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Bandesal se ha negado dos veces a brindar información sobre los negocios con BTC del gobierno.
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El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador gestiona un fideicomiso de BTC desde 2021.
El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal) negó una nueva solicitud del organismo anticorrupción de ese país en la que solicitan información sobre las operaciones de compraventa de bitcoin (BTC) realizadas por el gobierno de Nayib Bukele.
La denuncia la hizo la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de El Salvador (ALAC) la noche del domingo 30 de octubre en su cuenta de Twitter. Según esa entidad, la institución bancaria se ha negado en dos oportunidades a proveer la información requerida.
La comunicación de Bandesal, firmada y sellada por el jefe de la Oficina de Información Suplente del banco, establece que la información relacionada con la compra de bitcoins por parte del gobierno «tiene el carácter de reservada».
La anterior clasificación impide al banco proporcionar los datos que requieren desde la oficina anticorrupción. En ese sentido, Bandesal alega que la denegación de la solicitud tiene la finalidad de «salvaguardar los intereses del banco y demás partes involucradas».
El Banco de Desarrollo de la República de El Salvador ha estado jugando un papel notable en la política de Bukele sobre bitcoin. Tanto, que esta institución fue la escogida por la Asamblea Legislativa para la creación de un fondo fiduciario de USD 150 millones.
El objetivo del fondo es asumir el riesgo que pudiesen correr los ciudadanos salvadoreños cuando operan con bitcoin, dada su volatilidad. Con este dinero también se otorgó a los ciudadanos un bono de USD 30 en bitcoin, como una forma de incentivar su uso, tal como lo reportó CriptoNoticias.
Según ALAC, la primera negativa de Bandesal a proporcionar información fue hace un año. En ese entonces, la oficina denunció que la institución financiera denegó la información sobre el proceso de contratación de los servicios de Chivo Wallet para implementar BTC en el fideicomiso arriba mencionado.
¿Qué información requiere la ALAC?
La propia nota de Bandesal muestra cuáles son los datos requeridos por al ALAC, de cara a su labor anticorrupción.
En términos generales el organismo quiere saber cuáles son los movimientos que ha hecho el gobierno de Bukele relacionados con la compra de BTC. En detalle requiere información sobre la gestión de los activos bajo custodia del gobierno, así como de las transacciones con BTC.
Al mismo tiempo, solicitan conocer las actas donde el consejo que rige el fideicomiso aprueba las negociaciones con bitcoin.
Piden también conocer el saldo actual en BTC de estas cuentas, además de su valor en dólares. Los requerimientos incluyen saber cuáles son las direcciones de los monederos de criptomonedas que usa el gobierno de Bukele para comprar y holdear los BTC y los exchanges involucrados en el proceso.
A eso lo anterior se añade el monto de fondos públicos que el gobierno salvadoreño ha destinado para la adquisición de bitcoins, y las direcciones de las wallets asociadas al mantenimiento y funcionamiento de la plataforma de la Chivo.
Por último, la ALAC solicitó una lista de contratistas extranjeros, incluidas empresas e individuos, «que el gobierno ha pagado por proyectos relacionados con bitcoin en el último año».
De acuerdo con la prensa local del país centroamericano, el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador no es el único organismo estatal que se ha negado a brindar información sobre el manejo de fondos públicos para negociar con BTC.
De hecho, señalan que la Casa Presidencial, el Ministerio de Economía, de Hacienda, el Banco Central y el Congreso, tampoco quieren informar sobre los movimientos con bitcoin.
