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Los equipos incautados están valorados en $6000 USD
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El hardware es propiedad de un miembro de la Asociación Nacional de Criptomonedas
Este miércoles 17 de octubre se produjo la incautación de equipos de minería por parte las autoridades policiales del municipio Caroní, en el estado Bolívar, al suroeste de Venezuela. El hecho se difundió por redes sociales y generó alarma en la comunidad de mineros venezolanos.
Un tuit publicado por Venezuela Blockchain, informa que los equipos se encontraban ubicados en una zona residencial de la ciudad de Puerto Ordaz. De acuerdo con la información, el hardware es propiedad de un integrante de la Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip) residente del estado Bolívar. Dicha asociación, que agrupa a los mineros y personas dedicadas a la fomentar la adopción de las criptomonedas en Venezuela, se solidarizó con su agremiado a través de una publicación en la red social Twitter.
Allanamiento en desarrollo a miembro de Asonacrip en Bolívar por tener equipos de minería digital de criptomonedas, esto sucede en Puerto Ordaz Urbanización Mendoza, Carrera a temblador, cada F37, @blockchain_ve @TareckPSUV
— Venezuela Blockchain (@VeBlockchain) 17 de octubre de 2018
Desde ayer en la noche estamos en contacto directo con una situación irregular de unas maquinas de minería digital de criptomonedas en Puerto Ordaz. Se contacto ayer mismo a la @SunacripVe y esperamos hoy podamos solucionar todo. Trabajamos por una #CriptoNación #18Oct
— Asonacrip (Asociación Nacional de Criptomonedas) (@AsonacripVe) 18 de octubre de 2018
Testigos, que no revelaron su identidad por razones de seguridad, narraron los hechos a CriptoNoticias. Según informaron, una comisión policial conformada por unos 13 funcionarios, a bordo de tres vehículos oficiales, se presentó al final de la tarde en la residencia donde funcionaban los equipos. Los uniformados no presentaron orden judicial para realizar el procedimiento. Aun así, tras largas horas, procedieron a incautar 12 equipos de minería valorados en alrededor de $6000 USD.
Los testigos señalaron que la causa esgrimida por los funcionarios para incautar los equipos fue la ilegalidad de la minería de criptomonedas, ya que aún no existe un marco regulatorio en Venezuela para la actividad. CriptoNoticias no logró contactar con ningún vocero del ente policial que expusiera la versión oficial de los hechos. Hasta el momento, se desconoce cuál será el destino de los equipos.
Sin embargo, la Policía de Caroní respondió en Twitter a los alegatos de la comunidad, afirmando que la minería aún es ilegal en Venezuela en tanto se debe seguir un proceso de inscripción, registro y censo que aún no ha sido puesto en marcha.
La mineria no es legal https://t.co/d4S7fzGwTk esta en periodo d censo luego empezar a otorgar licencias debidamente con los equipos registrados y monitoriados a través de un usuario y una contraseña para que el gobierno pueda llevar el control siendo por ahora el petro
— SalasiCaroni Guayana (@POLICARONI1) 18 de octubre de 2018
La semana pasada la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), ente regulador de las actividades relacionadas con los criptoactivos en Venezuela, realizó una reunión con más de 100 mineros de criptomonedas. En el encuentro, presidido por el Superintendente Joselit Ramírez, se abordó el tema de la importación de hardware especializado y la incautación o retención irregular de equipos por parte de funcionarios policiales.
Ya a principios de este año las autoridades estaban al tanto de denuncias de este tipo. En aquel momento, el anterior superintendente de la Sunacrip, Carlos Vargas, reconoció públicamente la existencia de actividades de extorsión e incautación ilegal de equipos de minería de criptomonedas en Venezuela.
El gobierno venezolano ha dado algunos pasos hacia un mayor control de la actividad de minería de criptomonedas. En febrero de este año creó un registro de mineros digitales y un “certificado de minería digital”, que les permitiría más adelante obtener una licencia de operación. No obstante, aún no se ha creado un marco regulatorio para el sector.
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