Hechos clave:
-
Las regulaciones aplican a las empresas que residen en EspaƱa o que tengan oficinas en ese paĆs.
-
Hay sanciones para las empresas que no acaten la normativa, aprobada el aƱo pasado.
Los exchanges de bitcoin (BTC) de EspaƱa son los mĆ”s desfavorecidos por la ley antifraude. La normativa pone a estas empresas nacionales en serĆas desventajas frente a las internacionales, que estĆ”n exentas de algunas responsabilidades tributarias.
La Ley Antifraude, defendida por el Ministerio de Hacienda y que ahora abarca a las criptomonedas, exime de responsabilidades tributarias y regulatorias a exchanges centralizados y extranjeros, como Binance y Coinbase. La historia es contraria en los casos de Bit2Me o 2gether, que tienen su sede en territorio espaƱol.
La ley establece, por ejemplo, que los exchanges de bitcoin tienen que enviar los datos de los saldos en monedas virtuales de los clientes, asĆ como cualquier otra operaciĆ³n relacionada, como compra, envĆo, transferencia y resguardo. Esto tambiĆ©n aplica para las personas que realizan ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.
āSe introduce una obligaciĆ³n de suministro de informaciĆ³n sobre los saldos que mantienen los y las titulares de monedas virtuales, a cargo de quienes proporcionen servicios en nombre de otras personas o entidades para salvaguardar claves criptogrĆ”ficas privadas que posibilitan la tenencia y utilizaciĆ³n de tales monedas, incluidos los proveedores o las proveedoras de servicios de cambio de las citadas monedas si tambiĆ©n prestan el mencionado servicio de tenenciaā.
Ley Antifraude, EspaƱa, 2021.
Toda la informaciĆ³n tiene que ser elevada a la Agencia Tributaria y, de nuevo, aplica a las empresas residentes en EspaƱa y otras compaƱĆas extranjeras con sede permanente en el paĆs, es decir, que tengan oficinas.
Por tanto, las compaƱĆas que operen de manera virtual, como bien lo hacen Binance o Coinbase con sus aplicativos, estĆ”n fuera de estas obligaciones.
Y hay sanciones. El no acatamiento de la norma deriva en multas para las empresas implicadas. SegĆŗn el documento, ya hay sanciones que van, por lo menos, desde los 5.000 euros por los datos de cada criptomoneda que se debiĆ³ haber registrado. Lo mismo si se proporcionĆ³ informaciĆ³n falsa, inexacta o incompleta.
Hacienda podrĆa pedirte informaciĆ³n
La regulaciĆ³n en EspaƱa, como se comentĆ³, ya tiene tiempo. Si bien ahora se menciona a los exchanges, en un primer momento la exigencia de declaraciĆ³n se posĆ³ sobre los ahorristas de bitcoin.
En diciembre pasado, el Ministerio de Hacienda comenzĆ³ a solicitar informaciĆ³n a varios individuos que detallen su posesiĆ³n de criptoactivos durante los ejercicios de los Ćŗltimos cuatro aƱos, hecho reportado por CriptoNoticias.
La solicitud de informaciĆ³n aplicĆ³ a unos contribuyentes seleccionados, no a todos. En la declaraciĆ³n, se les solicitĆ³ a estas personas que aclarasen quĆ© saldo de criptoactivos han tenido en sus haberes desde 2017 a la fecha durante cada aƱo.
JosĆ© Antonio Bravo Mateu, abogado tributarista, hablĆ³ con CriptoNoticias sobre esto. ExplicĆ³ que las competencias de recaudaciĆ³n del Impuesto sobre Patrimonio, que es el que grava la propiedad de bienes y derechos, estĆ”n cedidas en EspaƱa a las comunidades autĆ³nomas.
Binance y Coinbase, a la lista gris
Que la ley antifraude exente a los dos exchanges de criptomonedas mĆ”s grandes del mercado, no significa que EspaƱa no quiera regularlos. En noviembre, CriptoNoticias reportĆ³ que estas casas de intercambio formaban parte de lista gris de la ComisiĆ³n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de ese paĆs.
En la lista figuraban tambiĆ©n Kucoin, Kraken y LocalBitcoins. ĀæLas razones? No estaban registradas en su sistema y estaban operando sin su previa autorizaciĆ³n.
La lista estĆ” conformada por 89 empresas que no cuentan con el aval del ente regulador para prestar servicios relacionados con Bitcoin. Cabe aclarar que estar dentro de la lista no deriva en prohibiciones, ni bloqueos de sitios webs. Solamente significa que no tienen autorizaciĆ³n de la CNMV.
La regulaciĆ³n espaƱola es un hecho. AdaptĆ”ndose a la ley MiCA, recientemente adoptada por el Consejo de la UniĆ³n Europea, ese paĆs va con paso decidido a la elaboraciĆ³n de un marco que darĆ” piso jurĆdico a la nueva economĆa, que ya venĆa operando, incluso, antes de que llegara algĆŗn intento por regularla.