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La unidad creada durante el gobierno de Joe Biden, fue clave en la criminalización de la industria.
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Ahora se manejará el enfoque de perseguir estafas a usuarios, no a los exchanges o mezcladores.
«El Departamento de Justicia de EE.UU. no es un regulador de activos digitales», sentenció Todd Blanche, fiscal general adjunto del presidente Donald Trump. Así lo plasmó en un memorando que disolvió a una unidad dedicada a investigaciones relacionadas con criptomonedas, creada en 2021 bajo el gobierno de Biden.
En el documento, con el que sella el cierre «inmediato» de la Unidad Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), Blanche criticó que la administración anterior usara la justicia para implementar una «estrategia imprudente de regulación mediante enjuiciamientos», tal como fue reportado por Fortune.
La NCET, integrada por fiscales expertos en lavado de dinero y cibercrimen, desempeñó un papel crucial en casos emblemáticos. Uno de ellos fue el de Tornado Cash, un mezclador de transacciones de criptomonedas empleado por ciudadanos estadounidenses para salvaguardar su privacidad, pero que enfrentó acusaciones de ser utilizado para «blanquear las ganancias derivadas de delitos cibernéticos», como fue reportado por CriptoNoticias.
En sí, la NCET fue parte de una política de persecución a la industria de las criptomonedas durante el gobierno de Joe Biden, incluyendo el arresto de, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, los fundadores de la cartera de bitcoin Samourai en 2024. La unidad tenía la misión principal de investigar y procesar el uso indebido de criptomonedas en actividades criminales, con un enfoque especial en exchanges, mezcladores y servicios de lavado de dinero.
En ese período, la industria estadounidense de criptomonedas encendió las alarmas dentro del ecosistema ante crecientes amenazas sobre los desarrolladores de herramientas diseñadas para proteger la privacidad, como el servicio de CoinJoin y los mezcladores o mixers de criptomonedas.
Estos protocolos, esenciales para muchos usuarios que buscan resguardar su anonimato en un entorno digital cada vez más vigilado, fueron blanco de acciones legales y regulatorias. Todo ello, generó preocupación sobre cómo esas acciones gubernamentales limitarían la innovación y la autonomía en el sector.
Un giro radical para bitcoin y las criptomonedas en la era Trump
Sin embargo, en la actualidad, el memo firmado por Blanche ordena enfocarse en «procesar a individuos que estafen a inversionistas o usuarios de criptomonedas». Con ello, excluye acciones contra exchanges, servicios de mezcla de transacciones de criptomonedas y carteras frías, una señal clara de que la regulación está marcando un nuevo giro.
De tal manera que la disolución de la NCET marca la medida más reciente en una serie de recortes a la supervisión regulatoria de la industria de las criptomonedas impulsados por la administración Trump. Entre las acciones previas destacan órdenes ejecutivas emitidas para aliviar las exigencias regulatorias impuestas a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), flexibilizando así el control sobre las plataformas y operaciones con activos digitales.
Es de destacar que todas estas medidas fueron parte de lo prometido por Trump. Durante su campaña como aspirante a la Casa Blanca, el republicano dijo que transformaría el panorama regulatorio de Estados Unidos, proponiendo una regulación favorable que modificara las políticas que estaban expulsando a las empresas de bitcoin y criptomonedas del país.
Su visión apunta a fomentar un entorno en el que la innovación prospere sin las restricciones que, según él, estaban sofocando al sector.
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