«Solo 3 de cada 100 estudiantes usan Bitcoin en Panamá»: la trampa de la teoría

En el auditorio del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) en Panamá, más de cien estudiantes de ingeniería y sistemas escuchaban a Rodrigo Icaza. Lleva años difundiendo las bases de Bitcoin (BTC) en aulas universitarias, pero al lanzar su pregunta clave: «¿cuántos de ustedes usan bitcoin o alguna criptomoneda?», solo tres personas levantaron la mano.

«Hemos estado trabajando con estudiantes universitarios porque las nuevas generaciones son más abiertas a estos temas. Pueden usarlos de manera mucho más dinámica que generaciones mayores, para quienes el tema cripto, blockchain y Web3 todavía resulta ajeno», explicó Icaza.

Sin embargo, en la práctica, la enseñanza parecer no calar en los estudiantes. El punto de quiebre llega cuando la teoría debe convertirse en acción. Al repetir el ejercicio en distintas universidades, el resultado fue idéntico: muchos conocen bitcoin y las criptomoendas, pero casi nadie las usa.

—¿A qué crees que se debe esa desconexión entre la teoría y la práctica?

—Yo creo que la tecnología no se ha entendido en su magnitud. Mucha gente cree que las criptomonedas son solo trading, comprar y vender. Pero cuando les digo que facturo el 50% en dólares y el 50% en bitcoin, las personas me preguntan dónde está la evasión.

Esa reacción refleja una de las barreras más persistentes como es la asociación automática entre activos digitales y actividades ilícitas. Facturar en bitcoin sigue viéndose como un intento de evasión fiscal.

Les digo que no estamos hablando de evasión, sino de una herramienta financiera que, bien usada, es más transparente que el sistema tradicional. La blockchain es un libro contable público y auditable. La evasión es posible en cualquier sistema, pero eso no significa que la tecnología en sí misma lo sea.

Rodrigo Icaza.

Pero ese prejuicio, advierte Icaza, no es el único obstáculo. Hay otro, quizás más profundo: el de una regulación que se construye sobre el desconocimiento.

El gran reto: de la teoría a la práctica

La conversación con Rodrigo Icaza deja una sensación ambivalente. Por un lado, hay conciencia, hay interés, hay jóvenes dispuestos a aprender. Por otro, hay una brecha profunda entre el saber y el hacer, una regulación basada en prejuicios y una transformación digital que no termina de llegar.

El prejuicio que Icaza describe frena especialmente a los jóvenes. Mientras en países como Estados Unidos los estudiantes universitarios ya ven los activos digitales como herramientas legítimas, en Panamá la sospecha sigue siendo la norma. La pregunta es: ¿por qué?

—¿Por qué crees que en Panamá el prejuicio persiste con tanta fuerza entre los jóvenes?

—Porque aquí el Estado no ha hecho su tarea. No ha educado, no ha regulado con criterio, no ha dado certezas. El vacío lo llena el miedo. Y el miedo, en este caso, es que bitcoin es evasión, que es delito, que es para criminales. Mientras eso no cambie, los jóvenes van a seguir escuchando pero no usando.

—Si tuvieras que resumir en una frase el principal desafío para la adopción de criptomonedas en Panamá, ¿cuál sería?

—Pasar del «he oído» al «lo uso». Y para eso, necesitamos desmontar los prejuicios. Facturar en Bitcoin no es evasión. Usar criptomonedas no es delito. Es una herramienta financiera más, con todas las ventajas y riesgos que eso implica. Pero mientras sigamos viéndola como una amenaza, seguiremos atrapados en la teoría, sin dar el salto a la práctica.

El costo de regular sin entender

Al hablar sobre la regulación de criptomonedas, Icaza es crítico con el enfoque que se está tomando en la región. Panamá, dice, está a punto de cometer el error de regular lo que no entiende.

Creemos que conocemos bitcoin y cripto, y que por eso podemos regularlo. Pero la realidad es que el conocimiento es limitado. Se piensa que Bitcoin es solo comprar y vender, y se construyen leyes sobre esa base frágil. Eso es peligroso.

Rodrigo Icaza.

—¿Qué es lo que debería estar sobre la mesa antes de cualquier regulación?

—Entender la tecnología. No solo su funcionamiento técnico, sino su potencial transformador. Cuando un regulador entiende que Bitcoin puede ser una herramienta de inclusión financiera, que permite transferencias sin intermediarios, que reduce costos y tiempos, el enfoque regulatorio cambia. Pero si solo se ve como una amenaza, el resultado es una regulación restrictiva que ahoga la innovación.

Icaza no solo critica; también está en el centro de la solución. La Cámara Digital y Blockchain de Panamá, que él preside, agrupa a los principales actores del sector y actúa como interlocutor clave ante el gobierno.

La organización acaba de anunciar que el país se prepara para regular a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, de cara a la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que comenzará en agosto de 2027.

El reto, dice, es construir un marco que prevenga delitos financieros sin sofocar la innovación. El objetivo es alinear la regulación con estándares internacionales. El mecanismo apunta a un nuevo proyecto de ley que se presentará en los próximos meses, con discusión abierta entre todos los actores interesados.

—¿Y cuándo veremos avances concretos en esa dirección?

—Se espera que en los próximos meses se presente un nuevo proyecto de ley en la Asamblea Nacional de Diputados. Y lo importante es que sea discutido por todos los actores interesados, tanto del sector privado como del sector público. No puede ser una ley escrita en un escritorio sin escuchar a quienes estamos en el día a día de la industria.

—¿Confía en que esta vez el enfoque será diferente?

—La diferencia estará en el diálogo. Si logramos que los reguladores entiendan la tecnología antes de regularla, podremos construir un marco que proteja sin sofocar. Pero si repetimos el error de legislar desde el miedo y el desconocimiento, estaremos condenando a Panamá a quedarse atrás en una carrera que ya está en marcha. La evaluación del GAFI es una oportunidad, no una amenaza. Depende de nosotros aprovecharla.

La adopción también se regula

Lo que demuestra esta conversación es que la adopción de Bitcoin en Panamá no es solo un desafío pedagógico, sino un asunto de diseño institucional. Las herramientas financieras no se consolidan en el vacío; progresan o se estancan según las reglas del ecosistema que las acoge.

Si el marco legal se construye desde el miedo o el desconocimiento técnico, Panamá corre el riesgo de repetir errores del pasado en la región, como cuando Bolivia intentó prohibir el uso de bitcoin y criptomonedas mediante resolución bancaria, un bloqueo que no frenó su adopción, sino que eliminó las garantías para la gente y terminó siendo revertido, como lo ha venido informando CriptoNoticias.

Si, por el contrario, se apuesta por la integración y la claridad jurídica, el país podrá apalancar su economía dolarizada para convertirse en un verdadero hub financiero. El reto no recae únicamente en los jóvenes que deben pasar de la teoría a la práctica, sino en los reguladores que deben entender la tecnología antes de normarla.