Los 5 gobiernos del mundo que más le temen a Bitcoin

Esta semana circularon informaciones sobre el estatus legal de las criptomonedas y la tecnología de criptoactivos en dos países asiáticos, donde los gobiernos se han caracterizado por mantener una postura restrictiva y de rechazo hacia el sector:  India y China.

En India los medios hacen eco de las quejas de los ciudadanos, debido a que los bancos han decidido cerrar las cuentas de los clientes  que operen con criptoactivos. Se trata de una medida que se toma a partir de las restricciones impuestas al sector  por parte del Banco de la Reserva de ese país desde 2018.

En China, un nuevo reglamento entrará en vigencia en febrero próximo, con el propósito imponer la autocensura de los mensajes publicados en plataformas de contenido basadas en tecnología blockchain. La normativa se suma a otras que viene dictando el gobierno, aunque resalta por dirigirse a las plataformas cuyo desarrollo, hasta ahora, había sido más privilegiado que las criptomonedas por las autoridades. 

Los gobiernos de India y  China se han destacado por mantener esta postura opuesta a las criptomonedas, y las medidas restrictivas que han tomado suelen ser reseñadas por los medios de comunicación, pero no son los únicos que se oponen al ecosistema, pues también otros gobiernos manifiestan su rechazo y lo exteriorizan a través de medidas, decretos y prohibiciones de todo tipo, aun en contra de los deseos de los ciudadanos de sus países. Estas posiciones extremas de prohibición se contraponen con la de los gobiernos que son más criptoamigables y hasta con aquellos con posiciones ambivalentes. 

En general, las razones para las prohibiciones van desde el desconocimiento sobre la forma en que funciona esta nueva tecnología, hasta el temor de lo que su desarrollo puede representar para los sistemas financieros regulados y centralizados. Esto pasa por razonamientos que argumentan a favor de un supuesto proteccionismo de las monedas nacionales, que en algunos casos deriva en propuestas de creación de monedas digitales emitidas por bancos centrales o respaldada por el Estado, con características de criptoactivos .

También influye en el rechazo, la actividad de algunos malos actores, que siempre se hacen presentes en toda actividad financiera, quienes han llevado a que erróneamente muchos desconocedores asocien a las criptomonedas con lavado de dinero, terrorismo y estafas.

Bangladesh

Bitcoin es totalmente ilegal en este país y su gobierno es uno de los más «hostiles» hacia la criptomoneda. El Banco de Bangladesh emitió su primera advertencia contra el uso de Bitcoin en 2014, la cual incluyó precauciones para realizar transacciones en cualquier “moneda artificial”, ya que esto podría involucrar acciones no autorizadas, establecidas en la Ley de Regulación de Divisas de 1947 y en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2012.

De esta manera, el ente gubernamental desaprobó expresamente cualquier transacción de criptomonedas, al afirmar que estas criptomonedas no eran moneda de curso legal emitidas por ningún país y que no dependen, ni están aprobadas, por un sistema de pago central, por lo que consideró que las personas podrían verse perjudicadas financieramente.

A partir de esta decisión, el uso de cualquier criptomoneda podría acarrear una pena de hasta 12 años de prisión. Sin embargo, a pesar de las restricciones, el uso de criptomonedas mantiene su popularidad entre los ciudadanos de Bangladesh, lo que llevó a que  funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera y la unidad de delitos informáticos de la policía comenzaran a realizar investigaciones en 2018. Este hecho ha desatado una especie de persecución en contra de los bitcoiners de ese país.  

Irán

En abril de 2018, el Banco Central de Irán prohibió oficialmente el uso de criptomonedas en transacciones financieras, como una medida destinada a impedir el lavado de dinero y el terrorismo. La prohibición abarca a “todos los centros monetarios y financieros del país”, entre ellos bancos, instituciones financieras y casas de cambio.

A pesar de las prohibición, los ciudadanos iraníes acuden a bitcoin como forma de protegerse de la inflación que azota al país. Por tanto, Irán se destaca por poseer uno de los volúmenes más altos de comercio P2P, que se incrementó incluso después de ser anunciada la medida.  

Paralelamente, al igual que Venezuela y Rusia, las autoridades de Irán tienen proyectado crear una criptoactivo nacional,  como parte de una estrategia diseñada para salvar su economía y sortear sanciones internacionales.

El proyecto, en su aspecto técnico, comenzó a ser revelado en agosto de 2018, cuando la Corporación de Servicios Informáticos (ISC) anunció que la plataforma estaría respaldada por la moneda nacional, el rial, y ha sido diseñada en base a la tecnología Hyperledger Fabric. La autoridad puntualizó, además, que “la criptomoneda iraní se desarrolla bajo una infraestructura de cadena de bloques privada y no se puede minar (…), el emisor es (el) Banco Central de Irán y el volumen de emisión dependerá de la decisión del banco”.

Este plan se contrapone con la medida prohibitiva del comercio con criptoactivos emitida a principios del año pasado, por lo que ha sido tomada como indicio de que el interés del gobierno por el criptoactivo solo responde al deseo de eludir las sanciones estadounidenses.

