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Habrá registros de la entidad de custodia, las fechas de las operaciones y la categoría del usuario.
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La medida busca cumplir con los estándares del GAFI.
España tramita la inclusión de las plataformas y exchanges de bitcoin (BTC) y criptomonedas en el Fichero de Titularidades Financieras para someterlas al control estatal. La iniciativa, aprobada como anteproyecto el 28 de julio, se encuentra en audiencia pública hasta el 30 de septiembre de 2026.
Este periodo de alegaciones permite a ciudadanos y empresas del sector presentar objeciones al texto. Tras esta fase, el Gobierno deberá evaluar los informes consultivos antes de remitir la propuesta al Congreso de los Diputados y al Senado para su posterior debate, enmienda y votación.
De aprobarse el texto en el poder legislativo, la norma obligará a los exchanges a declarar la apertura y el cierre de cuentas. La base de datos centralizada quedará bajo la gestión de la futura Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI).
Bajo este marco legal previsto, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, los jueces, los fiscales y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tendrán acceso directo al registro. Los organismos podrán verificar la existencia de cuentas sin emitir requerimientos individuales a cada exchange.
Las entidades deberán reportar el titular, los cotitulares, la firma de custodia, la categoría del activo y las fechas de operación. La propuesta excluye de forma explícita el acceso a los saldos disponibles y a los movimientos detallados de las cuentas.
El Gobierno busca adaptar el ordenamiento jurídico español a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este organismo multinacional establece los estándares globales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La reforma plantea ampliar un sistema en funcionamiento desde hace más de una década para la banca tradicional bajo la tutela del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
Junto a las plataformas de activos digitales, la obligación alcanzará a otros actores del sector financiero. La lista incluye a gestoras de fondos, sociedades de inversión, entidades de capital riesgo y agencias de valores.
La iniciativa gubernamental llega en un contexto de creciente escrutinio sobre el ecosistema digital. De hecho, como lo reportó CriptoNoticias, España ya se ubica como uno de los países con mayor número de requerimientos de datos dirigidos a las empresas del sector.
