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Ahora mismo el Congreso de Panamá trabaja en dos iniciativas sobre criptoactivos.
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El Magíster Clough explicó las razones por las que un proyecto de ley clave fracasó en el pasado.
En el marco del evento Crypto Latin Fest en Colombia, CriptoNoticias tuvo la oportunidad de conversar con el Magíster Yeheskel Clough, asesor legal en políticas públicas de la Cámara de Diputados de Panamá, quien ofreció detalles sobre los cambios que atraviesa la estrategia regulatoria del país frente a bitcoin (BTC) y las criptomonedas.
El especialista en leyes recordó que la Asamblea Nacional impulsó el proyecto de ley 697 para dar un marco legal al uso de las criptomonedas en Panamá. Aunque fue aprobado tras intensos debates hace más de tres años, entre 2021 y 2022, el Ejecutivo lo vetó y fue considerado inconstitucional.
«El órgano ejecutivo, que es quien se encarga por vía constitucional de objetar las leyes, objetó porque el proyecto de ley 697 tenía una particularidad constitucional que no le permitía, en ese momento, ser ley de la República. Precisamente porque las criptomonedas en la República de Panamá no pueden ser utilizadas de uso forzoso, ni pueden ser utilizadas como un medio obligatorio, ya que la Constitución, en el artículo 262, no lo permite».
Magíster Yeheskel Clough, asesor legal de la Cámara de Diputados de Panamá.
Asimismo, la norma fue cuestionada en términos de neutralidad tecnológica, al pretender reconocer de manera explícita redes como Bitcoin o Ethereum. Sobre esto, Clough argumentó:
«Dentro de una ley tan importante como es el uso de un activo virtual o un activo digital dentro de un territorio, marcado por políticas públicas que van encaminadas a fortalecer la economía del país, tú no puedes establecer criptomonedas de tecnologías propias. ¿A qué me refiero? No podemos como país reconocer tecnologías directamente como Bitcoin, Ethereum, Tron… Tenemos que ser muy neutral con las tecnologías. Por eso es que nos hemos enfocado en hablar de activos virtuales y lo que son los criptoactivos en general».
Magíster Yeheskel Clough, miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.
Ante estas limitaciones, el esfuerzo legislativo panameño en impulsar el sector decidió replantear su estrategia. Según explicó el Magíster, el nuevo enfoque busca dar certeza jurídica tanto a los usuarios como a las empresas que operan en el país, mediante dos proyectos de ley complementarios.
Clough indicó que uno reconoce el uso voluntario de los activos virtuales, mientras que el otro propone un marco regulatorio para los proveedores de servicios de estos (PSAV).
Este último, basado en la Guía 15 del GAFI, se centra en prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas. La iniciativa es impulsada por el diputado Gabriel Solís, quien también conversó con CriptoNoticias y adelantó que ve posible su aprobación este mismo año.
Además de tales proyectos, de acuerdo con Solís, Panamá debería invertir en bitcoin, tomando nota de la experiencia de El Salvador, algo que cree que sería sensato establecerlo mediante una ley.
De cara al futuro, Clough se mostró optimista sobre el marco regulatorio en el sector de criptoactivos no solo en Panamá, sino todo Latinoamérica. «Todos los países están encontrando vías regulatorias precisamente porque el ecosistema ha crecido bastante», expresó.
Destacó que Panamá cuenta con ventajas competitivas únicas gracias a su sistema financiero y su papel como hub regional. En esa línea, señaló que el Estado es consciente de que no puede quedar rezagado:
«No podemos ignorar lo que otros países han venido legislando y cómo han venido avanzando, sino que tenemos que encontrar el camino y legislar en estas materias que van a traer crecimiento económico, empleo y nuevas tecnologías incursionando en Panamá con un hub digital».
