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Quien use herramientas de privacidad debería probar su propia inocencia ante el tribunal.
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Aunque el comercio de BTC está prohibido, el Estado crearía su plataforma para liquidar decomisos.
La Fiscalía Popular Suprema de China publicó el pasado domingo 12 de julio un artículo en el Procuratorate Daily, el diario oficial del organismo, en el cual dos fiscales de la provincia de Hunan y un profesor de derecho proponen un nuevo marco para combatir el lavado de dinero con activos digitales.
Bajo esta propuesta teórica, que aún no tiene fuerza de ley, los tribunales podrían presumir que un sospechoso tiene la intención de lavar dinero si utiliza altcoins como Zcash (ZEC), Monero (XMR), Dash (DASH) o mezcladores de transacciones para ocultar el rastro de los activos digitales.
También se considerarían indicios de sospecha la venta de grandes cantidades de criptomonedas a precios «claramente irrazonables» o la realización de transferencias de alta frecuencia a través de monederos sin identidad vinculada.
Pero aquí está la verdadera cuestión:
De prosperar esta propuesta, los tribunales aplicarían un marco procesal que altera el principio universal de la presunción de inocencia. Bajo esta nueva óptica, la carga de la prueba se trasladaría de la fiscalía a la defensa. El sospechoso se vería obligado a demostrar la legitimidad de sus operaciones ante el juez, aportando una «contraprueba razonable» que justifique técnicamente por qué decidió no dejar un rastro visible en la cadena de bloques.
- ¿Por qué los fiscales apuntan sus dardos de manera tan específica contra esta tecnología? A diferencia de redes más transparentes como bitcoin (BTC), las criptomonedas de privacidad como Monero y Zcash implementan firmas en anillo y pruebas de conocimiento cero, respectivamente, para ocultar los montos, emisores y receptores de una transacción.
Asimismo, los mezcladores de bitcoin y criptoactivos combinan fondos de múltiples usuarios para romper la trazabilidad de las direcciones de origen. Para el régimen de Pekín, el simple uso de estos protocolos orientados a la soberanía individual constituye una evasión deliberada de sus sistemas de vigilancia y un indicio directo de actividad ilícita.
El argumento de la fiscalía
La propuesta de los autores se ampara en que el marco legal vigente no ha seguido el ritmo de la tecnología de activos digitales, lo que dificulta la recopilación de pruebas y la recuperación de activos confiscados.
«Las monedas virtuales, pese a mejorar la eficiencia de las transacciones, brindan una conveniencia sin precedentes para los delitos de lavado de dinero», señalan los autores en el texto publicado.
Para dimensionar el escenario, el artículo cita datos de la firma de analítica de cadenas de bloques Chainalysis.
- ¿Por qué se discute este marco si el comercio de criptomonedas está prohibido en China desde 2021? Los datos sugieren que la prohibición no eliminó el uso de los criptoactivos, sino que desplazó los flujos financieros hacia canales subterráneos o clandestinos, lo que plantea nuevos desafíos de supervisión para las autoridades de Pekín.
- ¿Por qué es el gran dolor de cabeza para Pekín? Porque el gobierno chino diseñó un ecosistema financiero cerrado para evitar la fuga de capitales y mantener el control absoluto del yuan. Los canales subterráneos demuestran que el capital sigue saliendo del país y que el volumen de lavado transfronterizo, que roza los 16.100 millones de dólares, ocurre en un punto ciego donde el Estado no puede congelar las cuentas ni identificar a los titulares legítimos.
El método de un caso, dos investigaciones
El marco propuesto se sostiene sobre un principio procesal chino conocido formalmente como Yī àn shuāng chá («un caso, dos investigaciones»). Este método, utilizado originalmente por Pekín para combatir la corrupción interna investigando tanto al infractor como a sus superiores, daría ahora un salto directo al entorno digital.
En la práctica, esto cambia por completo las reglas del juego.
Si las autoridades detienen a un ciudadano por un delito grave común, como fraude o contrabando, la policía judicial estaría obligada por protocolo a abrir de forma automática una segunda investigación paralela enfocada exclusivamente en auditar la cadena de bloques.
Ningún rastro digital pasaría desapercibido, forzando un rastreo de mezcladores o criptomonedas de privacidad en cada expediente criminal. Además, la propuesta plantea que los registros de un explorador de bloques se consideren presuntamente válidos en un juicio.
Esto expone una profunda contradicción conceptual.
El mismo Estado que prohibió el comercio de Bitcoin planea ahora utilizar la transparencia pública de su tecnología como el brazo ejecutor de la fiscalía. La inmutabilidad del código, diseñada originalmente para prescindir de intermediarios estatales, pasaría a ser la evidencia pericial automatizada del propio régimen.
Y las consecuencias prácticas llegarían también al plano administrativo.
El plan contempla la creación de una plataforma estatal para custodiar y vender los activos decomisados. De esta forma, las autoridades contarían con un canal oficial para liquidar los activos digitales que confiscan, sorteando de manera exclusiva las restricciones comerciales que ellos mismos impusieron al país.
Aunque el texto no constituye una ley aprobada, las opiniones publicadas en los órganos de la Fiscalía Suprema suelen orientar los criterios con los que los fiscales de todo el país estructuran y priorizan sus casos reales.
La propuesta va en contraposición con la postura histórica de Estados Unidos que recientemente validó el uso de herramientas de privacidad, tal como lo repórtó CriptoNoticias.
En todo caso, de ser adoptada formalmente, la medida situaría a China en una posición restrictiva respecto al anonimato financiero en redes descentralizadas.
Para los usuarios en el resto del mundo, el caso expone un criterio técnico y legal que los reguladores globales deben estar observando de cerca, en un entorno donde la frontera entre la protección de datos personales y la sospecha legal continúa en revisión.
