Finalizó el plazo de inscripción para empresas de criptomonedas en Argentina ¿ahora qué?

Se cumplió el deadline o la fecha límite ya que, hasta ayer, las empresas de criptomonedas de Argentina tuvieron 45 días para inscribirse ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo regulador del mercado de capitales. Es una obligación que deben acatar, si buscan operar con bitcoin (BTC) y otros activos digitales en el país. 

En total, unas 35 compañías decidieron formalizar su inscripción al “Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales” (PSAV). Este requisito se dispuso luego de la última reforma de la ley de prevención del lavado de dinero para cumplir con las recomendaciones del GAFI, la entidad internacional que diseña políticas contra esas infracciones.  

Las que ya se registraron o tienen su trámite en curso, no tendrán dificultades para realizar actividades. La CNV mantendrá abierta la inscripción por tiempo indefinido.  

Desde la entrada en vigencia del registro, fueron recibidas 85 solicitudes de personas jurídicas y, finalmente, 8 de personas humanas. De todas ellas ya quedaron inscritas las primeras 35, entras las que 4 de origen extranjero.

Tras cumplir el primer plazo, aquellos exchanges o firmas especializadas en criptoactivos serán pasibles de recibir intimaciones o sanciones. La normativa fijada por el organismo regulador señala que las empresas no registradas “deberá abstenerse de realizar en el país cualquiera de las actividades u operaciones comprendidas” en la Ley N° 27.739.  

Como reportó CriptoNoticias, esta norma fue aprobada el pasado 14 de marzo en el Senado, y establece modificaciones a las disposiciones en lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que se habían sancionado en el año 2000. 

Las empresas registradas o personas identificadas como PSAV se convierten en sujetos obligados bajo la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Por el contrario, los operadores que eviten la inscripción tendrán restricciones para intercambiar activos virtuales con monedas fíat; activos virtuales entre sí; llevar a cabo su transferencia, custodia o administración o, también, la provisión de servicios financieros vinculados a los activos virtuales. 

Algunas de las wallets y empresas que ya se inscribieron son Koibanx, TruBit, BCrypto, Satoshi Tango, PayEx, Xcoex y Decrypto, entre otras.  

Solo las compañías más pequeñas o con un menor volumen de negocios estarán exceptuadas. La norma establece que no tendrán que cumplir con el requisito las empresas que realicen actividades por un monto menor a los 35.000 UVAs en el mes calendario. Esta suma equivale a casi 35 millones de pesos, que son poco más de 38 mil dólares a valor de cotización oficial. 

La supervisión, una nueva barrera para la industria de las criptomonedas

Esta nueva regulación produjo malestar y desconfianza entre los usuarios, que calificaron la medida como “una entrega” del gobierno de Javier Milei de sus principios liberales. Es que el PSVA de la CNV pasó a tener nuevas funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de dichos proveedores de criptoactivos. 

Por el momento, el registro solo servirá para recolectar información, pero en los hechos será una primera barrera de ingreso para las empresas que eviten inscribirse.  

En este proceso de adecuación e información, hubo encuentros con los representantes del sector PSAV, integrantes de la Cámara Argentina Fintech y de importantes estudios jurídicos del país para explicar detalles de la iniciativa.

A nivel institucional, la Cámara Argentina Fintech se mantuvo en una postura abierta al diálogo con las autoridades regulatorias y del Gobierno. Los actores del ecosistema piden certezas normativas para operar sin inconvenientes.  

En un comunicado, este sector expresó que “haya el establecimiento de un marco normativo adecuado, inteligente y flexible con la evolución de la tecnología y que, al mismo tiempo, preserve la seguridad de los usuarios, es de gran ayuda para este proceso”. 

Sin embargo, la representación empresarial advirtió que, dada la naturaleza de los activos virtuales, “un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar la paradoja de una mayor informalidad y la tendencia a operar hacia exchanges no registrados/desregulados, contrariando los objetivos pregonados por la normativa”.  

En sintonía con las exigencias del GAFI, la voluntad de la CNV es utilizar el PSVA para profundizar los controles en materia de prevención de los delitos económicos, en conjunto con otros organismos de fiscalización, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y entidades gubernamentales descentralizadas.  

Las empresas que integran el registro