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La ley CLARITY avanzó con apoyo bipartidista en comités antes de llegar a la negociación actual.
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Republicanos y demócratas coinciden en regular el sector, pero discrepan sobre los controles éticos.
Donald Trump se reunirá este 16 de julio con senadores para intentar destrabar las disposiciones éticas de la ley CLARITY, una de las iniciativas más importantes para regular los activos digitales en Estados Unidos. El encuentro busca acercar posiciones antes del receso legislativo de agosto, mientras demócratas y republicanos mantienen un fuerte desacuerdo sobre las restricciones que deberían imponerse a los altos funcionarios con intereses en este mercado.
La ley CLARITY busca establecer un marco regulatorio para los activos digitales mediante una división de competencias entre la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La primera supervisaría los activos digitales considerados materias primas, mientras que la segunda conservaría la autoridad sobre aquellos que se clasifiquen como contratos de inversión durante su emisión. El proyecto también incorpora normas para las plataformas de intercambio, requisitos de divulgación, protección de fondos de clientes y medidas contra el lavado de dinero.
Vale resaltar que, como reportó CriptoNoticias, la iniciativa ya superó varias etapas legislativas. Fue aprobada en comités de la Cámara de Representantes durante 2025 y avanzó en mayo de 2026 en el Comité Bancario del Senado con apoyo bipartidista. Entre sus principales impulsoras figura la senadora Cynthia Lummis, quien ha defendido la necesidad de dotar al país de reglas claras para el desarrollo del sector.
El debate ético amenaza con frenar la regulación
El principal obstáculo para la aprobación de la ley CLARITY ya no es su contenido regulatorio, sino las normas sobre conflictos de interés. Los legisladores demócratas sostienen que el proyecto no establece suficientes salvaguardas frente a la participación de altos funcionarios en el mercado de los activos digitales. Sus críticas apuntan especialmente a Trump y a su entorno, a quienes vinculan con distintos proyectos del sector.
Por ello, buscan prohibir expresamente que el presidente, el vicepresidente, miembros del Congreso y sus familiares directos puedan poseer, promover o beneficiarse económicamente de estos activos mientras permanezcan en sus cargos. Durante el debate en comité, una enmienda demócrata para endurecer estas restricciones fue rechazada, manteniendo abierto el desacuerdo entre ambas bancadas.
Los republicanos, en cambio, sostienen que estas exigencias buscan retrasar una legislación que consideran estratégica para la competitividad de Estados Unidos. Trump ha defendido públicamente la ley CLARITY como una herramienta para fortalecer el liderazgo del país en innovación financiera y evitar que otras potencias, como China, ganen ventaja en el desarrollo de los activos digitales y la inteligencia artificial.
La disputa también está marcada por el calendario legislativo. El Senado entrará en receso durante agosto y, si la iniciativa no reúne los 60 votos necesarios antes de esa fecha, su aprobación podría aplazarse durante varios meses, prolongando la incertidumbre regulatoria para el sector.
Más allá del contenido de la ley, el desenlace de esta negociación marcará un precedente sobre cómo Estados Unidos abordará uno de los debates más sensibles para la industria: si es posible impulsar un marco regulatorio favorable a los activos digitales sin que persistan dudas sobre los posibles conflictos de interés de quienes impulsan esa legislación. Esa discusión, más que los aspectos técnicos de la norma, será la que probablemente determine el futuro inmediato de la ley CLARITY.
