-
Cuatro demócratas clave bloquean el debate exigiendo blindar la ley contra el lavado de dinero.
-
Mientras la Casa Blanca alega total transparencia, el texto bajo revisión exime al presidente.
La cuenta atrás para que el proyecto Clarity se convierta en ley sigue en marcha. El Senado de los Estados Unidos entra en la semana clave del 20 de julio de 2026 con las negociaciones completamente congeladas y sin una fecha de votación confirmada para esta propuesta, diseñada para establecer el marco legal del funcionamiento de la industria de bitcoin (BTC) y criptomonedas en territorio estadounidense.
El mercado predictivo Polymarket refleja el escepticismo. La probabilidad de que la ley se convierta en ley en 2026 es del 31% al momento de la redacción de esta nota, un desplome desde el 82% que marcaba antes de que se publicara la primera declaración financiera de Donald Trump como presidente de la nación norteamericana.
Si el texto no llega al pleno en los próximos 14 días hábiles, la ventana legislativa se cerrará hasta después de las elecciones de medio término de noviembre.
El origen del colapso: los ingresos de Trump bajo la lupa
La parálisis se gesta desde la declaración financiera obligatoria de Trump, publicada el 1 de julio por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE). El documento de 927 páginas reveló que el gobernante obtuvo USD 1.400 millones en ingresos vinculados a criptomonedas durante su primer año de regreso a la Casa Blanca.
Sus ingresos totales en 2025 ascendieron a USD 2.200 millones, muy por encima de los USD 600 millones declarados en 2024. El informe detalla que USD 635 millones provinieron de regalías de la memecoin $TRUMP y más de USD 500 millones de World Liberty Financial (WLF), una empresa fundada por sus hijos. Desde entonces, los inversores han venido reaccionando al dilema ético que ha encallado en el Congreso.
El punto de fricción central es una disposición exigida por los demócratas. Exigen prohibir que el presidente, vicepresidente y miembros del Congreso se beneficien de activos digitales mientras estén en sus cargos públicos.
Para defender la transparencia, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dice que no hay de qué preocuparse porque el dinero de Trump está en un fideicomiso (un fondo) que manejan sus hijos. Con esto intentan dar una imagen de: «miren, somos transparentes, el presidente no toca ese dinero directamente».
Pero la realidad es otra porque le ley tiene un vacío legal. Es porque en Estados Unidos existe la normativa de 1978 (la Ley de Ética en el Gobierno) que obliga a los funcionarios públicos a vender sus acciones o poner sus negocios en un «fideicomiso ciego» (manejado por un extraño, no por sus hijos) para que sus decisiones políticas no los beneficien económicamente. Pero esa ley excluye explícitamente al presidente y al vicepresidente.
Sin embargo, el 15 de julio, una reunión a puerta cerrada en la Oficina Oval con Trump, las senadoras Cynthia Lummis, Bernie Moreno y la jefa de gabinete Susie Wiles concluyó sin una postura clara de la administración sobre estos parámetros éticos.
El problema para los republicanos es puramente numérico. Aunque controlan 53 escaños en el Senado, necesitan convencer a por lo menos 7 demócratas para desactivar un posible bloqueo legislativo, y ahora mismo no tienen esos votos.
Cuatro demócratas clave tienen la llave. Ellos son Ruben Gallego y Angela Alsobrooks no darán el «sí» sin una cláusula ética estricta, mientras que Mark Warner y Catherine Cortez Masto exigen atender las alertas del Oficina Federal de Investigación (FBI) y las fuerzas del orden.
La policía advierte que el texto actual de la ley debilita los controles de identidad, lo que facilitaría a los carteles y redes criminales usar criptomonedas para el lavado de dinero y el financiamiento ilícito de forma indetectable.
El coste político de la cláusula ética
La senadora demócrata Elizabeth Warren, miembro del Comité Bancario del Senado, destaca como una de las críticas más feroces del proyecto de ley. Warren lo califica como una iniciativa impulsada por la industria que pone en riesgo a consumidores e inversores. De hecho, recientemente exigió la declaración pública de las ganancias en criptomonedas antes de iniciar el debate, junto con enmiendas más severas para garantizar la ética y la protección del mercado.
En el lado opuesto, Summer Mersinger, CEO de la Blockchain Association, el principal grupo de cabildeo de criptomonedas en Washington, impulsa activamente el texto. El 16 de julio de 2026, Mersinger argumentó en un artículo de opinión que «Clarity es el esfuerzo más importante en materia de protección al consumidor en años» y que los usuarios no deberían esperar a que ocurra otra crisis para recibir salvaguardas.
La ejecutiva se mostró «99 % segura» de que el proyecto se votará en el Senado y pidió no descarrilar la iniciativa por disputas éticas, mientras avanza con las negociaciones.
¿Beneficia Trump a EE. UU. o a su propio bolsillo?
El Senado tiene 14 días hábiles antes del receso de agosto. Si el proyecto Clarity no se aprueba para convertirse en ley antes de entonces, la próxima oportunidad podría no llegar hasta después de las elecciones de medio término de noviembre.
El escenario presenta una tensión inédita entre la política industrial y el enriquecimiento personal. Trump convirtió su apoyo a las criptomonedas en un pilar de su agenda, pero la coincidencia entre su política regulatoria y sus ganancias personales plantea una pregunta incómoda: ¿las decisiones de su administración benefician realmente a EE. UU. o a su propio patrimonio?
¿Hay margen real para consensuar la cláusula ética antes del receso parlamentario? Si la respuesta es negativa, el 31% de Polymarket tocará fondo pronto. Más allá de las proyecciones, el verdadero riesgo es técnico porque un retraso ahora obligará a renegociar el texto desde cero en la siguiente legislatura, diluyendo el apoyo de los sectores que hoy la impulsan.
