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Algunos la ven como una alternativa para suscripciones y compras globales.
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Arraez advierte que operar a la tasa del BCV puede hacerla costosa en el país.
Más del 50% de los venezolanos económicamente activos ya conoce las criptomonedas. Menos del 5% tiene cuenta en el exterior. En ese abismo, Binance quiere meter una tarjeta de débito. El pasado 20 de julio, su filial latinoamericana publicó en X un mensaje críptico: «Escuchamos. Trabajamos. Ya casi».
En cuestión de horas, la posible llegada del instrumento encendió las conversaciones sobre activos digitales en el país, mientras fuentes del sector confirmaron en exclusiva a CriptoNoticias preparativos para un eventual despliegue durante el segundo semestre de 2026.
Sin embargo, el alcance real de esta herramienta divide a analistas y entusiastas. Unos ven una vía directa para la inclusión financiera global. Otros señalan que la brecha cambiaria y las trabas normativas limitarán su utilidad.
Pagar con criptomonedas: la promesa que seduce
Alexis Valera, analista del ecosistema digital, coincide en que la adopción es un hecho cotidiano. A su juicio, el mayor atractivo del plástico sería la inmediatez en el consumo diario. Por ejemplo, al usarla se podría pagar directamente en comercios que hoy no aceptan criptomonedas de manera directa, sin necesidad de vender criptoactivos previamente a través de plataformas P2P. De igual manera le permitiría acceder a programas de incentivos (cashback).
Por su parte, Juan José Martínez, educador sobre activos digitales en el país, ve en la tarjeta una oportunidad histórica. Su diagnóstico es que el problema de fondo no es el acceso al sistema financiero formal, sino la desconexión del comercio global.
Uno de los grandes problemas que tenemos los venezolanos es que estamos muy desconectados del mundo financiero internacional. Esta tarjeta combina dos realidades como la conexión internacional y la adopción de criptomonedas que ya existe en el país. Por eso, nos va a ayudar porque nos permite suscribir servicios internacionales, conectarnos a distintas plataformas y no tener que puentear tantas cosas para simplemente tener una cuenta de Netflix.
Juan José Martinez.
Este optimismo, sin embargo, choca con la realidad del consumo diario dentro de Venezuela. Y es precisamente allí donde el análisis se vuelve más riguroso.
«Puede ser muy, muy costoso»
Daniel Arraez, economista venezolano, califica la herramienta como un producto enfocado estrictamente en un «mercado de nicho» . Su análisis parte de reconocer la influencia de la plataforma en el país: «hay una tasa de cambio no oficial que llamamos ‘tasa Binance’ y que maneja el grueso de las operaciones que se usan en el país».
No obstante, advierte que el uso de un plástico en el comercio local enfrenta un dilema estructural. El mecanismo operativo de estas tarjetas convierte automáticamente los saldos en criptoactivos (como USDT) a bolívares al momento de procesar la compra en el punto de venta. Justamente en esa conversión reside el principal escollo.
Para aquellos usuarios que tengan acceso a la tarjeta Binance, no hay mucha diferencia para quien tenga una Wally o Zinli, que son tarjetas que existen dentro del mercado venezolano. Con una economía con precios artificialmente inflados por los comerciantes para jugar con el diferencial cambiario, al momento de que usen bolívares para adquirir divisas, el uso de una tarjeta Binance va a ser muy, muy costoso para el consumidor.
Daniel Arraez.
Si el comercio fija sus precios con márgenes basados en el mercado no oficial, pero la tarjeta liquida a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, el consumidor asume una pérdida neta de poder adquisitivo en cada transacción.
Para Arraez, una verdadera ventaja para el usuario venezolano solo se lograría si Binance obtiene una licencia regulatoria formal como exchange operando bajo el amparo de la Sunacrip.
Esa licencia permitiría a la empresa integrarse formalmente con la banca nacional y ofrecer marcos contables claros. Con ello, las personas y empresas podrían justificar de forma legal, fiscal y contable sus intercambios de activos digitales ante los organismos tributarios. Sin embargo, el economista advierte sobre el reverso de esa posibilidad:
El acceso de las autoridades a esa data contable y fiscal, como ha ocurrido en España o Estados Unidos, podría poner en riesgo la privacidad y la seguridad contable de muchos usuarios. Por eso me mantengo escéptico sobre la utilidad real que tenga.
Daniel Arraez.
¿Para qué servirá realmente la tarjeta de Binance?
En el ámbito técnico, la operatividad en puntos de venta venezolanos exige alianzas con procesadores de pago autorizados por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) .
Esa exigencia técnica es precisamente lo que lleva a Orlando Sevilla, profesor de economía financiera digital, a sostener que el valor real del plástico no estará en el consumo doméstico, sino en el transfronterizo.
Según Sevilla, el mercado interno ya resolvió el pago con activos digitales a través del comercio P2P o de integraciones con licencia local como Crixto, una fintech venezolana que, desde agosto de 2025, permite pagar con USDT (stablecoin emitida por Tether) a través de Binance Pay en comercios del país y que sí cuenta con licencia de la Sunacrip.
Para el mercado nacional, el usuario ya paga mediante códigos QR o transferencias directas en USDT. El verdadero valor agregado de una tarjeta Binance estará en la capacidad de importar repuestos, pagar herramientas de trabajo en Amazon o cancelar servicios en el exterior sin depender de un banco internacional.
Orlando Sevilla.
A esto se suma el factor regulatorio y de privacidad, tomando en cuenta que el uso de la tarjeta exige un proceso de verificación de identidad (KYC). Pero cabe señalar que ese requisito no es nuevo para los usuarios de Binance. La plataforma ya lo requiere para operar en su ecosistema P2P.
La tarjeta está pensada, precisamente, para esa base de usuarios ya registrados y verificados. El segmento que opera completamente al margen de la supervisión bancaria, utilizando soluciones informales o descentralizadas, no es el mercado objetivo del plástico.
Tanto Arraez como Valera coinciden en que el mayor obstáculo no es tecnológico, sino institucional. Implementar una tarjeta extranjera exige alianzas con procesadores o bancos locales autorizados por SUDEBAN para liquidar en bolívares. Y cualquier cambio en las políticas de fiscalización tributaria o bancaria podría afectar la operatividad del instrumento.
En un país donde la tasa de cambio se fragmenta en varios mercados y la regulación cambia con rapidez, hasta la mejor herramienta financiera corre el riesgo de convertirse en un plástico más en la cartera. O, por el contrario, en la llave que termine de conectar a millones de venezolanos con el comercio global. El tiempo y la letra pequeña dictarán la sentencia.
