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En algunos casos se permite la inversión en stablecoins, y en otros se defiende la autocustodia.
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Hay proyectos que proponen permitir la participación del estado en el staking de criptomonedas.
Desde el año pasado, y con un auge notable en 2025, los proyectos de ley para crear reservas de bitcoin (BTC) en los estados de EE.UU. han crecido sostenidamente. Se contabilizan más de 20 regiones que han mostrado interés por estos tesoros digitales, hasta el momento.
Actualmente, hay al menos 23 proyectos de ley en pleno proceso legislativo, distribuidos a lo largo y ancho del país, lo que demuestra la fuerte penetración del ecosistema de Bitcoin a nivel de Estado-nación.
Estos proyectos, aunque distintos, guardan marcadas similitudes en varios aspectos. En la mayoría de los casos, los estados están dispuestos a invertir en BTC hasta un 10% de sus fondos, con otros estados limitando su inversión al 5% o incluso al 3%. Además, en todos estos proyectos, la responsabilidad de la política de la reserva de BTC recae en los contralores o tesoreros de cada estado.
Una característica común entre los proyectos es que muchos no mencionan explícitamente a bitcoin, sino que permiten la inversión en activos digitales con capitalizaciones de mercado no menores a los 500.000 millones de dólares. Solo bitcoin supera esa marca, con una capitalización de mercado de 1,9 trillones de dólares, lo que implica una inversión en BTC de manera implícita.
A pesar de estas similitudes, cada proyecto se diferencia a su modo. Algunos estados proponen la posibilidad de invertir en stablecoins, mientras que otros defienden la autocustodia de los criptoactivos. Es más, hay propuestas que permiten la participación del gobierno estadal en el staking de criptomonedas, una práctica que puede generar rendimientos adicionales para las reservas.
En un repaso hecho por CriptoNoticias a todos los proyectos de ley presentados hasta ahora, se pudo constatar varias de estas características propias en cada uno de los estados que proponen sus reservas de bitcoin. Te las mostramos a continuación.
Arizona
El proyecto de ley de Arizona, el SB 1025, que se discute actualmente en la plenaria del Parlamento regional, además de establecer la creación de la reserva de bitcoin; indica que se haga, pero a través de una cuenta segregada y segura, que esté dentro de la Reserva Estratégica de Bitcoin a nivel federal, y que esté controlada por el secretario de Tesoro de los EE. UU.
Una cuenta segregada segura es una forma de almacenamiento financiero donde los fondos o activos se mantienen separados de otros activos financieros para protegerlos y gestionarlos de manera específica.
En el contexto del proyecto de ley de Arizona, se refiere a una cuenta especial diseñada para almacenar los BTC que el estado planea adquirir como parte de su reserva estratégica. Esta cuenta asegura que estas monedas no se mezclen con otros fondos del estado o incluso a nivel federal, lo que puede ofrecer mayor seguridad y transparencia en la gestión de estos activos digitales.
La creación de una Reserva Federal de Bitcoin sigue siendo un tema en discusión. Recientemente, David Sacks, el zar de las criptomonedas del gobierno de Trump, indicó que la evaluación sobre la creación de un tesoro de BTC es una prioridad para la administración republicana.
Como informó CriptoNoticias, Sacks subrayó la importancia de evaluar la viabilidad de establecer una reserva estratégica de bitcoin a nivel federal, reflejando el interés de la administración en integrar a este activo dentro de las políticas económicas del país.
Florida
En Florida, se han presentado dos proyectos de ley, uno en el Senado (S0550) y otro en la Cámara de Representantes (H0487), ambos introducidos, pero aún no discutidos. Ambas propuestas son idénticas, solo que fueron presentadas en las dos cámaras legislativas del estado.
Los dos proyectos permiten al Oficina del Director Financiero del estado de Florida invertir en BTC, usando dinero de ciertos fondos públicos, como el Fondo General de Ingresos, el Fondo de Estabilización Presupuestaria y todos los fondos fiduciarios y todos los fondos de cada agencia estatal.
En los proyectos, se permite a ese funcionario y a otras partes a prestar BTC de los fondos estatales “bajo ciertas condiciones”. Además, se establece que los fideicomisarios de la Junta de Inversiones del estado pueden invertir y reinvertir fondos del Fondo Fiduciario del Sistema en BTC.
