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La compañía no cumplió con los plazos establecidos para adecuarse a la regulación chilena.
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Autoridades acusan a Plusspay de facilitar el lavado de 84 millones de dólares.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile anunció la cancelación oficial de la inscripción de la empresa Inversiones Plusservice Spa, conocida comercialmente en el mercado como Plusspay.
Esta plataforma de activos digitales, que facilitaba transacciones comerciales en el país, perdió su facultad legal para operar en medio de una investigación judicial que vincula sus estructuras con redes del crimen organizado transnacional.
Según la resolución exenta emitida por el consejo de la CMF, la empresa no presentó de forma oportuna la documentación y la información actualizada exigida por la Norma de Carácter General (NCG) N°502.
Asimismo, la compañía excedió el plazo máximo de 12 meses establecido en el artículo 13 de la Ley Fintech para adecuarse por completo a las exigencias del nuevo régimen regulatorio aplicable en el país. Al revocarse su inscripción, Plusspay pierde el beneficio de la habilitación provisional y ya no podrá realizar legalmente ninguna actividad financiera contemplada en la Ley N° 21.521.
La acción del organismo supervisor no se limitó a esta plataforma. El regulador reportó la cancelación paralela de otras entidades tecnológicas como luinvest SpA y Pixeltec SpA, además de 14 personas y firmas dedicadas a la asesoría de inversión. Todas estas entidades quedaron inhabilitadas para operar comercialmente por motivos vinculados a la omisión de informes documentales obligatorios en los plazos legales fatales.
Presuntos nexos con el Tren de Aragua
Más allá del escenario puramente administrativo, la situación de la plataforma cobró relevancia pública tras revelarse sus supuestos nexos con la banda criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.
Reportes de la prensa local, publicados inicialmente por El Mostrador, vincularon a la firma y a su propietario, el ciudadano venezolano José Manuel Ríos Guaidó, con personas arrestadas en el marco de la denominada «Operación Tokio».
A los implicados en dicho proceso judicial se les imputa el blanqueo de un capital cercano a los 77.000 millones de pesos chilenos (84 millones de dólares) expresados en criptomonedas entre los años 2022 y 2025, reportó CriptoNoticias.
De acuerdo con los antecedentes del proceso penal a los que ha tenido acceso este medio, el esquema operativo de la empresa consistía en recibir transferencias en moneda local para su posterior conversión en stablecoins, específicamente USDT y USDC.
A través de un entramado de firmas comerciales relacionadas, entre las que destacan BexGroup SpA, BexDigital Services SpA y Bexpay Business Enterprises SpA —esta última con nexos reportados en Miami, Estados Unidos—, la red lograba integrar los fondos en el sistema bancario chileno y desviar el rastro del dinero.
Este acontecimiento abre una fuerte discusión pública sobre la fiscalización en el entorno de los activos digitales en América del Sur. El marco de la Ley Fintech implementado en Chile exige un proceso de dos etapas: primero, una inscripción genérica de carácter jurídico y legal; segundo, una autorización de servicio definitiva basada en un análisis operativo profundo.
Datos de la última cuenta pública de la CMF indican que el organismo recibió 445 solicitudes de inscripción bajo este marco conceptual, reflejando la magnitud y el crecimiento de la industria de servicios financieros tecnológicos.
La controversia actual radica en las críticas al diseño de la «habilitación transitoria», un mecanismo que permitía a plataformas bajo sospecha operar comercialmente y presentarse ante el público con el respaldo formal de estar registradas, antes de haber superado una auditoría de seguridad profunda.
Por su parte, la postura de la empresa reniega de cualquier nexo operativo con el crimen organizado, sosteniendo que la medida de la CMF se debe exclusivamente a un retraso de orden burocrático y administrativo en la entrega de los papeles exigidos.
Con la expulsión de Plusspay y el resto de las firmas del registro, la CMF ejerce con los plazos de la Ley Fintech y demuestra que los requisitos de transparencia y entrega de información son un auténtico filtro para la seguridad del mercado local. Sobre todo, en un contexto de alta sensibilidad por el flagelo del lavado de dinero con activos digitales.
