agencia Tributaria y, de nuevo, aplica a las empresas residentes en España y otras compañías extranjeras con sede permanente en el país, es decir, que tengan oficinas.
Por tanto, las compañías que operen de manera virtual, como bien lo hacen Binance o Coinbase con sus aplicativos, están fuera de estas obligaciones.
Y hay sanciones. El no acatamiento de la norma deriva en multas para las empresas implicadas. Según el documento, ya hay sanciones que van, por lo menos, desde los 5.000 euros por los datos de cada criptomoneda que se debió haber registrado. Lo mismo si se proporcionó información falsa, inexacta o incompleta.
Hacienda podría pedirte información
La regulación en España, como se comentó, ya tiene tiempo. Si bien ahora se menciona a los exchanges, en un primer momento la exigencia de declaración se posó sobre los ahorristas de bitcoin.
En diciembre pasado, el Ministerio de Hacienda comenzó a solicitar información a varios individuos que detallen su posesión de criptoactivos durante los ejercicios de los últimos cuatro años, hecho reportado por CriptoNoticias.
La solicitud de información aplicó a unos contribuyentes seleccionados, no a todos. En la declaración, se les solicitó a estas personas que aclarasen qué saldo de criptoactivos han tenido en sus haberes desde 2017 a la fecha durante cada año.
José Antonio Bravo Mateu, abogado tributarista, habló con CriptoNoticias sobre esto. Explicó que las competencias de recaudación del Impuesto sobre Patrimonio, que es el que grava la propiedad de bienes y derechos, están cedidas en España a las comunidades autónomas.
Binance y Coinbase, a la lista gris
Que la ley antifraude exente a los dos exchanges de criptomonedas más grandes del mercado, no significa que España no quiera regularlos. En noviembre, CriptoNoticias reportó que estas casas de intercambio formaban parte de lista gris de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de ese país.
o enfrentar cuantiosas multas. Fuente: Bit2Me.
En la lista figuraban también Kucoin, Kraken y LocalBitcoins. ¿Las razones? No estaban registradas en su sistema y estaban operando sin su previa autorización.
La lista está conformada por 89 empresas que no cuentan con el aval del ente regulador para prestar servicios relacionados con Bitcoin. Cabe aclarar que estar dentro de la lista no deriva en prohibiciones, ni bloqueos de sitios webs. Solamente significa que no tienen autorización de la CNMV.
La regulación española es un hecho. Adaptándose a la ley MiCA, recientemente adoptada por el Consejo de la Unión Europea, ese país va con paso decidido a la elaboración de un marco que dará piso jurídico a la nueva economía, que ya venía operando, incluso, antes de que llegara algún intento por regularla.
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