-
El temario abarcó desde el análisis patrimonial hasta los métodos para incautar estos instrumentos.
-
La Justicia de Argentina tiene amplia experiencia en casos relacionados con criptomonedas.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Argentina llevó a cabo una capacitación especializada sobre activos virtuales dirigida a los integrantes del organismo.
Como parte de su oferta académica opcional, la entidad organizó el curso denominado «Activos virtuales: Análisis financiero, rastreo, detección e incautación».
Las clases, según se informa en el sitio web del Ministerio, estuvieron dirigidas específicamente a empleados, funcionarios y magistrados del organismo, con el objetivo de dotar al personal de los conocimientos técnicos necesarios para abordar investigaciones vinculadas a estos instrumentos.
La actividad de formación fue dictada por la docente Carmen Chena —abogada especializada en prevención de lavado de activos— y se desarrolló bajo la modalidad a distancia mediante la plataforma Zoom. Los encuentros tuvieron lugar los días 19 de agosto y 2 de septiembre de 2026.
El programa de estudio comenzó con el cambio de paradigma y su impacto en el proceso de recuperación de activos, para luego profundizar en el análisis patrimonial y financiero de las carteras digitales.
De acuerdo con el documento oficial, el temario también incluyó la revisión del marco legal nacional e internacional aplicable, el estudio del ecosistema de las criptomonedas, las diversas formas de aplicación de medidas cautelares sobre los fondos y el análisis de casos prácticos.
El MPF es la institución estatal independiente del sistema de justicia encargada de promover la actuación jurisdiccional en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, asumiendo, entre otras funciones centrales, la dirección de las investigaciones penales públicas en el país.
Tal como ha reportado CriptoNoticias, la Justicia argentina tiene experiencia en lo que refiere a casos relacionados con bitcoin (BTC) y criptomonedas. Por ejemplo, en diciembre de 2024 ordenó el congelamiento de 3 millones de USDT en el marco de una investigación y en 2022 ordenó a Binance la restitución de BTC a la víctima de un robo.
