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La Fiscalía investiga posibles irregularidades en estas operaciones.
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Cientos de personas en Panamá dependen del intercambio directo de criptoactivos por dólares.
El ecosistema de bitcoin (BTC) y criptomonedas en Panamá enfrenta una crisis de confianza que nace del choque entre la adopción digital y un sistema institucional que aún no sabe cómo procesarla. Mientras el comercio entre personas (Peer-to-Peer o P2P) se consolida como una herramienta de libertad financiera, para quienes facilitan estas transacciones, la actividad se convierte en un campo minado de riesgos legales y financieros.
Esta realidad quedó documentada en un reciente episodio del podcast de la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, donde Jonatan Arosemena, un comerciante con cinco años de experiencia, relató el calvario judicial que vivió tras ser utilizado, involuntariamente, como puente por bandas criminales internacionales.
Su caso refleja cómo la ausencia de una regulación específica y la falta de capacitación técnica de las autoridades están «pasando factura» a los operadores legítimos.
Jonatan, contó en el podcast que es un comerciante en el P2P de Binance. Recibe pagos en dólares en cuentas bancarias de Panamá por las ventas de activos digitales, principalmente USDT (Tether), que realiza en esa plataforma.
Ahora, él hace una denuncia contundente al señalar que el comerciante en plataformas P2P de bitcoin y criptomonedas suele ser la víctima final de estafas que no cometió. En su relato, describe cómo fue involucrado en investigaciones de la Fiscalía por transacciones que, aunque válidas en su ejecución, provenían de fondos ilícitos obtenidos por terceros mediante usurpación de identidad.
Yo he tenido que ir a la Fiscalía varias veces porque me llegaban transferencias de gente que había sido víctima de usurpación de identidad. El dinero que me pagaban era dinero sucio, pero yo no tenía forma de saberlo en el momento. Yo solo vendía mi USDT de forma normal por Binance P2P. Al final, el banco me cierra la cuenta y la Fiscalía me cita como si yo fuera parte de la estafa, cuando en realidad soy el último eslabón que recibe el dinero sucio sin saberlo.
Jonatan Arosemena.
«Es una escuela que todavía sigo pagando; ha sido el curso más caro de mi vida», afirmó, tras explicar que perdió cerca de 50.000 dólares entre pagos de mediación, multas y honorarios legales para evitar la cárcel.
El problema central, según el testimonio, es la incapacidad de las autoridades para rastrear el delito hasta sus verdaderos autores. Ante la complejidad de seguir la pista a grupos criminales en el extranjero, la justicia panameña suele optar por la salida más sencilla. Esto es responsabilizar al beneficiario local de los fondos.
“La Fiscalía pudo hacer mucho más; tenían el IP y todos los datos, pero al final es como si fuera un ‘X’, como si yo fuera un don nadie. Tú recibiste el dinero, entonces tú pagas”, lamentó Jonatan.
Hasta la fecha, ni la Fiscalía de Panamá ni los principales bancos del país han publicado comunicados oficiales que detallen las razones específicas detrás de los bloqueos y cierres de cuentas vinculadas al comercio P2P de criptomonedas.
El muro bancario a las criptomonedas y la «zona gris» reguladora
A este escenario se suma la postura defensiva de la banca tradicional. Entidades como Banco General son señaladas por los usuarios en foros especializados por su política de «tolerancia cero» ante cualquier vínculo con criptoactivos.
Los bancos, operando bajo un estricto cumplimiento de las normas de prevención de blanqueo de capitales, prefieren cerrar cuentas preventivamente antes que asumir el riesgo de auditar operaciones P2P.
Esta conducta tiene un respaldo institucional implícito. En documentos técnicos de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), se recomienda extremar los controles sobre los activos virtuales debido a que el país aún no cuenta con un marco para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP).
Sin reglas claras, el comerciante queda atrapado. Por lo tanto, si intenta formalizarse, el banco lo rechaza por ser de «alto riesgo»; y si opera en la sombra, queda desprotegido ante la ley.
Para el sector gremial, la solución no es prohibir, sino capacitar. Como se destacó en la conversación, la trazabilidad que ofrecen las redes de criptomonedas, y la colaboración que plataformas como Binance ofrecen a las autoridades, son herramientas que la Fiscalía aún no aprovecha plenamente.
Mientras esa brecha de conocimiento no se cierre, el comercio P2P en Panamá seguirá siendo una actividad legítima en la práctica, pero peligrosa en los tribunales.
Este contexto regulatorio también se refleja en plataformas digitales supervisadas en Panamá. Como lo reportó CriptoNoticias recientemente, Zinli generó numerosas quejas entre usuarios de criptomonedas por bloqueos preventivos de cuentas.
Aunque, hasta el momento de la redacción de esta nota la empresa no ha publicado una declaración oficial detallada, queda claro que estas acciones responden al mismo clima de cautela que impera en el sistema financiero panameño.
Ante la falta de un marco regulatorio específico para criptoactivos, las entidades supervisadas optan por aplicar controles estrictos de prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente para mitigar riesgos.
