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Funcionarios de seguridad allanaron las oficinas físicas de Plussplay en Santiago de Chile.
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Se emitió una orden de aprehensión contra el dueño de la plataforma de criptomonedas.
Las autoridades judiciales de Chile abrieron una investigación contra la plataforma de criptomonedas Plusspay. Argumentan presuntos vínculos con la banda criminal trasnacional Tren de Aragua, ya que presuntamente era parte del esquema de lavado de dinero de la organización delictiva.
El caso penal involucra directamente a la plataforma y a su fundador, el ingeniero venezolano José Manuel Ríos Guaidó. Según informaron las autoridades, el 13 de junio las oficinas operativas de la empresa en la comuna de Providencia fueron objeto de allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad.
Trascendió que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur emitió una orden de aprehensión contra Ríos Guaidó, quien actualmente no ha sido localizado en sus domicilios registrados y se presume que abandonó el territorio chileno.
De acuerdo con los antecedentes del proceso judicial, la empresa operaba como una entidad financiera tecnológica que permitía recibir transferencias en pesos locales para convertirlas en stablecoins, tales como USDT y USDC.
A través de un presunto entramado de firmas comerciales creadas por el principal investigado, entre las que destacarían BexGroup SpA, BexDigital Services SpA y Bexpay Business Enterprises SpA —esta última con supuestos nexos en Miami, Estados Unidos—, la red lograba integrar los fondos en el sistema bancario chileno y desviar el rastro del dinero.
Las indagaciones apuntan a que los flujos financieros sospechosos vinculados a esta estructura específica superan los 84 millones de dólares. Además, el Ministerio Público detectó que diversas células operativas de la megabanda internacional compartían esta misma pasarela y arquitectura financiera en regiones clave de Chile como Temuco, Puerto Montt, Iquique y Valparaíso, con el objetivo de blanquear los dividendos generados por sus actividades criminales en el país.
Este acontecimiento abre un debate en el entorno regulatorio de los mercados de activos digitales en América del Sur, ya que Plusspay se encontraba inscrita desde enero del año 2024 como una entidad financiera supervisada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de Chile, tras haber modificado previamente su objeto social para incluir la custodia, intermediación y sistemas alternativos de transacción financiera. Aunque esa entidad luego negó tal registro.
Plusspay rechaza vínculos con el Tren de Aragua
Como consecuencia de las averiguaciones, Plusspay está inoperativa. En su sitio web dejaron un banner que reza «Aviso Importante: Nuestras operaciones se encuentran temporalmente suspendidas por razones legales ajenas a la plataforma». También dejaron un comunicado oficial en el que rechazan «cualquier vinculación con actividades ilícitas o estructuras de criminalidad organizada».
«Nuestra plataforma jamás fue concebida ni operada para fines delictivos. Plusspay nació y creció con el propósito legítimo de ofrecer soluciones innovadoras y competitivas dentro del ecosistema de activos digitales, respaldada por la confianza de nuestros clientes», dice la plataforma en su misiva.
Agregan que, debido a la complejidad técnica de la industria de las criptomonedas, «estamos actuando legalmente a través de un equipo de abogados especialistas».
«Su misión es ejercer todas las acciones procesales necesarias para resguardar nuestros derechos constitucionales y demostrar, de manera transparente, la legitimidad de nuestras operaciones. Confiamos plenamente en que los antecedentes técnicos aclararán la realidad de nuestro funcionamiento y descartarán acusaciones infundadas. Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la normativa vigente», finaliza el comunicado.
El movimiento en contra de la plataforma de criptomonedas se suma a toda una movida que llevan adelante las autoridades chilenas para golpear al Tren de Aragua.
El 5 de junio pasado, CriptoNoticias reportó el desmantelamiento definitivo de una red de lavado de dinero vinculada a la misma agrupación, la cual movilizó cerca de 90 millones de dólares mediante el uso de monedas digitales.
El procedimiento, ejecutado en Santiago de Chile, resultó en la detención de aproximadamente 20 personas, incluyendo a un empleado de cuentas de Banco Santander, quienes presuntamente utilizaban portales de intercambio para desviar los capitales hacia el exterior.
Con la ejecución de las órdenes de incautación de material documental y la persecución activa de Ríos Guaidó, la justicia chilena avanza en su objetivo de desmantelar los brazos económicos del Tren de Aragua. La investigación penal continúa su curso con el propósito de determinar el alcance definitivo de las transacciones efectuadas y lograr la recuperación de los activos que fueron movilizados de forma ilícita al exterior.