Esto significa que el estado está dispuesto a usar BTC como una forma de préstamo, lo podría implicar que Florida está explorando formas innovadoras de gestionar sus recursos financieros, posiblemente para apoyar iniciativas económicas o para diversificar las estrategias de financiación.
Además, al permitir que los fideicomisarios inviertan y reinviertan fondos del estado en Bitcoin, se está reconociendo oficialmente a las criptomonedas como una clase de activo válida para el portafolio de inversiones estadales.
Por otro lado, el proyecto indica que estas inversiones están exentas de algunos requisitos de seguridad que normalmente aplican a otras inversiones, lo que podría simplificar ciertos procedimientos.
La exención de ciertos requisitos de seguridad para las inversiones en bitcoin implica una simplificación de los procesos regulatorios y administrativos. Esto podría hacer que la gestión de estas inversiones sea menos burocrática que con otros activos tradicionales.
En cuanto al manejo de impuestos y tarifas, el proyecto establece que estos, si se pagan en bitcoin, deben ser transferidos al Fondo de Ingresos Generales, que luego reembolsará en dólares estadounidenses a los fondos designados.
Hay que recordar que desde 2018, Florida comenzó coquetear con la idea de aceptar bitcoin como medio de pago de impuestos y otros gravámenes, mediante la oficina de recolección de impuestos del Condado de Seminole, como reportó CriptoNoticias en ese momento. Luego, en 2022, el gobernador del estado, Ron DeSatis, anunció un plan para las empresas del Estado que permitía el pago de impuestos con criptomonedas.
Iowa
El proyecto de ley HF 246 presentado ante la Cámara Baja de Iowa el 6 de febrero propone una serie de medidas innovadoras para la gestión de los fondos estatales a través de la inversión en activos digitales.
Según lo que indica el proyecto, el tesorero del Estado de Iowa tendría la facultad de invertir en metales preciosos y en activos digitales, siempre y cuando estos últimos tengan una capitalización de mercado de al menos 750.000 millones de dólares. Esto abre la puerta a la posibilidad de que el estado se convierta en uno de los primeros en tener una reserva de bitcoin u otros criptoactivos significativos.
Por otro lado, en Iowa permitirá la inversión en stablecoins, pero con una limitación clave: solo el 5% de los fondos públicos de ciertos fondos pueden ser destinados a estos instrumentos financieros. Los fondos especificados son el Fondo General del Estado, la Reserva de Efectivo y el Fondo de Emergencia Económica de Iowa.
Por otro lado, el proyecto de ley estipula que solo se podrán mantener stablecoins que hayan recibido la aprobación regulatoria, ya sea a nivel estadal o nacional. Esto asegura que cualquier inversión en estos activos se haga bajo un marco regulatorio claro y seguro.
Illinois
El proyecto HB 1844, presentado el 29 de enero de 2025 y debatiéndose en Comité, tiene entre los aspectos clave que propone la creación del Fondo Estratégico de Reserva de Bitcoin. Este fondo es un vehículo innovador para que el estado de Illinois pueda mantener y gestionar bitcoin como un activo financiero.
Además, el proyecto permite al tesorero del estado recibir bitcoin no solo de individuos, sino también de entidades gubernamentales. Esto abre una nueva vía de financiación o inversión para el estado, permitiendo que la sociedad civil y las instituciones participen activamente en la política financiera estatal.
En tanto, la ley estipula que todo bitcoin depositado en el fondo debe mantenerse por un mínimo de 5 años. Este período de retención asegura una estrategia a largo plazo, potencialmente aprovechando el crecimiento histórico del valor de bitcoin.
Después de este periodo, el tesorero tiene la flexibilidad de manejar estos activos, ya sea vendiéndolos, transfiriéndolos o convirtiéndolos, lo que podría incluir diversificación en otras criptomonedas o volver al fíat para necesidades fiscales.
Kentucky
El proyecto de ley HB 376, que se debate en el Comité de Banca y Seguros y se presentó el pasado 6 de febrero, plantea que la Comisión Estatal de Inversiones obtenga un nuevo mandato para explorar y comprometerse con inversiones en activos digitales.
Esto diversifica las opciones de inversión de Kentucky, posiblemente mejorando el rendimiento de los fondos estadales al incluir activos con potencial de alto crecimiento.
