Hechos clave:
-
La empresa ve con preocupación la potencial medida por los riesgos de hackeos.
-
Invitó a los reguladores a investigar transacciones con los prestadores de servicios.
La compañía de análisis blockchain, Chainalysis, le respondió este lunes a la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, sobre sus planes de fiscalizar y restringir las operaciones con monederos de criptomonedas de autocustodia.
A través de una carta escrita por Jonathan Levin, director de estrategia, la firma asegura que no es necesario establecer un reglamento para identificar las carteras, ya que la información sobre las transacciones es pública. Chainalysis recordó que las blockchains ofrecen visibilidad y que cualquier dato sospechoso puede ser verificado.
«La transparencia de las blockchains significa que el gobierno (…) puede tener visibilidad sobre las grandes transferencias que entran y salen de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Esta visibilidad es accesible en tiempo real para que los organismos identifiquen las transacciones de interés», dijo la empresa.
Chainalysis recalcó que, en caso de sospechas por lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otro delito, las autoridades fiscalizadoras deben citar a los exchanges de bitcoin, por ejemplo, para obtener más información sobre transacciones específicas.
Registro innecesario relacionado con bitcoin
En este punto es importante mencionar que la propia Chainalysis es una empresa que ofrece servicios para detectar usos maliciosos en el ecosistema bitcoiner. Es esta misma compañía la que ya trabaja con decenas de entidades regulatorias, y agencias de los Estados Unidos, para supuestamente minimizar los delitos asociados a bitcoin, por ejemplo.
Es la firma de inteligencia blockchain la que está diciéndole a la FinCEN, adscrita al Departamento del Tesoro, que un registro adicional es innecesario. En caso de ejecutarse, existe el riesgo real de que la información sea hackeada, exponiendo a miles de usuarios. Como ejemplo citó el reciente caso del fabricante de monederos fríos, Ledger.
En su mensaje, la compañía argumentó que, contrario a lo que se cree, la industria de las criptomonedas es muy poco usada para actividades delictivas como el blanqueo de capitales, no así en el caso de las estafas. También aseguró que quienes envían fondos a las carteras de autocustodia lo que buscan es mantener resguardados sus capitales como una forma de ahorro o inversión.
La propuesta de la FinCEN es que cualquier persona que desee retirar más de 10.000 dólares de los VASP, hacia sus carteras de autocustodia con claves privadas, debe suministrar datos personales y hasta su dirección física. En teoría, también deben identificarse aquellos operadores que registran un volumen de comercialización que supere los 3.000 dólares.
En un escenario como este, los exchanges de bitcoin y los servicios de monederos deberán reportar la información solicitada, según informó CriptoNoticias en diciembre. Sobre este tema la FinCEN ya ha recibido más de 6.000 respuestas de los usuarios y de las casas de cambio, las cuales han cuestionado la propuesta.
Un monedero autocustodio es aquel que es manejado directamente por el usuario. La persona es dueña de sus claves privadas, lo que le permite mantener el control de sus fondos, restablecer su cartera en otro teléfono inteligente, por ejemplo, y validar que es el verdadero propietario de sus criptomonedas ante la red.
