¿Se aprobará la Ley Clarity en septiembre? El mercado lo duda y la Casa Blanca también

La aprobación de la Ley Clarity enfrenta un escenario de profunda incertidumbre legislativa antes de la votación clave programada para el próximo 15 septiembre de 2026.

A pesar del impulso de ciertos sectores en Washington para dotar a los activos digitales de un marco normativo claro, la falta de consenso en el Senado, la firme oposición del Partido Demócrata y la inminente intervención regulatoria de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) han debilitado las expectativas de promulgación de este proyecto.

El desinterés de los inversores y observadores del sector se refleja directamente en el mercado de predicciones Polymarket. Allí, la probabilidad de que la Ley Clarity sea promulgada en 2026 cayó drásticamente hasta alcanzar un 22% de aceptación, tras registrar un descenso de 53 puntos porcentuales desde los máximos de 75% observados entre marzo y mayo del presente año.

Con un volumen acumulado de más de 6,4 millones de dólares y una fecha de resolución fijada para el 1 de enero de 2027, las apuestas reflejan un claro sesgo pesimista sobre el futuro del proyecto en el Congreso estadounidense.

El estancamiento del Senado le abre la puerta a la SEC

El principal detonante de este estancamiento reside en el fallo del Senado para someter a votación la iniciativa antes del receso de agosto, que inició el lunes 10. Ante este vacío parlamentario, la SEC decidió tomar la iniciativa y programó una reunión institucional para el próximo 14 de agosto, con la finalidad de presentar formalmente la denominada «Regulation Crypto».

Esta propuesta regulatoria interna del organismo buscaría establecer una vía legal para la emisión de ciertas ofertas de activos digitales, permitiendo a las empresas captar capital de forma supervisada sin requerir estrictamente los trámites tradicionales de registro ante la SEC.

Si bien esta acción administrativa busca dar cierta certidumbre a la industria, también deja en evidencia la pérdida de tracción de la vía legislativa para el desarrollo institucional de bitcoin y otros activos digitales.

A esto se suma la duda palpable en el Ejecutivo estadounidense, que ante la incertidumbre, insiste en agotar los canales de diálogo político.

Patrick Witt, consejero presidencial para activos digitales, afirmó que desde la administración de Donald Trump mantienen la prioridad en sacar adelante el texto. Y para ello, aseguró que seguirán «negociando de buena fe» con los legisladores demócratas.

«La administración sigue plenamente comprometida con llevar la Ley Clarity a la línea de meta en septiembre. Normas duraderas, del tipo que solo la legislación puede proporcionar, se necesitan ahora más que nunca», dijo Witt.

Pero tampoco podemos permitirnos esperar para siempre. Cada vez que los demócratas han retrasado este proyecto de ley, Estados Unidos se ha quedado más atrás en la carrera de los activos digitales, poniendo en peligro nuestro papel de liderazgo en los mercados financieros globales, debilitando nuestra seguridad nacional y negando a las fuerzas de orden público las herramientas que necesitan para detener el delito en el sector.

Patrick Witt, consejero presidencial para activos digitales.

Según Witt, la Ley Clarity representa «años de trabajo bipartidista genuino», por lo que instó a los demócratas a colaborar para «dar forma a la política de activos digitales en EE. UU. ayudando a aprobar la ley».

«Aún tienen una oportunidad real», afirmó el empresario. «Nuestra puerta permanece abierta y seguiremos negociando de buena fe hasta la votación de septiembre», enfatizó.

Los demócratas desaprueban a las criptomonedas más que a las petroleras

De acuerdo con encuestas internas de la firma Normington Petts circuladas en el Senado y difundidas por informes de Stocktwits, los votantes demócratas perciben a la industria de las criptomonedas con un nivel de desaprobación superior al de sectores cuestionados tradicionalmente como las grandes petroleras, Wall Street o los centros de datos.

Además, el 84% de los encuestados manifestó una postura desfavorable hacia los candidatos al Congreso respaldados por el sector, registrando los índices de rechazo más elevados entre los votantes que se definen como «muy liberales».

Voces críticas, como la del ingeniero de software Stephen Diehl, se suman al cuestionamiento sobre las criptomonedas y apuntan a que la oposición demócrata debe mantenerse inflexible en los debates parlamentarios.

Para él, «desde la perspectiva de los valores demócratas —que deberían defender la responsabilidad social, la equidad económica y la integridad institucional— el salvajismo desenfrenado de este movimiento es una condena».

Aseguró también que, al oponerse a estas tecnologías, «los demócratas no están luchando contra el progreso».

Los demócratas deben abandonar cualquier ilusión persistente de que estén involucrados en un discurso político refinado o en una competencia amistosa. Están en guerra. Y para ganar una guerra, hay que cortar la cadena de suministro del enemigo. Eso significa enfrentarse y limitar estas monedas digitales, que se han convertido en una importante fuente de dinero oscuro que alimenta la agenda autoritaria del Partido Republicano. El mandato del Partido Demócrata debería ser claro: rechazar rígidamente el auge del autoritarismo a través de la intromisión de estos activos en nuestra sociedad y privar su capacidad para alimentar a las fuerzas políticas que se nos enfrentan.

Stephen Diehl, ingeniero de software.

A esta animadversión política se suman las presiones ejercidas por sectores de la banca comunitaria de Estados Unidos, los cuales argumentan que la expansión de las stablecoins perjudica la captación de depósitos bancarios tradicionales.

Sin embargo, defensores de la ley rechazan estas críticas por considerar que carecen de sustento técnico y empírico.

La senadora Cynthia Lummis se refirió a este punto y aseguró que el proyecto protege expresamente al sistema financiero tradicional contra la competencia desleal de las stablecoins. A su juicio, «matar la Ley Clarity no ayudará a los bancos comunitarios. Solo protegerá el statu quo».

Con un volumen transaccionado en mínimos de probabilidad de aprobación dentro de Polymarket y un bloque parlamentario opositor consolidado de cara a las elecciones, el futuro de la Ley Clarity parece distanciarse de una solución consensuada en el Congreso. Por tanto, la eventual entrada en escena de las normativas unilaterales que la SEC presentará perfila un horizonte donde la regulación se ejecutará por vía de una agencia federal, antes que por un marco integral aprobado por los legisladores en Washington D.C.