Hechos clave:
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El regulador argentino estaría trabajando para aplicar normas AML al ecosistema de criptomonedas.
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Argentina no cuenta con una regulación única para el sector de Bitcoin y las criptomonedas.
Autoridades de Argentina estarían alistándose para aplicar normas antilavado de dinero (AML) a los proveedores de servicios del ecosistema de Bitcoin y otras criptomonedas este mismo año. Así lo dio a conocer el medio Buenos Aires Times, el cual atribuyó la información a «una persona con conocimiento directo del tema».
Según la publicación, la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal argentino encargado de prevenir e impedir el lavado de activos, planea que las empresas del sector criptomonedas registren y reporten las transacciones de clientes. Asimismo, la normativa obligaría a los proyectos a establecer mecanismos KYC (siglas en inglés de «conoce tu cliente») y entregar al regulador información sobre «transacciones sospechosas».
La información se conoce a pocos días de haberse aprobado en la cámara baja del congreso argentino la normativa que respaldará el acuerdo firmado por el gobierno de ese país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como reportó CriptoNoticias, el texto legal establece en uno de sus apartados que las autoridades deberán «desalentar el uso» de Bitcoin y otras criptomonedas. Uno de los argumentos que sustenta dicha cláusula es la «prevención del lavado de dinero», por lo que el accionar de la UIF podría estar enmarado en los términos del acuerdo con el FMI.
Argentina se ha enfocado en reglas fiscales para el sector de las criptomonedas
Argentina no cuenta con una regulación «unificada» para el ecosistema de Bitcoin en la actualidad. Una publicación del portal abogados.com.ar explica que las normas hasta ahora han sido emitidas por varios organismos individualmente y regulan las criptomonedas «de forma parcial». Incluso, señalan que entidades como la UIF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), manejan distintas definiciones de los criptoactivos.
Entre las normativas vigentes se encuentra una resolución de la UIF del 2014, que establece una lista de las entidades obligadas a informar sobre las transacciones que involucren «monedas virtuales». Allí se enumeran 22 sujetos obligados por la norma, que hasta ahora no incluye proveedores de servicios del sector criptomonedas. En cambio, el enfoque de las autoridades argentinas para estas empresas parece haberse centrado en el cobro de impuestos, a través de la aplicación de la una normativa fiscal en 2019.
A principios de este mes CriptoNoticias reseñó un informe del Departamento de Estado de EE. UU. según el cual Argentina y otros 5 países de Latinoamérica, carecen de leyes rigurosas para combatir el lavado de dinero mediante el uso de bitcoin y otras criptomonedas.
En opinión del organismo estadounidense, el gobierno de Argentina «no prohíbe ni regula fuertemente» los activos digitales. Además, señala que los argentinos adoptaron las criptomonedas de forma temprana para evadir impuestos.
