Hechos clave:
- Al estar sujetas a las leyes estadounidenses, las DApps deberán solicitar licencia.
- Las normativas contra lavado de dinero y KYC podrían aplicarse a las DApps.
La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió este 9 de mayo una guía con recomendaciones para la regulación de varios modelos de negocios relacionados con criptomonedas, entre los cuales se hallan las aplicaciones descentralizadas.
De acuerdo al documento publicado por el organismo en su sitio oficial, el objetivo de la guía es aclarar y brindar ejemplos para facilitar el cumplimiento legal por parte de las entidades cuyas actividades se encuentran dentro del ámbito de la Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés). Se refiere, en específico, tanto a la transmisión y el intercambio de valor con criptomonedas como a los modelos de negocio relacionados con estos activos, los cuales incluyen a las DApps que se ejecutan dentro de las redes distribuidas.
En ese sentido, FinCEN define a estas aplicaciones como «programas de software de aplicación descentralizados (distribuidos) que operan en una red P2P de computadoras que ejecutan una plataforma de blockchain». Al respecto, el organismo considera que cualquier DApp que acepte y transmita valor, independientemente de si opera con fines de lucro o no, está sujeta a la misma normativa que las “agencias mecánicas”, como, por ejemplo, los cajeros automáticos.
De esta forma, se establece que toda aplicación descentralizada que involucre transmisión de dinero, deberá cumplir con las normas de la BSA, especialmente aquellas en las que los usuarios de la DApp deban pagar una tarifa monetaria, generalmente en criptomonedas, para ejecutar el software.
En consecuencia, cuando las DApps realizan transferencias de dinero, la definición de transmisor se aplicará a la DApp, a los propietarios/operadores de la DApp o a ambos.
FinCEN
Así mismo, para cumplir con la ley, la DApp deberá solicitar una licencia otorgada por las autoridades de los estados donde se realiza la actividad comercial, además de tener que cumplir con las políticas contra el financiamiento al terrorismo (CFT), anti-lavado de dinero (AML) y las normas de conozca su cliente (KYC). Estas exigencias se incluyen en los lineamientos para la regulación y supervisión de compañías que operan con monedas virtuales, aunque hasta ahora estaban centradas en casas de cambio y en el proceso para realizar transacciones de monedas fiat a criptomonedas y entre criptoactivos.
En su publicación, el organismo aclara que esta interpretación que hace de la ley no busca establecer nuevos requisitos legales, sino consolidar la regulación vigente y las orientaciones que ha emitido desde el año 2011, adecuándolas a los distintos tipos de negocios con criptoactivos que se utilizan actualmente. Reconoce, por tanto, que algunos esquemas de negocio con activos digitales pueden quedar fuera de la guía, por lo cual advierte que el hecho de que algunos modelos no sean mencionados, no significa que no estén sujetos a la BSA.
