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La base de datos incluye información fiscal, domicilios, teléfonos y gestiones tributarias.
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Las autoridades francesas contabilizaron 77 incidentes con activos digitales en seis meses.
Una filtración de datos de la administración tributaria francesa podría facilitar la identificación de personas con altos ingresos y exposición a activos digitales, en un momento en que Francia concentra la mayoría de los ataques físicos contra sus tenedores.
El 12 de agosto de 2026 se conoció la filtración que, según un ciberdelincuente, afectó a contribuyentes de la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP). Al día siguiente, el organismo confirmó que una intrusión había permitido acceder y extraer datos de unos 678.000 particulares y profesionales.
La DGFiP confirmó que los accesos ilegítimos ocurrieron en junio y julio de 2026 mediante la usurpación de identificadores de un empleado y de un tercero autorizado. Las investigaciones determinaron que esos accesos fueron utilizados para consultar y extraer datos fiscales antes de ser interrumpidos.
Entre la información robada figuran el ingreso fiscal de referencia, el cociente familiar y la tasa de retención en la fuente, además de datos personales y catastrales relacionados con direcciones y superficies de inmuebles. También pueden aparecer nombres, fechas de nacimiento, teléfonos, correos electrónicos y antecedentes de gestiones realizadas ante la administración tributaria.
Asimismo, la base contendría 678.437 personas: 392.867 particulares y 285.570 profesionales. Entre los particulares, 26.805 tendrían un ingreso fiscal de referencia de al menos 100.000 euros, 386 superarían 1 millón de euros y 8 superarían los 10 millones de euros. Estas cifras todavía deben ser verificadas de forma independiente.
El riesgo para los tenedores de activos digitales
La filtración es relevante para los tenedores de bitcoin porque la administración tributaria francesa recibe información sobre sus cuentas y operaciones con activos digitales. Los residentes fiscales deben declarar determinadas cuentas de activos digitales abiertas, mantenidas, utilizadas o cerradas en el extranjero mediante el formulario 3916-3916 bis, así como las ganancias y pérdidas de determinadas operaciones mediante el formulario 2086.
Aunque esto no confirma que se hayan filtrado saldos de bitcoin, los registros fiscales pueden vincular una identidad con cuentas de activos digitales o ganancias obtenidas mediante ellos. Esa información, combinada con ingresos elevados, domicilio, teléfono y correo electrónico, puede facilitar la identificación de personas con un patrimonio relevante. También podría cruzarse con otras filtraciones para construir perfiles más precisos de potenciales objetivos de delitos físicos o fraudes.
El contexto francés hace que este riesgo sea especialmente relevante. Como reportó CriptoNoticias, CertiK registró 52 ataques físicos verificados contra tenedores de activos digitales en todo el mundo durante el primer semestre de 2026, frente a 39 en el mismo periodo de 2025. Francia concentró 33 casos, equivalentes al 63,5% del total mundial, mientras Europa acumuló 39. La exposición financiera asociada a los incidentes alcanzó 124,1 millones de dólares, frente a 10,5 millones en el primer semestre de 2025.
La modalidad de los ataques también cambió. Las invasiones de viviendas pasaron de un caso durante el primer semestre de 2025 a 20 en el mismo periodo de 2026, mientras que los secuestros aumentaron de 12 a 16. CertiK también registró cuatro casos de tortura y un homicidio en cada uno de los dos periodos comparados.
El recuento de las autoridades francesas es todavía mayor. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó de 77 incidentes físicos relacionados con activos digitales durante el primer semestre de 2026, frente a 45 durante todo 2025. La diferencia respecto a CertiK responde a que las autoridades utilizan una categoría más amplia y no solamente los ataques públicos que pueden verificarse de forma independiente.
El alcance definitivo de la filtración aún está bajo investigación, pero el caso plantea una amenaza que va más allá del robo de datos: convertir información fiscal en inteligencia para localizar objetivos. Para los tenedores de bitcoin, el desafío será evitar que los registros que identifican ingresos, patrimonio o actividad financiera puedan terminar revelando también dónde encontrar a la persona que los posee.
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