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Seis millones de usuarios buscan refugio en Bitcoin y USDT ante la incertidumbre económica.
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Existe una contradicción entre la agilidad fiscal de la DIAN y el vacío legal en el Congreso.
Mientras los parlantes de campaña retumban en las calles de Colombia con promesas de seguridad y reformas sociales, millones de ciudadanos toman decisiones financieras alternativas de forma silenciosa. Lo hacen lejos de las urnas electorales y a través de las pantallas de sus teléfonos móviles.
El próximo 21 de junio de 2026, el país definirá su rumbo político en un balotaje de máxima polarización entre el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien lideró la primera vuelta con el 43,74% de los sufragios, y el senador izquierdista Iván Cepeda, que obtuvo el 40,90%.
Sin embargo, detrás de la intensa carrera por la presidencia, avanza una transformación económica que parece marchar al margen de los discursos electorales.
Esta tendencia ha convertido a Colombia en el quinto mercado de bitcoin (BTC) y criptomonedas más grande de América Latina. Lejos de ser un terreno exclusivo para especialistas tecnológicos, el uso de redes descentralizadas se ha extendido como una herramienta financiera común.
Como ya lo informó CriptoNoticias, entre julio de 2024 y junio de 2025 se movilizaron en el país cerca de USD 44.200 millones en este tipo de transacciones.
En la actualidad, unos seis millones de personas, casi una octava parte de la población, recurren a estos canales para proteger sus ahorros frente a la devaluación, realizar inversiones, enviar remesas o procesar pagos, de acuerdo con los registros de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.
La masificación de estas plataformas pone de manifiesto una paradoja en las prioridades del electorado. Por un lado, el ciudadano que acude a votar busca estabilidad ante un panorama macroeconómico complejo, condicionado por una elevada deuda pública y un déficit fiscal del 6,4% del PIB.
Por otro lado, mientras el debate político oscila entre la propuesta de seguridad estricta y megacárceles de De la Espriella y la continuidad de los subsidios estatales de Cepeda, en la práctica diaria muchos usuarios prefieren confiar su patrimonio a la autonomía que ofrece bitcoin y la dolarización mediante el uso de USDT, la stablecoin de Tether. Es una forma de buscar certidumbre fuera de los canales institucionales tradicionales.
El rastro de las criptomonedas en Colombia bajo la lupa fiscal
Esta búsqueda de autonomía, sin embargo, lleva tiempo cruzándose con los mecanismos de control estatal. Aunque muchos usuarios asumen que sus movimientos en el entorno digital son invisibles, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mantiene los criptoactivos bajo su lupa desde 2021.
Mediante la llamada «información exógena», la autoridad tributaria cruza de forma sistemática los datos de bancos, notarías y empresas de comercio para rastrear la actividad de los contribuyentes.
El impacto de este ecosistema de vigilancia se ha profundizado este año con la aplicación de la Resolución 000240 de 2025, la cual adapta los estándares internacionales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) para obligar a las plataformas de intercambio (exchanges) a reportar las identidades y los movimientos de sus clientes.
Para el usuario de a pie, esto se traduce en una realidad inmediata y, a menudo, sorpresiva. Quienes comercializan activos digitales en mercados entre pares (P2P) utilizando sus cuentas bancarias personales para recibir o enviar pesos colombianos, dejan un rastro financiero imborrable. Para la DIAN, lo que importa es el volumen total de dinero que entra y sale de esas cuentas.
De este modo, un ciudadano que mueva capital constantemente para cambiar USDT puede superar fácilmente los topes legales de consignación y verse obligado a declarar el impuesto sobre la renta, independientemente de si sus ganancias reales fueron millonarias o inexistentes. Omitir estos reportes o cometer errores en la declaración expone a los usuarios a sanciones gravosas que pueden superar el valor del impuesto adeudado.
El vacío de las criptomonedas que encara el presidente de Colombia
No obsante, aquí se genera una contradicción regulatoria porque mientras el Estado avanza con agilidad en la fiscalización tributaria de las transacciones centralizadas, el Congreso mantiene congelados los proyectos de ley. El último de ellos estancado en marzo de 2026, pretende otorgar un marco de protección legal a los usuarios frente a posibles fraudes o quiebras operativas.
El escenario plantea un dilema claro entre la supervisión institucional y la privacidad del individuo. Por ejemplo, para una economía familiar que depende de fondos del extranjero o para un comerciante independiente, el uso de estos activos digitales representa una alternativa de libre elección y agilidad.
Para las autoridades financieras, en cambio, constituye un flujo de capitales difícil de registrar en un momento de urgencia presupuestaria. De este modo, la administración entrante asumirá la gestión de un mercado de enormes proporciones que ya tributa, pero cuyo estatus legal definitivo sigue sin resolverse en el parlamento.
La llegada del nuevo gobierno tras el 21 de junio forzará una definición política con implicaciones directas en el bolsillo de los ciudadanos. El mandatario electo tomará posesión de su cargo el 7 de agosto de 2026 ante el Congreso de la República, recibiendo la banda presidencial para dar inicio al período constitucional 2026-2030. Desde ese mismo día, la próxima administración no podrá ignorar un volumen transaccional de más de USD 44.000 millones anuales.
Si el mandatario electo opta por endurecer las cargas impositivas con un fin estrictamente recaudatorio para paliar el déficit del 6,4%, provocará un incentivo inmediato para que los usuarios migren hacia plataformas extranjeras o canales informales, volviendo el mercado invisible otra vez.
El verdadero desafío para el próximo ocupante de la Casa de Nariño será comprender que los activos digitales tienen gran relevancia, de facto, en el orden financiero de millones de colombianos. Y ellos exigen reglas claras de protección, y no solo herramientas de fiscalización.
