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El marco favorece stablecoins respaldadas íntegramente con activos líquidos.
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Ambos gobiernos dicen que evitarán requisitos regulatorios que limiten la competencia.
Estados Unidos y Reino Unido anunciaron, el 14 de julio de 2026, una estrategia conjunta para coordinar la regulación de las stablecoins y facilitar su acceso a ambos mercados. El objetivo es impulsar su uso en pagos internacionales y establecer estándares comunes de protección para los usuarios.
El anuncio forma parte de las primeras recomendaciones del Transatlántico para los Mercados del Futuro, un grupo de trabajo creado en septiembre de 2025 para fortalecer la cooperación entre los dos principales centros financieros del mundo, reducir la fragmentación regulatoria y promover la innovación en activos digitales.
Entre los compromisos asumidos, ambos gobiernos acordaron que las stablecoins que se presenten como dinero deberán mantener reservas equivalentes al 100% de su valor, respaldadas por activos líquidos y de alta calidad. Además, esas reservas deberán permanecer separadas de los fondos propios del emisor y los usuarios tendrán derecho a un reembolso oportuno.
El comunicado también señala que Estados Unidos y Reino Unido buscarán aplicar resultados regulatorios comparables para riesgos similares, evitando imponer requisitos prudenciales que resulten desproporcionados o limiten la competencia. Asimismo, ambas administraciones explorarán un mecanismo que permita a las stablecoins autorizadas en una de las dos jurisdicciones acceder al mercado de la otra.
Vale destacar que esta coordinación llega en un momento de fuerte expansión del sector. El mercado de las stablecoins supera actualmente los 310.000 millones de dólares en capitalización, liderado por Tether (USDT), con alrededor de 184.000 millones de dólares, y USD Coin (USDC), con aproximadamente 73.000 millones. Su utilización también se ha extendido más allá del comercio de criptomonedas, con una creciente presencia en remesas, finanzas descentralizadas y aplicaciones del sistema financiero tradicional.
Un acuerdo que también despierta dudas
Aunque el anuncio ha sido recibido de forma positiva por ofrecer mayor claridad regulatoria, también ha abierto un debate sobre sus posibles efectos en la competencia. Algunos analistas consideran que las exigencias de respaldo total, segregación de reservas y protección de los usuarios son relativamente fáciles de cumplir para los grandes emisores, pero representan una barrera de entrada mucho mayor para empresas emergentes.
Otro de los cuestionamientos apunta a que la coordinación entre ambos países podría traducirse, con el tiempo, en estándares regulatorios más estrictos de los que cada jurisdicción aplicaría por separado. Aunque el comunicado afirma que se evitarán requisitos excesivos, parte de la industria teme que la armonización termine elevando los costos de cumplimiento y reduciendo el margen para la innovación.
Es importante recordar que este enfoque se alinea con la regulación MiCA de la Unión Europea, que ya impone requisitos similares de reservas 1:1 y gobernanza estricta. Su aplicación ha generado costos elevados de cumplimiento y ha obligado a plataformas como Binance a restringir servicios o salir de varios mercados europeos, tal como reportó CriptoNoticias.
También persiste el escepticismo porque la declaración no tiene carácter vinculante. Es decir, por ahora, se trata de una hoja de ruta política y no de una regulación en vigor, por lo que los detalles dependerán de las normas que Estados Unidos y Reino Unido desarrollen en los próximos meses. Hasta entonces, el mercado seguirá atento a cómo se materializa esa promesa de acceso transfronterizo y de regulación equivalente.
Más allá de ese debate, la iniciativa refleja una tendencia que gana fuerza entre las principales economías: integrar las stablecoins al sistema financiero bajo reglas homogéneas en lugar de mantener marcos regulatorios aislados. Si este modelo prospera, podría convertirse en una referencia para otros países y acelerar la adopción internacional de estos activos digitales, aunque también consolidaría un mercado donde los mayores beneficiados serían los emisores con la capacidad financiera y operativa para cumplir con estándares regulatorios cada vez más exigentes.
