La transparencia es clave para la reconstrucción de Venezuela por los terremotos

El reciente doblete sísmico que sacudió la región central de Venezuela, impactando de forma severa a Caracas y La Guaira, transformó de manera profunda el panorama económico proyectado para este 2026.

Lo que inicialmente se perfilaba como un año de consolidación y crecimiento económico moderado para esa nación, ahora exige un viraje hacia la emergencia nacional, así como a la reconstrucción física y financiera del país, priorizando para ello los principios de transparencia.

De acuerdo con el economista venezolano y consultor Asdrúbal Oliveros, la limitación financiera del Estado venezolano impide que la reconstrucción del país se asuma únicamente con recursos propios inmediatos. Para él, la estrategia económica deberá volcarse hacia el financiamiento multilateral y la negociación de activos retenidos en el exterior.

Asegura el especialista que la reconstrucción del país «pasa a ser la prioridad económica ahora», considerando que las estimaciones preliminares basadas en las metodologías estandarizadas DALA (evaluación de daños y pérdidas en activos) y PDNA (necesidades de reconstrucción postdesastre) empleadas por el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sugieren que los daños materiales iniciales por los terremotos oscilan entre los 7.500 y 9.000 millones de dólares, cifras que equivalen aproximadamente al 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación caribeña.

Más allá, el costo real para levantar por completo la infraestructura devastada será considerablemente mayor, situándose en un rango que va desde los 13.000 hasta los 15.000 millones de dólares, según las proyecciones de Oliveros.

El analista señala que, si bien la infraestructura petrolera de Venezuela no sufrió graves daños por los terremotos del 24 de junio, y que esa sería una de las vías principales para la recuperación del país, también hace falta otras fuentes de financiamiento. Entre ellas se encuentran los 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI) pertenecientes a Venezuela.

A esto se suman el oro custodiado en Inglaterra, los fondos retenidos en el Banco Espírito Santo en Portugal, las cuentas en entidades financieras de Estados Unidos, los dividendos provenientes de Citgo —la filial de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) en EE. UU.— y el flujo corriente de la comercialización de crudo.

«Dada la situación financiera del Estado venezolano, no tenemos hoy capacidad de contar con esos recursos directamente manejados por nosotros y vamos a depender muchísimo de financiamiento y de ayuda internacional», dijo Oliveros en entrevista con Unión Radio.

Aseguró así que «ahora viene un proceso de negociación y de discusión donde tiene que participar el gobierno venezolano, los Estados Unidos y los organismos multilaterales» para tratar el acceso a los recursos que tiene Venezuela en el exterior. «De los cuales nosotros no hemos podido disponer, pero que están allí y que se pudieran utilizar para la reconstrucción», sugirió.

Ahora bien, esta ayuda internacional, así como la negociación de activos venezolanos retenidos en el exterior, debe contar con transparencia. Desde su óptica, lo fundamental ahora mismo es «establecer un plan que busque construir esos grandes acuerdos en torno al acceso a esos recursos y cómo se van a manejar», resaltando criterios de transparencia y priorización como los aspectos más importantes para este fin.

Un manual para garantizar la transparencia

Justo en ese punto coincide la organización civil Transparencia Venezuela, que esta semana publicó un manual para la distribución de ayudas a las víctimas de los terremotos. Aunque inicialmente se enfoca en los donativos recibidos para apoyar a los afectados, el documento resalta principios que, en la práctica, también podrían aplicarse a la reconstrucción del país.

Dicho manual, que está disponible en la web, establece 5 principios para «proteger las donaciones y generar confianza». El primero, es la separación de los tipos de ayuda recibida, recordando que, desde que la tierra sacudió a Venezuela hace una semana, se han recibido donativos monetarios, así como en especie.

Para Transparencia Venezuela, es indispensable que cada tipo de donaciones se controle de manera individual, ya que las transferencias, donaciones corporativas y envíos de dinero a través de plataformas digitales, tienen un tratamiento completamente distinto a los donativos de alimentos, agua, medicamentos, equipos e insumos.

El segundo principio planteado por esa organización es la identificación de cada donante. Nombres, razón social, datos de contacto, país de origen, beneficiario, tipo de donativo y la fecha, son aspectos que, según la entidad, «previenen el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y conflictos reputacionales».

En tanto, el tercer principio para garantizar las ayudas en Venezuela es el control e inventario digital de los donativos recibidos. Plantean desde esa organización que debe existir información transparente sobre el tipo de producto, cantidad, lote, fecha de vencimiento y ubicación. A esto se suma la necesidad de dejar evidencia documental, bien con fotografías, actas, firmas de documentos y receptores.

El cuarto principio establecido en el manual de Transparencia Venezuela es que nadie debe controlar el proceso de donaciones y ayudas de manera individual. Establecen así que una sola persona nunca debe realizar todas las funciones de gestión de donaciones. En cambio, instan a que exista una distribución de tareas como «uno de los controles más efectivos contra la corrupción».

Por último, el quinto principio para garantizar la ayuda a los afectados por los terremotos es que la información se haga pública. Según la organización, «la transparencia reduce el riesgo de corrupción». Indican así que debe hacerse notorio y comunicacional el monto de dinero recibido, la cantidad de donativos, el origen de la ayuda, el destino de la misma, los beneficiarios y los resultados de tal gestión.

Como lo ven desde Transparencia Venezuela, «publicar de forma proactiva genera confianza y credibilidad».

¿Bitcoin podría ayudar a garantizar la transparencia en Venezuela?

Bien es sabido que el protocolo Bitcoin es una forma de transparentar las operaciones financieras, contrario a los canales tradicionales —y opacos— del sistema financiero. En Bitcoin, todo queda registrado en la red y nada ni nadie puede editarlo o cambiarlo. Es inmutable, descentralizado y, en últimas, una vía clave para garantizar la transparencia en la reconstrucción de Venezuela.

Así como en 2023 la red desarrollada por Satoshi Nakamoto ayudó a desestimar un fraude en las elecciones presidenciales de Guatemala, como reportó CriptoNoticias; en el trágico escenario venezolano las bondades de este protocolo pueden ser más que útiles.

Haciendo un ejercicio mental, podemos determinar que, si todo dinero enviado a Venezuela para su recuperación tras los terremotos se hiciera por esta vía, no habría espacio para la malversación ni la corrupción. Esto debido a que toda transacción vinculada a este objetivo quedaría registrada para siempre en la cadena de Bitcoin, garantizando que los fondos sean realmente utilizados para apoyar al golpeado país.

Partiendo, además, de que Bitcoin es más que conocido en Venezuela, no habría complicaciones para intercambiar los fondos por dólares o bolívares. En esencia, sería bastante sencillo contribuir, de manera transparente y hasta traslúcida, en la recuperación física y finaciera del país caribeño.

La transparencia, que es uno de los valores bitcoiners más invaluables y representativos, es más que clave para ayudar a Venezuela a superar este episodio. Ciertamente, esta opción está en la mesa, pero su aplicación dependerá de los verdaderos objetivos —y voluntad— de las autoridades.