Tailandia

En febrero de 2018 el Banco Central de Tailandia solicitó a los bancos del país no involucrarse en transacciones relacionadas con criptomonedas a fin de evitar posibles problemas derivados de la falta de regulación.

Con esta medida, el ente oficial prohibió la inversión o comercialización con criptoactivos, incluyendo la creación de plataformas de compraventa y la oferta de casas de cambio relacionadas con criptomonedas. También vetó su compra por parte de los clientes, utilizando sus tarjetas de crédito, y prohibió a los bancos dar asesorías de ningún tipo para realizar actividades de inversión y o de comercialización de tokens digitales.

Posterior a esta medida, el gobierno comenzó a hablar de regulación y a finales de marzo de 2018 el Concejo de Estado de Tailandia aprobó un borrador de ley para regular las transacciones con criptomonedas. Con este proyecto pretende combatir la evasión de impuestos, el lavado de dinero y el financiamiento del delito al tiempo de proteger a los inversionistas del fraude y la estafa con estos instrumentos financieros.

Pero el nuevo plan maneja ideas que contradicen la prohibición de febrero y, según las declaraciones del ministro de Finanzas, Apisak Tantivorawong,  tratará de no ser restrictivo con las transacciones y la celebración de Ofertas Iniciales de Moneda (ICO). Para ello, las autoridades financieras gubernamentales trabajan en la creación de un registro general para las transacciones privadas y las casas de cambio.

La aparente contradicción fue aclarada luego por el secretario permanente de finanzas, Somchai Sujjapongse, quien afirmó que estas regulaciones no buscan promover la adopción de las criptomonedas, sino la implementación de la tecnología blockchain, la cual suele ser aceptada por muchos de los países que rechazan a los criptoactivos, tal como ocurre también en China.

El Banco Central de Tailandia es otro de los organismos estatales que tiene planes para la emisión de una criptomoneda nacional, proyecto con el que busca facilitar los arreglos interbancarios en toda la región y que se albergará en Corda, la blockchain del consorcio R3, para su emisión centralizada.

Vietnam

En octubre de 2017 el gobierno de Vietnam actualizó un decreto del 2012 sobre pagos no monetarios, mediante el cual los criptoactivos adquirieron el estatus de ilegales como medio de pago en todo el país asiático.

Para esa fecha, el Banco Estatal de Vietnam publicó en su página oficial que, de acuerdo con las disposiciones de la ley, llegó a la conclusión de que bitcoin y otras criptomonedas similares no pueden calificarse como un medio legal de pago, por lo que la emisión, el suministro, el uso de bitcoin y otros criptoactivos similares quedaban totalmente prohibidos.

Para tomar esta decisión, el gobierno vietnamita tomó en cuenta a varias iniciativas que se estaban llevando a cabo en el país y que se presentaban como supuestas criptomonedas. Entre ellas incluyó a OneCoin, que falsificó un permiso presuntamente emitido por el Ministerio de Planeamiento e Inversión, junto a un esquema Ponzi que funcionaba con el nombre de Bank Bitcoin Community, que colapsó, llevando a la ruina a casi 2 mil personas.

Ya desde 2014 el gobierno había alertado a la ciudadanía sobre las operaciones fraudulentas que pueden llevarse a cabo utilizando bitcoin, y recalcaba que las criptomonedas no tenían ninguna validez legal.

Bolivia

Es el primer país latinoamericano (junto a Ecuador) en prohibir la comercialización con bitcoin y otras criptomonedas, a partir de un comunicado emitido en 2014 por el Banco Central de Bolivia (BCB), mediante el cual promulga una resolución que prohíbe taxativamente “el uso de monedas no emitidas o reguladas por estados, países o zonas económicas y de órdenes de pago electrónicas en monedas y denominaciones monetarias, no autorizadas por el BCB en el ámbito del sistema de pagos nacional”.

De esta forma, para el gobierno boliviano las criptomonedas no son consideradas como divisas legales, al no ser respaldadas ni emitidas por ningún ente central ni ningún gobierno.

Entre las motivaciones para el decreto se encuentra el desempeño de varios esquemas piramidales que comenzaron a operar en el país y que se presentaron como proyectos con criptomonedas. Entre los más conocidos está el caso de una empresa que se identificaba con el nombre de Bitcoin Cash,  y otro grupo que se llamaba Pay Diamond. Estos esquemas derivaron en la privación de libertad de varias personas que aprovechaban la ignorancia de los inversionistas, para reclutar personas, recabar fondos y luego malversar el dinero.

Las denuncias por estas estafas causaron que el Banco Central de Bolivia ratificara, en  otro comunicado emitido en abril de 2018, la prohibición en el uso de monedas virtuales. A pesar de la restricción, los ciudadanos bolivianos operan con plataformas descentralizadas, y hasta empresas públicas y privadas, indirectamente validan transacciones con criptomonedas.

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