-
La medida busca reforzar los controles contra el lavado de dinero exigidos por el GAFI.
-
El compromiso oficial no define el rango legal que tendrá la normativa.
El Gobierno de Bolivia formalizó un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para redactar un marco de regulación y supervisión sobre las criptomonedas. La medida persigue frenar el desvío ilícito de divisas a través de estos activos.
Este acuerdo consta en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, la hoja de ruta que el Ejecutivo presentó al organismo multilateral. En ese texto con fecha del 10 de septiembre de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas agrupó la supervisión de activos virtuales junto con el control de los mercados monetario y cambiario, el riesgo de las pensiones y la lucha antilavado.
“Con el objetivo de mitigar riesgos de salida indebida de capitales a través de los mercados de criptoactivos, se desarrollará un marco regulatorio y de supervisión de activos virtuales robusto con el fin de frustrar filtraciones y garantizar la resiliencia financiera», señala la publicación.
Esta decisión responde al panorama macroeconómico que enfrenta el país. El Ejecutivo declaró haber heredado “la crisis más grave desde la década de 1980”, caracterizada por un déficit fiscal del 12% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y una deuda pública superior al 80% del PIB.
A este escenario se suma el agotamiento de las reservas de divisas debido a un tipo de cambio fijo sobrevaluado. La iliquidez de dólares, el control de capitales y el contexto inflacionario impulsaron una rápida adopción de las criptomonedas en la población, que busca resguardo ante la pérdida de valor del boliviano respecto a la moneda local.
En respuesta a esa realidad, las stablecoins como USDT ganaron terreno como herramienta práctica cotidiana. Aunque la divisa estadounidense sufre devaluación por emisión, estos criptoactivos ofrecen certidumbre frente al deterioro del poder adquisitivo.
Por esta razón, el plan estatal prioriza “reforzar la eficacia del sistema del país para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Esta exigencia cobra urgencia tras la inclusión de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Este avance institucional, según el memorando publicado, no fija plazos de implementación ni define la autoridad única a cargo. El documento tampoco precisa si la regulación adoptará la forma de una ley, un decreto o un reglamento administrativo.
En paralelo, el Gobierno evalúa técnicamente integrar USDT en el sistema de pagos nacional. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, confirmó que el plan busca habilitar su circulación formal con funciones similares a las del dólar o la moneda local, como reportó CriptoNoticias.
Su uso informal se extendió desde 2024 para cubrir transacciones cotidianas como la compra de combustible. Sin embargo, la concreción de este esquema requerirá consolidar el control regulatorio exigido por los organismos internacionales.