En tanto, la ley propone la prohibición de las monedas digitales de banco central (CBDC), en una cláusula que muestra cautela institucional hacia estos activos centralizados. Ello debido a preocupaciones sobre control gubernamental, privacidad y la estabilidad económica.
Por su parte, el proyecto se destaca al permitir que agencias estatales y el Departamento de Hacienda acepten activos digitales como pago.
Resalta así el hecho de que Kentucky está preparando su infraestructura para transacciones futuras en criptomonedas, aunque excluye la moneda digital de bancos centrales, reflejando una preferencia por sistemas descentralizados.
Massachusetts
El proyecto de ley SD 422 de Massachussets, introducido el 13 de enero y actualmente en espera de entrar en Comisión, destaca como aspecto clave que permite los préstamos de bitcoin y activos digitales para generar ganancias adicionales para el estado.
Para ello, autoriza al tesorero para prestar estos activos sin aumentar el riesgo financiero del estado, lo que representa una estrategia avanzada de gestión de activos. Esto podría implicar participar en mercados de préstamos de criptomonedas para obtener rendimientos, algo novedoso en la administración pública.
Por otro lado, el proyecto destaca porque confiere al tesorero la responsabilidad de promulgar regulaciones específicas para estos préstamos, lo que asegura que cualquier actividad financiera con criptoactivos se haga bajo un marco legal claro, mitigando riesgos y estableciendo precedentes para otros estados.
Maryland
El proyecto de ley HB 1389, actualmente en comisión y presentado a inicios de febrero, posee un aspecto clave interesante, y es que, a cuenta de crear el tesoro de bitcoin, las autoridades de Maryland podrían usar fondos que tradicionalmente podrían ir a otros fines, para invertir en criptomonedas
Este aspecto es particularmente innovador, ya que sugiere que Maryland use fondos que hayan sido incautados en operaciones contra instalaciones de juegos de azar ilegales, en bitcoin.
Según lo indicado, el dinero se considera “prima facie de contrabando” si un oficial de policía del Estado incauta el dinero en conexión con un arresto por jugar u operar ilegalmente un esquema de apuestas, apostar ilegalmente en carreras de caballos, eventos deportivos, loterías o juegos, o usar una mesa de juego o dispositivo de juego ilegal.
Ese dinero, dice la propuesta, se destinaría para ser parte de activo de reserva para el estado “a través de inversiones en bitcoin”. Esto, mediante un fondo que sería administrado por el tesorero del estado.
Además, se establece que el tesorero del estado invertirá el dinero en el fondo de bitcoin de la misma manera en que puede invertirse en otros activos financieros.
Michigan
La propuesta legislativa HB 4087, con fecha de presentación del 13 de febrero, destaca por proponer, entre otras cosas, la creación de una moneda digital con la marca de Michigan que esté vinculada al oro y a plata, como reportó CriptoNoticias.
Esta propuesta plantea permitir al tesorero invertir en criptomonedas, usando hasta el 10% del fondo general del estado y del fondo de estabilización económica para hacer la compra.
Además, la propuesta exige soluciones de custodia seguras y también trae a colación la figura de los préstamos en criptomonedas, además de la conversión de pagos fiscales en dólares, reflejando una estrategia que busca combinar la innovación y la estabilidad financiera.
Misuri
En este estado se introdujeron dos proyectos para crear reservas de bitcoin, aunque siguen sin ser discutidos aún.
Entre los aspectos clave del primer proyecto, el HB 1217, presentado el 6 de febrero, destaca la creación del Fondo de Reserva Estratégica de Bitcoin. Similar a Illinois, este fondo es un reconocimiento del potencial de bitcoin como reserva de valor.
También plantea la idea de otorgar certificados de reconocimiento y programas de honores para quienes sean donantes de bitcoin para el estado, buscando incentivar la participación comunitaria en la economía digital de la región.
Además, ese proyecto busca propulsar el pago de impuestos y tasas en criptomonedas, dando un paso hacia una mayor integración de la tecnología de Bitcoin en la administración pública. Esto, facilitando la transición para ciudadanos y negocios hacia el uso de monedas digitales.
El otro proyecto, el SB 614, presentado el 23 de enero, plantea por su parte las inversiones en activos digitales, permitiendo hasta un 10% de los fondos públicos en criptoactivos.
En tanto, establece la protección de actividades relacionadas con criptomonedas, evitando restricciones sobre la minería, uso de wallets o participación en el sector.
