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Hechos clave:
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La propuesta fue replanteada tras el rechazo de diversos sectores.
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El grupo parlamentario aboga por limitar los billetes bajo los designios de la Comisión Europea.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) reconsideró su propuesta de eliminar gradualmente el dinero en efectivo. El grupo parlamentario presentó una enmienda con la que marcó distancia con respecto a su propuesta inicial, la cual sería sometida a debate el pasado 30 de junio ante la Comisión de Hacienda del Congreso.
El texto que inicialmente planteaba acabar con los pagos en efectivo como parte de un plan para reforzar la conciencia fiscal, fue modificado por un planteamiento que aboga por limitar el uso de los billetes y las monedas “a largo plazo de forma gradual, consensuada y coordinada en el ámbito de la Unión Europea”, tal como reseñan los medios locales.
El planteamiento de la supresión definitiva del dinero en efectivo, presentada a mediados de junio en el Congreso de los Diputados, generó polémica y revuelo entre los ciudadanos españoles. Muchos manifestaron su rechazo por las repercusiones que la medida podría generar en la sociedad.
De hecho, poco antes de que la propuesta fuera presentada ante la Comisión de Hacienda, el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, organismo defensor de la privacidad ciudadana, emitió un comunicado en el cual manifestó su rechazo sobre la propuesta presentada por el partido socialista de eliminar el dinero en efectivo.
Los firmantes del comunicado instaron a los grupos parlamentarios a no respaldar la propuesta y a considerar que la medida, además de condicionar la libertad ciudadana, también afectaría a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad.
Durante unos quince días, los ciudadanos españoles se pronunciaron por diversas vías para manifestar su opinión. Muchos expresaron su preocupación sobre lo que consideraron podía convertirse en un recurso de control que utilizaría el gobierno de España, tal como fue reseñado por CriptoNoticias.
La iniciativa de eliminar el efectivo marcó su avance hacia el Congreso pese a que era contraria a los principios del Tratado de la Unión Europea que establece que los billetes y monedas son de curso legal. También iba en dirección contraria a la posición de la Comisión Europea que en 2010 aclaró que “la norma debe ser la aceptación de billetes y monedas en euros como medio de pago en transacciones minoristas”.
Otro plan en marcha
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda español está planteando una reforma legal, quizá para este mismo año, que rebaje de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico entre profesionales, ya que entre particulares seguirán limitados a 2.500 euros, de acuerdo con lo informado por medios españoles.
La medida del Ministerio de Hacienda está enmarcada en una serie de propuestas que buscan acabar con la economía sumergida y elevar la recaudación de impuestos ante las necesidades que ha impuesto la pandemia, según informan medios de España.
Sobre esta propuesta, el Banco Central Europeo (BCE) manifestó una posición que, aunque no es vinculante sigue vigente. La autoridad monetaria dejó claro en febrero de 2019 que entiende que limitar en exceso el uso de billetes o favorecer su desaparición perjudicaría a los colectivos sociales más vulnerables, como los ancianos, inmigrantes y habitantes de las zonas rurales.
En una carta firmada expresidente del BCE, Mario Draghi se advierte de que acabar con el efectivo podría ser un problema cuando hubiera fallos en “las infraestructuras técnicas subyacentes utilizadas por los proveedores de servicios de pago”, es decir, problemas de suministro eléctrico o de la red de Internet.
También deja claro que “el efectivo es apreciado como un instrumento de pago porque es aceptado por todos, es rápido y facilita el control sobre el gasto del pagador. Además, es el único medio de pago que permite a los ciudadanos transacciones líquidas e instantáneas sin tener que pagar tarifas por su uso”. De esta forma hace alusión a que el uso de las tarjetas por parte de los ciudadanos permitiría a los bancos establecer comisiones imposibles de eludir si se hace obligatorio el uso de las transacciones electrónicas.
