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La norma busca transformar la ciberseguridad ofensiva integrando tecnología y velocidad privada.
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Promete protección, pero arriesga congelar fondos y vulnerar la privacidad de usuarios inocentes.
La Casa Blanca abrió un nuevo frente en la guerra del siglo XXI. El miércoles 12 de agosto de 2026, el presidente Donald Trump firmó un memorando que convierte a las empresas tecnológicas seleccionadas en el brazo armado digital del Estado.
Al ser calificadas estas empresas de Silcon Valley, tendrán el poder legal de hackear, interrumpir y desmantelar infraestructuras consideradas como enemigas en la red. Esto, en una alianza sin precedentes supervisada por las agencias federales.
La medida es la demostración de que el Estado, por sí solo, ya no puede competir con la velocidad del crimen digital que en la actualidad actúa con herramientas de Inteligencia Artificial.
La solución elegida tiene nombre propio. Es el de las contratistas armadas con capacidad de vigilancia y ataque, todo ello bajo un esquema de supervisión que promete control, pero genera dudas razonables.
El objetivo declarado es desmantelar organizaciones criminales transnacionales. Pero el campo de batalla es el mismo donde operan Bitcoin, Monero y los servicios de mezcla de activos digitales que facilitan el anonimato.
El hilo invisible con tu wallet de bitcoin y criptomonedas
El memorando no menciona explícitamente a Bitcoin. Sin embargo, se apoya en la Orden Ejecutiva 14390 y en la Estrategia Cibernética de Estados Unidos. Ambas normas exigen blindar las redes de activos digitales frente a sabotajes externos, al tiempo que ordenan rastrear e intervenir los flujos financieros que nutren al cibercrimen.
La maquinaria ya está en marcha. Firmas como Chainalysis, Blockseer, CipherTrace y Elliptic analizan la cadena de bloques para monitorear la información pública y colaborar con los gobiernos, aunque los estudios demuestran que menos del 1% del valor movido en criptomonedas proviene de delitos.
Sin embargo, en junio de este año, el Centro Nacional de Coordinación adjudicó un contrato a la firma TRM Labs para seguir la huella de transacciones sospechosas en tiempo real.
De esa manera queda claro que el gobierno no improvisa, construye una red de vigilancia y respuesta rápida donde las empresas privadas operan como el brazo ejecutor sobre las redes de criptomonedas.
Tres frentes de impacto directo en las criptomonedas
El ingreso de contratistas privados al ciberespacio transformará el ecosistema de los activos digitales. Es la consecuencia de cruzar las facultades del nuevo memorando con los antecedentes operativos del gobierno y la arquitectura técnica de las redes descentralizadas.
- Incautaciones a escala industrial: la Operación Blackout ya demostró que las agencias federales pueden congelar más de 15.000 millones de dólares y cerrar cientos de plataformas fraudulentas.
Al sumar el poder de cómputo y el personal de firmas especializadas como TRM Labs, el Estado toma impulso sobre su capacidad de procesamiento. El resultado es una multiplicación inédita de la velocidad para rastrear y decomisar fondos.
- Cerco a las herramientas de privacidad: el memorando autoriza expresamente a las empresas contratistas a realizar «Operaciones de Efectos Cibernéticos». Esto incluye la manipulación, interrupción, degradación o destrucción de sistemas de información, redes e infraestructura.
Esta facultad, combinada con la capacidad técnica de firmas de analítica de cadenas de bloques, abre la puerta a acciones directas contra los servidores y nodos que sostienen servicios de mezcla (mixers) y criptomonedas centradas en el anonimato, como Monero.
De tal manera que el gobierno no necesita una nueva ley. El memorando le proporciona el brazo ejecutor para asfixiar la infraestructura operativa de estas herramientas.
- El riesgo real de daños colaterales: el propio documento oficial reconoce la posibilidad de afectar por error a ciudadanos o sistemas estadounidenses.
En la Sección 3(X) del memorando, establece que si una empresa descubre que está atacando sin querer a una persona estadounidense, un sistema en EE.UU. o un sistema bajo control de un estadounidense, debe cesar la operación de inmediato, aplicar protocolos de minimización y notificar al NCC, que, a su vez, informará al Departamento de Justicia.
Sin embargo, en redes donde los contratos inteligentes y los fondos de miles de usuarios están interconectados, la interrupción de un objetivo criminal conlleva el peligro técnico de congelar o afectar activos de usuarios legítimos, como lo documentó la firma de investigación Galaxy Digital. El memorando establece el procedimiento, pero no garantiza que el daño colateral pueda evitarse por completo.
60 días para saber si el remedio es peor
El gobierno tiene 60 días para publicar los procedimientos operativos y 180 días para su primer informe de evaluación. En ese periodo se definirán los límites de la acción privada y las salvaguardas para los usuarios del ecosistema digital.
Para los propietarios de criptomonedas, estadounidenses y globales, estas fechas son el cronómetro que marcará hasta dónde llega el poder de intervención del sector privado y, sobre todo, cómo se garantiza que la lucha contra el crimen no convierta a los inocentes en daños colaterales.
La privatización de la ciberseguridad ofensiva marca el inicio de una etapa inédita en la red. El gobierno ha decidido que, para ganar la guerra del ciberespacio, necesita reclutar al sector privado como soldado. Sin embargo, queda por ver en los próximos meses si el precio de esa alianza incluirá la privacidad de los usuarios legítimos de bitcoin y otros activos digitales.
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