Montana
El proyecto HB 429, actualmente discutiéndose en Comité y que se presentó el pasado 7 de febrero, define claramente qué se considera un “activo digital”, abarcando desde criptomonedas hasta tokens no fungibles (NFT), creando una base legal para su manejo y regulación.
Además, autoriza a la Junta de Inversiones del estado a diversificar su cartera no solo con metales preciosos, como oro, plata y platino; sino también con activos digitales, siempre y cuando estos últimos tengan una capitalización de mercado de no menos de 750.000 millones de dólares. Esto refleja una estrategia de protección contra la inflación y diversificación de riesgos.
La legislación establece un fondo especial dentro del marco estatal para invertir en estos activos, con una transferencia inicial de 50 millones de dólares desde el fondo general, pautada para el 15 de julio de 2025 (si es finalmente aprobada).
Carolina del Norte
El proyecto H 92, presentado el 10 de febrero y debatiéndose en Comité, permite la inversión en productos financieros basados en criptoactivos con una alta capitalización de mercado.
Más en detalle, acá no se plantea la inversión directa en bitcoin, sino en sus fondos cotizados en bolsa (ETF) que se negocian actualmente en Wall Street. Así, Carolina del Norte está facilitando la entrada del estado en el mundo de las inversiones digitales, manteniendo un enfoque en el crecimiento a través de activos bien establecidos.
Por otra parte, la propuesta plantea la actualización de las leyes para incluir los activos digitales como una opción de inversión legal para múltiples fondos estatales, lo que refleja una adaptación a las nuevas realidades financieras, permitiendo a estos fondos beneficiarse potencialmente de la innovación tecnológica y financiera.
Nuevo Hampshire
La propuesta de ley HB 302, que se discute en Comité y se presentó el 7 de enero de 2025, destaca porque propone la participación en staking. Así, autoriza al tesorero del estado generar rendimientos adicionales a través del staking de criptoactivos, siempre manteniendo el control legal sobre estos.
Por otra parte, resalta la exigencia de usar soluciones de terceros y medidas de seguridad extremas, como evitar el acceso a claves privadas vía smartphones o mantenerlas en múltiples centros de datos seguros; lo que muestra un enfoque prudente para gestionar riesgos.
Nuevo México
El proyecto de ley SB 275, discutiéndose en Comité, y presentado el 4 de febrero, plantea la autorización para prestar activos digitales sin aumentar el riesgo financiero. Así, Nuevo México está explorando formas de maximizar los rendimientos de sus inversiones digitales.
La legislación también destaca porque establece un procedimiento claro para manejar los pagos de impuestos y tasas en criptomonedas, garantizando una conversión ordenada a dólares o a bitcoin, según sea necesario, lo que facilita la integración de las criptomonedas en el sistema fiscal estatal.
Ohio
En Ohio, también hay dos proyectos discutiéndose a nivel de Comité. El primero, el OH HB18, presentado el 23 de enero, destaca porque limita las inversiones a productos muy establecidos en el mercado, asegurando que solo se comprometan con activos digitales de alta capitalización y bajo soluciones de custodia seguras, lo que protege los intereses de los fondos de jubilación y otros inversores estatales.
El otro proyecto, el OH SB57, presentado el 28 de enero, remarca por promover la adopción de criptomonedas al requerir que las entidades gubernamentales las acepten para pagos oficiales, con la previsión de tarifas de servicio para compensar los costos de transacción.
Además, esa propuesta plantea el reconocimiento público para honrar a los donantes a través de un programa especial fomenta una cultura de apoyo a la innovación financiera.
Oklahoma
La propuesta legislativa HB 1203, programada para debatirse en Cámara Baja, y que fue presentada el 15 de enero de 2025, destaca por limitar la adquisición de stablecoins a aquellos que han superado rigurosos controles regulatorios de entidades reconocidas internacionalmente, asegurando así la estabilidad y seguridad de estas inversiones digitales dentro del estado.
Por otro lado, se plantea que el Tesorero del Estado participe en el staking de criptomonedas, lo cual puede generar rendimientos adicionales sin vender los activos, manteniendo la propiedad legal y utilizando soluciones de terceros para minimizar riesgos.
En tanto, la normativa propone la transferencia de impuestos y tasas pagados en bitcoin al Fondo General del Estado, con un posterior reembolso en dólares estadounidenses. Esto, como muestra de una estrategia para integrar las criptomonedas en la recaudación fiscal, manteniendo la fluidez del dinero estadal.
Dakota del Sur
El proyecto HB 1202, que está en Comité y se presentó el 30 de enero de 2025, resalta por plantear una estricta política de no permitir que las claves privadas sean accesibles a través de smartphones, junto con la exigencia de utilizar soluciones de custodia seguras o productos cotizados en bolsa. Esto refleja una preocupación seria por la seguridad de las inversiones estatales en bitcoin, protegiendo estos activos contra hackeos y fraudes.
Texas
El proyecto SB 21, re-versionado y actualmente en comité de Texas, que se presentó en su nueva versión el pasado 12 de febrero, se propone el uso de criptomonedas en la reserva, autorizando al contralor usar o vender criptoactivos para cubrir costos de administración, lo cual es una muestra de flexibilidad y adaptabilidad en la gestión de reservas financieras.
Esta proposición legislativa también plantea la capacidad del contralor para gestionar y, si es necesario, devolver donaciones, junto con la posibilidad de solicitar información del donante si existen dudas sobre el mismo.
Por otra parte, la norma plantea la conformación de un comité con expertos en criptomonedas, que asegura que las decisiones sobre estas inversiones se tomen con conocimiento técnico y experiencia, equilibrando innovación con responsabilidad financiera.
Utah
El proyecto más avanzado en su camino legislativo, el HB 230, actualmente en segunda discusión en Comité. Fue presentado el 7 de febrero y en él, se promueve un ambiente donde los individuos y negocios pueden usar criptomonedas libremente, sin restricciones gubernamentales sobre su uso o custodia, fomentando una economía digital inclusiva.
La legislación permite a las personas participar en varias actividades relacionadas con la tecnología de Bitcoin, sin necesidad de licencias específicas, impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico dentro del estado.
Además, la normativa plantea permitir que el tesorero estatal participe en staking y préstamos de activos digitales bajo condiciones seguras. Así, Utah está explorando nuevas formas de generar rendimientos para el estado sin aumentar significativamente el riesgo financiero.
Georgia
La propuesta de ley SB 178, presentada el viernes 14 de febrero en la Asamblea General de Georgia, se destaca por prever la capacidad de la Junta de Inversiones del estado de permitir el préstamo de activos digitales, siempre que esto no suponga riesgos financieros para el estado.
También resalta que la custodia de los BTC en la reserva está contenida exclusivamente dentro de un entorno encriptado y accesible solo a través de canales cifrados de extremo a extremo. Y al igual que otros proyectos de su tipo, prohíbe que el manejo de estas claves se haga en teléfonos inteligentes, debido a los riesgos que puede representar.
Virginia Occidental
El proyecto de ley SB 465, presentado este viernes 14 de febrero, también plantea la creación de una reserva. Aunque no menciona a bitcoin de forma explícita, habla de activos digitales que tengan una capitalización de mercado de USD 750.000 millones.
Este proyecto se destaca por permitir la inversión en stablecoins, pero siempre que estas monedas estén reguladas y reconocidas por Estados Unidos o cualquiera de los estados del país. Además, permite que el estado participe en el staking de criptomonedas, siempre que esto no traiga riesgos financieros para el estado.
A esto se suma que, en el proyecto, definen a los activos digitales como criptomonedas, activos electrónicos nativos, incluidas stablecoins y NFT. “Y otros activos exclusivamente digitales que confieren derechos o poderes económicos, de propiedad o de acceso”.
Un toque único en cada uno
Como vimos, las diferencias entre cada propuesta permiten a cada estado dejar clara su presencia en la política de ahorrar y manejar bitcoin a nivel estadal, adaptando las leyes a sus necesidades y visiones particulares sobre el futuro financiero y tecnológico.
Este movimiento hacia la adopción de BTC y otros activos digitales por parte de los gobiernos estadales podría ser un indicador de un cambio más amplio en la percepción y regulación de las finanzas digitales en EE.UU.
Y es que, en general, esta tendencia no solo refleja un interés creciente en BTC como un activo de reserva, sino que también plantea cuestiones sobre regulación, seguridad y la integración de las criptomonedas en la economía tradicional.
Con el avance de estos proyectos, se espera que en los próximos años pueda haber un marco legal más claro y definido para el uso y almacenamiento de criptoactivos por parte de los gobiernos locales.
